Sin horarios para comer, sin dietas que los compensen, con problemas de uniformidad o de disponibilidad de vehículos, además de escasez de personal técnico o sanitario. Los problemas de los trabajadores de las ambulancias en Canarias continúan eternizándose después de la adjudicación del concurso a finales de 2021 por más de 185 millones de euros a tres empresas, que renovó una flota que circulaba en las Islas bajo un contrato vigente desde 2008. Los sindicatos del sector ven como única salida que el Gobierno de Canarias deje de externalizar el servicio y asuma la gestión de forma directa del transporte sanitario terrestre. Tras agotar todas las vías, han anunciado que acudirán a la huelga para presionar a un Ejecutivo en el tiempo de descuento por las elecciones del 28 de mayo.
El sindicato de La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO), asegura que ha detectado múltiples irregularidades que se llevan a cabo por parte de las empresas adjudicatarias y que perjudican al personal empleado. Estas “ilegalidades” se dan en todas las empresas adjudicatarias y critica que la Administración muestra “poca voluntad política” para afrontar este problema.
Enrique Espi, responsable del Sector de Ambulancias del sindicato, informa que CC.OO ha elaborado varios informes donde se muestra un “altísimo” grado de incumplimiento del Convenio por parte de las empresas concesionarias. En concreto, detalla que existen problemas de uniformidad, acondicionamiento de base, disponibilidad de vehículos, escasez de personal técnico sanitario e, incluso, irregularidades en el pago de las dietas. “En el convenio se recoge que si no se puede realizar la comida o la cena dentro de una franja horaria, la empresa tiene que pagar esa dieta”, asegura.
El sindicado ha subrayado que ya ha agotado la ronda de reuniones con el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y la directora del Servicio Canario de Salud (SCU), Elizabeth Hernández, y, por ello, ha anunciado un preaviso de huelga en todas las Islas. Inicialmente se convocó para el pasado 1 de abril, pero se ha pospuesto para después de Semana Santa. El objetivo del paro es “avanzar en la unidad de acción sindical”, según informó la Federación en una nota de prensa.
“Consideramos que este debe ser el último concurso público. Tenemos que pasar a gestión directa de la Administración para que esos costes y esos beneficios, que tienen las empresas por los concursos públicos, se puedan destinar a la mejora del servicio y de las condiciones laborales de los trabajadores”, aclara.
Por otra parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Emergencias Sanitarias (Sites), Iván Amador, lleva denunciando denunciando desde el verano del año pasado las irregularidades que se dan por parte de una de las empresas adjudicatarias (Transportes Aéreos Sanitarios Isleños, S.A., que presta el servicio en Gran Canaria) en el horario de comidas.
Sites anunció un preaviso de huelga indefinido el pasado mes de septiembre en Gran Canaria por la vulneración de los derechos del personal trabajador por parte de la empresa Tasisa y llevó a cabo un paro en octubre en la capital ante la falta de respuesta a sus demandas, es decir, que la sociedad adjudicataria no establecía de un horario predeterminado para comer a pesar de llevar a cabo, en ocasiones, turnos de 12 o 14 horas.
“Estamos a la espera de que Inspección Laboral resuelva este problema”, añade el sindicato. Además, expresa que desde Sites llevan cuatro años reclamando la internacionalización del servicio, debido a que el Gobierno de Canarias no está llevando a cabo la inspección fiscal del servicio dado por las empresas adjudicatarias.
De igual forma, Iván Amador aclara que desde el sindicato secunda el preaviso de huelga anunciado por Comisiones Obreras, aunque cree que estas ilegalidades deben demostrarse de forma objetiva, “con la mayor transparencia posible”, a través de informes, resoluciones judiciales o inspecciones de trabajo.
“Al sindicato le he trasladado mi apoyo a la propuesta de internalización del servicio, pero exigimos también a los comités de empresa y al resto de sindicatos que no solo pidan al Gobierno regional la fiscalización, sino que ellos también fiscalicen a estas empresas, denuncien las vulneraciones que sufren los trabajadores diariamente y especifiquen cuáles son estas irregularidades”, expresa.
Asimismo, el representante de Sites recuerda la existencia de una empresa pública, Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias (GSC), cuya creación, inicialmente, tenía el encargo de gestionar el servicio de transporte sanitario, por lo que “el rescate se podría lograr al 100%”.
Irregularidades en todo el sector del transporte sanitario en Canarias
Enrique Espi también denuncia las condiciones a las que se enfrentan los trabajadores en todas las empresas adjudicatarias de Canarias.
“En La Gomera y El Hierro se les obliga a firmar acuerdos individuales a los trabajadores para abaratar el coste de las horas extras hasta en un 50%. En Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria la empresa interpreta la jornada por encima de lo que marca el convenio, 160 horas, e, incluso, amenazan con la modificación sustancial de las condiciones de trabajo como medida coactiva”.
Asimismo, señala que si los responsables políticos continúan ignorando este problema, que afecta a todo el Archipiélago, no descarta tomar otro tipo de acciones hasta encontrar una solución.
Politización del conflicto
El anuncio de huelga comunicado por CC.OO ha tomado por sorpresa a la Central Sindical CSFI, un sindicato independiente que afilia principalmente a trabajadores con la condición de empleado público, funcionarios y laborales en el ámbito nacional. El abogado de la Central en Canarias opina que las acciones que pretende llevar a cabo CC.OO. no son adecuadas y llegan tarde, puesto que las elecciones autonómicas limitan al Gobierno de Canarias en su actuación.
También incide en que la mejor vía para denunciar esta situación es la judicial e, incluso, la penal. Aun así, afirma que todo lo que reclama la Federación de Servicios a la Ciudadanía coincide con lo que CSFI lleva denunciando durante años.
Sin embargo, Enrique Espi cree que la Gobierno autonómico tiene la responsabilidad civil subsidiaria y que “no pueden eludirla”. “No se trata de politizar el conflicto, sino de obligar a la Administración a que cumpla con lo que ha firmado con las empresas. Así de simple”, apunta.
En cualquier caso, Espi considera que emplear la vía judicial solo provocará que el problema se dilate en el tiempo y continúe perjudicando a los trabajadores y trabajadoras. “Hay muchas denuncias en juzgados que están paralizadas. No están saliendo adelante. Estamos bloqueados ante esta situación”.
Ausencia de respuestas por parte de los responsables
Este diario ha intentado contactar con el consejero de Sanidad en el Gobierno de Canarias y con la directora del Servicio Canario de Salud para conocer, de primera mano, cuál es la postura de la Administración ante esta problemática, sin embargo, no se ha obtenido respuesta alguna.