En los terrenos por los que ahora serpentea la carretera que une el túnel de Tenoya con el barrio de Lomo la Viuda, en la isla de Gran Canaria, se proyectó hace aproximadamente una década una explotación de cultivos ecológicos. Los propietarios de la finca número 68, herederos de Tovar, se propusieron implantar en ese lugar un sistema de producción que cumpliera los estándares de certificación del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica (CRAE). El periodo de conversión de la parcela, dedicada históricamente al cultivo del plátano y del tomate y a la elaboración de quesos, era de cinco años.
Las obras de la IV Fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria y un compromiso político con los vecinos de Tenoya acabaron truncando esos planes. En la actualidad, la finca, partida en dos por la carretera de Lomo la Viuda, abierta al tráfico el 11 de septiembre, es la imagen del abandono. Las puertas y ventanas del caserío están tapiadas; el estanque, vacío; los alpendres, destrozados, y las tierras de cultivo, salpicadas de escombros. Delia Tovar, una de las propietarias, responsabiliza al Gobierno canario de la situación y reclama a Obras Públicas que cumpla sus compromisos y cierre de forma cautelar la vía hasta que se reparen los desperfectos ocasionados tras ocho años de ocupación temporal.
El Ejecutivo regional expropió en 2009 parte de la finca, unos 6.000 de sus 40.000 metros cuadrados, para levantar en ellos los pilares que sostienen, a su paso por Tenoya, la carretera de la IV Fase de la Circunvalación, abierta en agosto de 2016 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria y en noviembre en el tramo Las Mesas-Arucas.
A cambio de una indemnización, los propietarios firmaron además un acuerdo para ceder temporalmente el resto de la finca para que operarios, vehículos y maquinaria pudieran acceder a la zona durante su construcción. Para ello se habilitó un vial complementario que partió la parcela en dos. En un principio se concibió como un desvío provisional a las obras de la IV Fase. Sin embargo, los vecinos de Lomo La Viuda solicitaron al Ayuntamiento la apertura al tráfico de ese camino para mejorar la conectividad con la parte alta de Tenoya y el Ejecutivo regional asumió el compromiso, aunque la falta de fondos y un reformado demoraron cinco años su puesta en funcionamiento, prevista para 2012.
El 11 de septiembre, sin corte de cinta ni foto de autoridades, se abrió definitivamente la carretera de acceso a Lomo La Viuda por la vía de urgencia. Ese mismo día y mediante una nota difundida por su departamento de prensa, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, presumía de haber dado respuesta a una demanda vecinal y de haber resuelto un problema que “los trámites administrativos y de seguridad” habían retrasado.
Delia Tovar se enteró a través de la prensa. Un día después de la apertura, remitió sendos escritos a los servicios de Expropiaciones y Carreteras de la Consejería en los que expresaba su total desacuerdo con la decisión. En estas reclamaciones pedía el cierre cautelar de la carretera. Sostiene que ni se ha culminado el expediente de expropiación y ocupación temporal de la finca ni los propietarios han firmado la entrega de la parcela. Tovar recuerda que estos procesos no finalizan con el pago del justiprecio por la expropiación y de la indemnización pactada por la cesión de los terrenos, cantidades que finalmente se abonaron con un retraso de años (en 2015 una parte y en agosto de 2017 la otra). La legislación estipula que la administración debe devolver la finca a su estado originario una vez finalice la ocupación temporal.
Según la propietaria, Obras Públicas no ha culminado las actuaciones que se comprometió a acometer para restaurar la finca y devolverla, en la medida de lo posible, a su estado original. La parcela está hoy perimetrada por una fina verja de alambre. La entrada, que antes de la ocupación temporal se situaba a la salida del túnel de Tenoya, se localiza hoy en un pequeño arrimadero en uno de los márgenes de la carretera a Lomo La Viuda. Otra verja metálica, fácilmente franqueable por un lateral, hace de puerta. La rampa para los vehículos está pegada a la vivienda, a pesar de que en los planos proyectados se situaba a una prudencial distancia. Un muro de unos dos metros de altura se levanta a la altura del caserío, que ha quedado prácticamente en ruinas. Durante los trabajos de construcción de la carretera, dos okupas se asentaron, en diferentes épocas, en la finca. Uno de ellos incluso montó allí una empresa de equitación y el inmueble sufrió un incendio.
Entre otras actuaciones, Delia Tovar reclama que se acondicione la vivienda y la zona de aparcamiento en los términos pactados; que se refuerce el vallado de la carretera; que se repongan las fosas sépticas destrozadas durante la ocupación; que se techen los alpendres; que se recupere la conexión entre el estanque ubicado en el talud superior y el depósito de la parte inferior, hoy lleno de escombros y basura; que se aporte tierra vegetal en la zona de cultivo y se retire todo el material de desecho resultante de la obra; que se adopten medidas de protección acústica; que se impida el aparcamiento de vehículos dentro de la finca o que se desaloje a un vecino que ocupa y explota sin consentimiento una parte de la parcela.
“De una finca preciosa, han dejado una porquería, me la han destrozado. Es un nido de ratas. Lo que pido es que se repare o que se expropie toda si no sirve para nada”, asevera la propietaria, que dice no entender las urgencias del Gobierno de Canarias para abrir una carretera que permaneció cerrada cinco años por falta de fondos para un reformado. Aunque al principio fue uno de los argumentos para mantenerla en funcionamiento, la vía no permite la subida hasta el cementerio de Tenoya, ya que se desvía a mitad de su recorrido. El carril hacia el camposanto es sólo de bajada. El tránsito de vehículos por esta carretera es, de momento, muy limitado. Tres días depués de la apertura, en un intervalo de una hora y media apenas se pudieron contabilizar una decena de vehículos.
Delia Tovar ha solicitado el expediente completo de expropiación y ocupación temporal de la parcela, así como el escrito razonado por el que Obras Públicas decidió abrir la carretera sin que los propietarios hubieran firmado la entrega de la finca. De momento le han proporcionado una parte del expediente, el correspondiente a Expropiaciones, un servicio que, según sostiene, cuenta con un responsable, su secretario general técnico, “mucho más receptivo” que el director general de Carreteras, al que le atribuye no sólo “desidia” a la hora de solventar los desperfectos, sino también “soberbia” por haber permitido la apertura de la carretera al poco tiempo de reunirse con ella y sin habérselo comunicado. La propietaria se plantea llevar este “atropello” a los tribunales.
La Consejeria de Obras Públicas del Gobierno de Canarias considera que ha cumplido con la legalidad y ha abonado a la propietaria “la indemnización que le correspondía por el terreno expropiado tras lograr un acuerdo”. El Ejecutivo defiende que ha atentido sus peticiones “en varias ocasiones” y que incluso “se han rectificado determinadas actuaciones dando respuesta a las diferentes solicitudes cursadas” por los titulares de la finca.