La trama montada en torno al concurso de ambulancias durante la etapa de gobierno CC-PP (2007-2010) se cae en los juzgados por su propio peso. Otra sentencia conocida este martes viene a anular el concurso público de ambulancias diseñado en 2008 durante el mandato de Mercedes Roldós (PP) al frente de Sanidad y de José Miguel Ruano (CC) en Presidencia, los máximos responsables de la empresa GSC, con el subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Las Palmas, el comisario Luis Molina, entonces como gerente de la mercantil.
Esta vez ha sido el Juzgado Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria el que ha fallado a favor de la asociación de transportistas sanitarios Artea, en su recurso contra la adjudicación provisional, de octubre de 2008, de los diferentes lotes en los que se dividía este concurso, a punto de vencer este mismo año, y sobre el que pesan ya al menos otros tres pronunciamientos judiciales en contra, por irregularidades de todo tipo.
La magistrada Sagrario Tovar de la Fé anula en su sentencia la adjudicación de estos lotes de cuentías millonarias -la totalidad del concurso de ambulancias, para el periodo 2008-2013, ascendía en su licitación a más de 250 millones de euros- por la lógica jurídica de haber ya quedado evidenciado la nulidad del mismo en sentencias anteriores en las que se destapó que Gestión de los Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias, la empresa pública del 1-1-2, elaboró irregulamente tanto las mesas de contratación como técnica.
Además, de nuevo ha salido a relucir, en esta sentencia del 31 de julio pasado, que GSC le facilitó a una mercantil sin solvencia económica y financiera ni experiencia previa en el sector como para demostrar su aptitud técnica y profesional, Iniscan Transportes Sanitarios, participar en el concurso y ganar incluso alguno de los lotes que viene ejecutando desde entonces y hasta la fecha, sin que estas sentencias anteriores hayan llevado al Gobierno a rescatar el servicio asignado. Desde la Comunidad siempre se ha mantenido la política jurídíca de recurrir judicialmente hasta donde haga falta.
Otro de las irregularidades de Gestión Sanitaria en el concurso de ambulancias ha sido, en este caso en el lote de La Palma, permitir a una empresa, finalmente ganadora. Ambulancias García Tacoronte SL, corregir defectos en el aval presentado sin que la misma gracia le haya sido concedido a su contricante en ese concurso, Transportes Sanitarios de La Palma, que ya ganó su recurso correspondiente en enero pasado, y al que hace referencia esta sentencia.
Con todo el bagaje judicial previo generado por la trama de las ambulancias en Canarias, la juez ha desestimado la pretensión de Manuel Guerra Castellano SL de ser indeminizada con el 1% del total de los presupuestos de licitación. Fuentes del sector han explicado que todo el proceso contencioso abierto contra la Comunidad Autónoma por el caso ambulancias, de llegar a buen puerto por parte de las empresas demandantes, alcanzaría un coste de 20 millones de euros en indemnizaciones.