Amnistía Internacional (AI), Médicos del Mundo y CEAR han pedido al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General del Estado que “se impliquen” en la crisis del Marine I y exijan al Gobierno español que ponga fin al “limbo jurídico” en el que se encuentran los 23 inmigrantes que aún siguen en Mauritania.
En una rueda de prensa conjunta, representantes de estas tres organizaciones humanitarias recordaron que el pasado 12 de febrero, los 369 inmigrantes del Marine I desembarcaron en el puerto de Nuadibú (Mauritania).
En los meses posteriores y tras varios procesos de identificación, 346 inmigrantes fueron repatriados voluntariamente a sus países de origen, pero 23 se negaron a ser identificados y solicitaron un asilo político que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) les ha denegado.
Desde entonces, estos 23 inmigrantes siguen retenidos en un hangar en Nuadibú, custodiados por policía española, “en terreno de nadie, en un limbo jurídico y legal, en condiciones inhumanas y degradantes, y bajo presiones inaceptables” de las autoridades españolas y mauritanas, denunció el presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Ignacio Díaz de Aguilar.
En una situación así, explicó Díaz de Aguilar, España sólo tiene dos alternativas: aceptar las peticiones de asilo de estas personas o presentar cargos contra ellos pero “lo que no puede hacer en ningún caso es mantener detenidas a 23 personas sin ningún motivo que justifique la situación”.
A su juicio, España “está escribiendo una página negra en la historia de los derechos humanos” porque “ha creado un espacio fuera de control y de la legalidad internacional”, similar a Guantánamo.
Para la responsable de Política Interior de AI, Virginia Álvarez, al margen de la situación inhumana en la que se encuentran estos inmigrantes, es “gravísimo e inédito” que lleven más de 3 meses detenidos por las autoridades españolas sin haber visto a un juez o a un abogado, “tal y como establece la jurisprudencia internacional” (el llamado habeas corpus).
En ese sentido, avanzó que la semana próxima, estas tres organizaciones llevarán el caso al comisario europeo de Derechos Humanos.
Además, AI, Médicos del Mundo y CEAR realizarán una campaña de recogida de firmas que se adjuntarán a una carta dirigida al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le pedirán que dé asilo político a estas personas y que asuma su responsabilidad.
Por su parte, Pau Pérez (psiquiatra de Médicos del Mundo) explicó que esta ONG ha supervisado con la ayuda de Cruz Roja la situación sanitaria de estas personas que actualmente presentan problemas musculares por la falta de ejercicio y de espacio físico, así como dolencias respiratorias y dermatológicas.
Médicos del Mundo también ha elaborado un examen individual y exhaustivo de la situación mental de estos 23 inmigrantes y ha diagnosticado “siete casos de depresión grave, seis de ansiedad, angustia y cuadros diasociativos, cuatro con delirios de suicidio y otros seis con agitación grave y riesgo psicótico”.
“Ninguna de estas personas tenían antecedentes psiquiátricos antes de verse abocados a esta situación”, pero tras varios meses de travesía “han acabado en un hangar de algo más de 25 metros cuadrados incomunicados, soportando altísimas temperaturas, incomunicados, lejos de sus familias, mal alimentados, con poca luz natural y hasta hace poco sin luz eléctrica, y soportando constantes presiones para que acepten la repatriación voluntaria”.
Pese a todo, añadió Pau Pérez, estos inmigrantes, “musulmanes e indios, forman un grupo muy cohesionado y solidario” que proceden de la zona de Cachemira a donde se niegan a regresar porque han sufrido humillaciones, palizas o ataques con armas, entre otros abusos, es decir, que presentan “todos los segmentos necesarios para ser considerados refugiados políticos”.