El sindicato ANPE Canarias ha reclamado este jueves que la vacunación a menores de entre 5 y 12 años, que está prevista que se inicie a partir del 15 de diciembre, se lleve a cabo “preferentemente” en instalaciones sanitarias y no en centros educativos.
ANPE ha aludido en una nota a los “problemas” que a su juicio podrían generarse si son los docentes los que deben solicitar la autorización a las familias. El sindicato ha considerado que, desde el punto de vista “logístico”, es más oportuno que la inmunización se realice en espacios acondicionados para ello, tal como se ha hecho con el resto de la población.
Para ANPE, este procedimiento debe estar liderado y gestionado en su totalidad por personal sanitario y, además, ha de realizarse en espacios preparados para ello.
También ha apuntado que, en el caso de que sea indispensable recurrir a las instalaciones educativas, la vacunación “nunca deberá coincidir con la jornada escolar” y los padres o tutores legales tendrán que estar presentes “ante la posibilidad de que se produzca cualquier reacción o efecto adverso”.
La organización ha recordado que, si la vacunación se acometiese en centros educativos, el procedimiento exigiría contar con autorizaciones de todas las familias en tiempo y forma, algo complejo de gestionar, más aún en centros con una matrícula elevada.
“No hay que olvidar que puede haber conflictos con estas autorizaciones en familias con progenitores separados, lo que ocasionaría problemas añadidos para el colectivo docente”, ha subrayado el sindicato.
“Entendemos que bajo ningún concepto un centro educativo debe encargarse de gestionar los permisos de vacunación, es un tema extremadamente delicado del que deben encargarse las autoridades sanitarias”, ha alertado el presidente de ANPE en Canarias, Pedro Crespo.
Por otro lado, ANPE teme que los alumnos que no se vacunen “puedan ser estigmatizados por este hecho” y que ello derive en “problemas” entre los compañeros de aula y las propias familias.
“Acometer la vacunación en los centros educativos no garantiza la confidencialidad de la inmunización y puede dar lugar a situaciones complicadas de gestionar por el profesorado”, ha abundado.
ANPE ha matizado asimismo que la inmunización de los menores “debe establecerse en función de las patologías que presenten y de su vulnerabilidad ante la enfermedad, una priorización que también corresponde fijar al personal sanitario”.
“Esta suma de factores hace que el sindicato reclame al Gobierno central y a los autonómicos que organicen de forma rigurosa y segura la vacunación del colectivo infantil, siempre garantizando la igualdad en todas las autonomías”, ha concluido el sindicato docente.