Los sindicatos canarios vuelven a pedir aulas con menos alumnos y un plan para adaptar el puesto de trabajo al profesorado con patologías

Los colegios se preparan para la vuelta a clase. EFE/ Nacho Gallego

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —

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Los sindicatos de la enseñanza pública de Canarias insisten en que las aulas deben tener menos alumnos para que la vuelta a clase sea lo más segura posible. Pese a que este jueves el Ministerio de Educación concretó con las comunidades autónomas algunos criterios que no estaban unificados, como el uso obligatorio de la mascarilla o el hecho de que se vaya a tomar la temperatura antes de entrar en clase. Sobre las ratios, la ministra Isabel Celáa señaló que se verá reflejado en cada comunidad autónoma con el incremento de docentes que han anunciado, pero no anunció cuál será el número máximo. Ese mismo día en la Mesa Sectorial celebrada en las Islas, los sindicatos volvieron a realizar la misma demanda: se necesitan bajar esas ratios. 

Anpe, el sindicato mayoritario de la enseñanza pública de las Islas, subraya que los grupos deben ser de 15 alumnos por aula y, en casos excepcionales, de 20, siempre y cuando las instalaciones donde se imparta la docencia lo permitan. Subraya que “el riesgo para la salud no solo es mayor en este tipo de aulas, sino que el elevado número de alumnos en el mismo espacio dificulta el rastreo cuando hay un caso de coronavirus” y por ello apunta que “todas estas evidencias nos hacen posicionarnos totalmente en contra de que se retomen las clases sin que se contrate al profesorado necesario para evitar correr riesgos”.

Durante la Mesa Sectorial mantenida con el director general de Personal, Fidel Trujillo, se abordaron las medidas de prevención de riesgos laborales, entre otras cuestiones. Los sindicatos que quejan del poco margen de tiempo con el que se les entregan los documentos y afirman que el “tiempo vuela” ya que las clases empiezan el 15 de septiembre y los docentes tienen que estar en sus puestos de trabajo el día 1. El próximo lunes habrá otra reunión donde se espera que ya esté fijado el número de profesores que se contratará. “Hemos pedido que se amplíe la plantilla de manera sustancial”, señaló Gerardo Rodríguez, del sindicato STEC, que teme que esta contratación de profesores solo sirva para suplir bajas en los centros pero no para bajar las ratios. 

Ambos sindicatos subrayan que debe existir un plan para adaptar el puesto de trabajo a los profesores con patologías y creen que los informes que se han encargado a una empresa privada no son del todo rigurosos. “En Canarias, alrededor de 6.000 docentes se han declarado especialmente sensibles a través del formulario facilitado por la Consejería, pero no nos consta que se les haya adaptado su puesto. Todos los funcionarios públicos tienen derecho a una adaptación de su puesto de trabajo; no estamos dispuestos a permitir que al profesorado se le trate de manera discriminatoria ni que se ponga en riesgo su salud”, destaca Anpe. 

Gerardo Rodríguez también añade que se debe contar con más personal, no solo profesores, sino trabajadores sociales, educadores sociales además de llegar a acuerdos con los ayuntamientos para que se cuente con mayor plantilla de limpieza. Otra de las cuestiones que STEC sigue demandando es un censo de centros que han cerrado en los últimos años y con los que se podría contar en caso de falta de espacio. 

En cuanto a los turnos de mañana y tarde, Stec considera que debe primar el horario de mañana para poder facilitar la conciliación laboral y familiar. No obstante, en aquellos centros donde sí que se implante este horario destacó que no se debería terminar muy tarde las clases para que el alumnado no regrese a casa de noche. Anpe señala que en los centros en los que se dé turno de mañana y tarde, se reducirá el horario, de tal forma que sean de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00. “Insistimos en que se deben habilitar otros espacios para evitar turnos de tarde, en colaboración con los ayuntamientos”, señala el sindicato. Además, apunta que “este curso tenemos que poner en marcha planes de refuerzo para el alumnado que se ha quedado rezagado después del cierre de los centros. Si no lo hacemos, la brecha seguirá aumentando y la educación no funcionará como herramienta correctora de desigualdades”. 

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