Los sindicatos educativos en Canarias han solicitado un “diálogo constructivo” con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para que el inicio del curso escolar 2020-2021 sea seguro en el archipiélago.
Así lo han solicitado todos los sindicatos de educación tras mantener esta semana varias reuniones y después de analizar el protocolo sanitario para la prevención del coronavirus en centros educativos y tras la publicación del resto de normas de inicio de curso “sin contar con los diferentes sectores que conforman la comunidad educativa”.
En estas reuniones han acordado la necesidad de participar “constructivamente en la mejora” de la organización y planificación del inicio del próximo curso escolar, al tiempo que citan la Constitución Española para exponer que la misma reconoce, dentro de la Sección 1.ª de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, que “los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca”.
Esto, unido a la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), que define cómo se ha de llevar a cabo la participación de la comunidad educativa, supone que los poderes públicos, en este caso “el Gobierno de Canarias y dentro del mismo la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, quienes han de garantizar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa: familia, alumnado, personal docente y no docente”.
Por ello, defienden la necesidad de que se produzcan reuniones con la consejera canaria de Educación, Manuela de Armas, porque “no es posible el encuentro ni el consenso, si no se favorece el diálogo constructivo con la comunidad educativa al completo, no por separado, como viene haciendo la Administración educativa”.
Añaden que “ya habrá tiempo, una vez pactados entre todas y todos los planes, protocolos o proyectos generales, de descender a la participación y negociación de las especificidades con cada uno de los sectores concernidos en sus diferentes órganos de participación”.
El objetivo, señalan, es asegurar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal “dando prioridad a la educación presencial, sin menosprecio de la educación semipresencial en los cursos más altos si así fuera necesario”, con “todas” las garantías sanitarias y de seguridad para que no se produzcan rebrotes del virus.
Los sindicatos consideran que el protocolo sanitario para centros educativos presentado por la Consejería de Educación “resulta manifiestamente mejorable”, ya que el mismo apuntan que “no” hace referencia al uso de elementos “tan comunes” como termómetros, ni de los ascensores (que conllevan medidas específicas), así como “tampoco se establece el procedimiento a seguir” con el alumnado, docentes y no docentes que no puedan asistir al centro por cualquier motivo relacionado con la COVID-19 (contagio, cuarentena, por ser especialmente sensibles al virus, etc.).
También se limita de forma “incomprensible” el uso de las mascarillas y se desvirtúan las recomendaciones generales de distanciamiento, ya que los sindicatos creen que el metro y medio de radio de distancia, dentro y fuera de las aulas, “es imprescindible e indiscutible”.
Asimismo, consideran que hay recomendaciones y medidas genéricas que deben especificarse más para transporte escolar, comedores escolares, entradas y salidas, personal de administración y servicios o el propio personal docente, a lo que añaden que se obvian actividades como la recogida temprana del alumnado o las actividades extraescolares, “se dice poco o nada” del alumnado con necesidades educativas especiales y de su profesorado, ni del alumnado con retraso educativo, entre otras cuestiones.
Ante esto, indican que es “vital” buscar, en colaboración con los ayuntamientos o por parte de la Consejería, espacios y locales “adecuadamente” acondicionados, aularios para lograr la seguridad sanitaria necesaria, que “en último extremo podrían ser prefabricados”.
Los sindicatos critican, además, que las subcomisiones de trabajo, que se están constituyendo en esta última semana a través del Consejo Escolar de Canarias, servirían para “dar claridad a estas cuestiones y que se incluirían las propuestas de los diferentes sectores de la comunidad educativa, pero no es así”, ya que algunas comenzará a trabajar en septiembre.
Todo ello, cuando entienden que “aún falta por concretar y dar respuesta a muchos factores para que se garantice un inicio de curso seguro”, puesto que está “sin definir” los planes de contingencias de cada centro, se deben regular las actividades extraescolares, las actividades para el alumnado de 0 a 3 años o la acogida temprana, entre otras muchas que citan.
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