La primera vez que Canarias compró material de protección contra el coronavirus por vía de urgencia fue el 4 de febrero de 2020. Lo hizo la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, que adquirió 1.004 unidades de mascarillas FPP2 de la empresa Valsons Traders Exportaciones por un valor de 1.405 euros. Después llegó el gel desinfectante al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, que gastó 2.750 euros por un litro del famoso líquido antiséptico el 3 de marzo del año pasado. Y a continuación la fiebre de las pruebas diagnósticas. El Servicio Canario de Salud (SCS) adjudicó a ACJ un contrato de 795.000 euros por el suministro de 50.000 test PCR el 23 de marzo. Según los datos recabados por la Fundación Ciudadana Civio en el Portal de Contratos del Sector Público y analizados por este periódico, esta empresa aglutinó el 25,7% del gasto realizado por el SCS por tramitación de emergencia en 2020.
Todo lo expuesto en el párrafo anterior son contratos de emergencia. La regulación de este sistema viene dictada en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que establece que la licitación podrá tramitarse por esta vía “cuando la administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”.
Se entiende que la pandemia es un marco concreto para ello. Pero también se entiende que los contratos por vía de urgencia son ultrarrápidos y no se formalizan mediante concurso público. Las instituciones eligen a dedo qué empresa se lleva la gestión (y el importe, claro) y lo pueden hacer mediante una simple llamada.
Canarias gastó más de 86 millones de euros así en 2020. Un total de 1908 contratos. La partida aglutina al Gobierno autonómico y resto de instituciones locales. Según un informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el Archipiélago ha reportado más gasto público de este modo que todas las comunidades juntas en 2019 y 2018.
La inversión es altísima. El mayor contrato, adjudicado a Soluciones de gestión y apoyo a empresas por un valor de casi cinco millones de euros el 5 de junio de 2020, fue para comprar dos millones de mascarillas FFP2 y KN95 destinadas a los hospitales públicos del SCS. Le siguen dos a ACJ, formalizados en casi tres y 2,25 millones respectivamente, dirigidos a comprar material sanitario contra el virus. Otro de Palex Medical, también valorado en 2,25 millones, sirvió para adquirir batas impermeables en los primeros días del Estado de Alarma, el 27 de marzo de 2020.
La pandemia no ha sido la única crisis que ha impulsado este modelo de gasto en las Islas. Más de 23.000 personas migrantes tocaron tierra en el Archipiélago en el curso anterior, lo que obligó al Ejecutivo regional a agilizar una red de acogida improvisada que se ve reflejada por la continua apertura de dispositivos de emergencia. Así lo demuestra la habilitación de un centro de atención inmediata a menores extranjeros no acompañados adjudicada a la asociación Mundo Nuevo el 30 de enero por 238.099 euros. Lo mismo ocurrió en Telde, el 11 de febrero, aunque esta vez fue la asociación Quorum Social la que se llevó el contrato por 227.500 euros.
La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud utilizó este procedimiento para facilitar alimentos a las familias más vulnerables de Canarias después del cierre de los colegios y la falta de un comedor social para los menores. También para adquirir ordenadores portátiles por la implantación de la educación online. O para aclimatar los espacios públicos al sistema de videoconferencias motivado por el teletrabajo.
Canarias desembolsó un par de millones en enero (2.720.726) y unos cientos de miles de euros en febrero (629.346 euros). Pero el gasto público de emergencia se disparó en los cuatro meses siguientes: marzo (14.910.224), abril (23.116.882), mayo (13.332.562) y junio (15.590.265). El tiempo que duró la primera ola del coronavirus en casi toda España.
A partir de entonces la inversión es menor, pero sigue alcanzando cifras nunca antes vistas. Y esto preocupa a varios organismos internacionales. La Unión Europea ha pedido a los Estados miembros que acentúen las políticas de prevención y lucha contra la corrupción en el ámbito de la contratación pública. La Estrategia Nacional de Contratación, regulada en la LCSP, también exige medidas que permitan “combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública”.
El último informe de la OIReScon señala algunos de los tipos de denuncias en materias de contratación: fraccionamiento en la adjudicación de contrato, tráfico de influencias, trato de favor a empresa, irregularidad en el pliego, sobrecoste, subcontratación, etc.
Veamos un ejemplo fuera de las Islas. Un antiguo vecino del ministro de Sanidad británico está suministrando al Gobierno de Reino Unido decenas de millones de viales para las pruebas diagnósticas de coronavirus, a pesar de no tener experiencia previa en la producción de estos productos, según reveló el periódico The Guardian el pasado mes de noviembre. La empresa de Alex Bourne, Hinpack, producía vasos de plásticos y cajas de comida para la industria de la restauración. Desde que estalló la pandemia, está distribuyendo viales médicos al Servicio Público de Sanidad (NHS, por sus siglas en inglés) a través de un distribuidor. The Guardian informó el 21 de febrero que la empresa estaba siendo investigada por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés) por acusaciones relacionadas con las normas de higiene.
Este tipo de prácticas, según explican fuentes jurídicas consultadas, se pueden multiplicar con los contratos de emergencias (más si cabe durante la pandemia), cuyas condiciones se pactan a posteriori y en muchas ocasiones ni siquiera cumplen con todos los requisitos de una licitación, derivando en cierta opacidad.
El Gobierno de Canarias gastó dos millones de euros en mascarillas FFP2, FFP3, quirúrgicas, guantes y otros artículos sanitarios en un contrato adjudicado a la empresa Innjjoo Technology el 11 de abril de 2020. Pero no se sabe el número de unidades de cada producto ni el coste unitario de todos ellos. La ley también ordena a las administraciones publicar en un máximo de 15 días la adjudicación. Sin embargo, esa transparencia llegó tarde, como denuncia Civio: la media el ejercicio anterior fue de 43 días. Un contrato adjudicado a ACJ por 1.472.750 euros se acordó el 19 de marzo de 2020. No se publicó en la Plataforma de Contratación Pública hasta el 12 de diciembre, 188 días después.
Quién vigila todo esto
El Archipiélago no cuenta con una oficina antifraude con competencia en prevención y lucha contra la corrupción en materia de contratación. La OIReScon, por su parte, recuerda el papel de la Audiencia de Cuentas de Canarias, salpicada hace menos de un año por el nombramiento a dedo como jefa contra la corrupción de la cuñada del presidente, encargada de “informar y recomendar buenas prácticas administrativas, contables y financieras como medio de prevención de la corrupción en el ámbito del sector público de la comunidad autónoma”.
En su último informe, correspondiente a las cuentas generales del Archipiélago en 2019, realiza un desglose de contratos por tipología a nivel regional y detalla que 23 de los 34 organismos autónomos no rindieron a la Audiencia de Cuentas la relación de los contratos originarios formalizados. Además, reporta que el SCS fue la entidad que más expedientes tramitó mediante procedimiento de nulidad, un total de 87.408, que sumaron 418,3 millones de euros. Pero no informa de adjudicaciones irregulares ni mala praxis, más allá de las anomalías detectadas en algunas contrataciones de Radio Televisión Canaria en 2018, como el acuerdo para subrogar a 219 trabajadores sin ningún trámite selectivo.
El Consejo Consultivo sí ha sido más duro y ha advertido, en más de doscientos dictámenes, según recoge Mírame TV, que la Consejería de Sanidad lleva más de seis años contratando suministros para los hospitales públicos de las Islas de manera irregular. La buena noticia, después de todo, es que el Tribunal de Cuentas ha aprobado fiscalizar los contratos de urgencia tramitados en 2020 para la gestión de la pandemia. Los últimos datos muestran un aumento de los recursos administrativos en el ámbito contractual en Canarias. De solo 50 en 2015, ha pasado a 154 en 2016, 169 (2017), 203 (2018) y 228 (2019). Se espera que en 2020 siga creciendo.
Cómo se hizo esta información
Los datos y la información de los contratos aparecen publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Hemos descargado todas las adjudicaciones que recabó la Fundación Civio, que ha trabajado sobre todos los contratos tramitados por emergencia en España entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre del mismo año. Después de la descarga, hemos filtrado por Canarias y el resto de entidades locales, como el Cabildo de Tenerife o Lanzarote. Hay ayuntamientos e instituciones que no figuran en la base de datos porque no cuelgan en la Plataforma del Sector Público sus licitaciones (aunque por ley deberían hacerlo). Por eso es importante recordar que esto se trata de un análisis de lo publicado, y no del 100% de los contratos.
Hemos limpiado la columna de 'Empresas' para agrupar en un mismo nombre todo el importe. Esto lo hemos hecho porque para hacer el análisis de datos no es lo mismo filtrar por 'ACJ S.A.U' que ACJ S.AU.'. Como ves, hay un punto de más, lo que haría nuestro análisis inexacto y confuso. También había algunos CIF erróneos, que hemos corregido. A partir de entonces, y con las columnas ya definidas, se ha procedido al análisis y posterior publicación de este artículo.
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