El juicio por presunta estafa en la venta de los dúplex de Hoya Pozuelo, en el municipio de Telde (Gran Canaria), en el que está acusado el promotor Jaime Cortezo Massieu, ha sido suspendido este lunes antes de su inicio por cuestiones procesales.
La Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, formada por diferentes magistrados a los habituales, ha de resolver primero la admisión de pruebas que fueron rechazadas por jueces diferentes a los del tribunal de este lunes, compuesto por su presidente, José Luis Goizueta, y dos miembros nuevos, Nicolás Acosta y Laura Mirault.
La suspensión, avalada por el ministerio fiscal, se fundamenta en que son estos tres jueces quienes deben decidir sobre la admisión, o no, de pruebas rechazadas con anterioridad por otros magistrados que formaron parte de la Sala, y que después tuvieron que abstenerse al haber intervenido en el procedimiento, como fueron Salvador Alba y Carlos Vielba.
La Audiencia ha de resolver primero estas cuestiones procesales, pero también la petición de una de las partes querellantes, en representación de propietarios de los dúplex, de que se incorpore al Ayuntamiento de Telde como responsable civil subsidiario, así como a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) del Gobierno canario cuestión que, de ser admitida, devolvería otra vez el caso a Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria para la personación formal del Consistorio ahora presidido por Mari Carmen Castellano (PP).
En el peor de los escenarios, que sería la vuelta del caso al juzgado instructor, los abogados presentes en el juicio estimaban un retraso de un año para la celebración definitiva de la vista.
Los querellantes, representados por dos letrados diferentes, piden ocho años de prisión para Jaime Cortezo y cuatro años para la apoderada de una de sus empresas, también acusada, Juan Rosa Fuentes, mientras que el otro grupo solicita diez años de prisión para el promotor y también para su esposa, Elena del Castillo Machado, por el delito de estafa continuada, otros cuatro años a cada uno por falsedad documental y otros años por alzamiento de bienes.
El ministerio fiscal interesa el sobreseimiento del caso, al entender, como las defensas de los tres, que no hubo mala fe ni ocultación del riesgo de derribo de los dúplex en el momento de su venta.
La defensa de Cortezo, representada por Miguel Losada, sostiene que “no ha existido delito de ningún tipo, otra cosa es que haya habido alguna posible confusión en cuanto a las lindes de la zona marítimo terrestre, pero un intento de defraudar, de ningún modo”, según informa Efe.
La abogada de tres de los afectados, Mónica Pérez, considera, por el contrario que, aunque el Ministerio Fiscal no acusa en esta causa, “los indicios son claros y patentes”, pues a algunos compradores les vendieron las viviendas en esa zona de la costa de Gran Canaria cuando la APMUN ya había ordenado su demolición (2000) o, incluso, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya había convalidado esa decisión del órgano de control urbanístico del Gobierno canario (2002).
Pérez ha insistido en que a sus clientes se les ocultó una resolución judicial firme y confía en que el juicio se reanude en breve.