El turno de oficio en la provincia tinerfeña quedará suspendido los días 28 de octubre y 25 de noviembre en protesta a lo que los abogados adscritos califican como el “decretazo”, por el que el Gobierno de Canarias pretende reducir sus honorarios en todas las jurisdicciones y en todas las actuaciones, además de obligarles a asumir otras sin contraprestación económica.
Con el ánimo caldeado por la asamblea informativa que convocó ese Colegio el pasado 30 de septiembre, y en la que, según afirman los asistentes, el decano Víctor Medina y su equipo de Gobierno se vieron coaccionados a posicionarse en contra de las pretensiones de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, lo que se trataba de decidir este martes era que medidas de presión se podían adoptar en contra de la rebaja de las tarifas.
Acudieron unos 200 abogados de los cerca de 1.500 que tiene el Colegio de Tenerife en la justicia gratuita y tardaron cerca de cuatro horas en decidir sobre siete propuestas, ninguna de las cuales fue presentada por la Junta de Gobierno. De hecho, el gerente Víctor Marrero, según dijo a este periódico, se marchó a mitad de la reunión, pese a la importancia de la misma.
Algunas propuestas se centraron en suspender las guardias del Turno varios días fijos a la semana. Incluso las hubo graciosas, como acudir en grupo durante las guardias a cada requerimiento del juez, de forma que no se supiera a quién se le había asignado el servicio, pero al final se decidió presionar a la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad con una huelga encubierta, en principio de dos días.
Hay miedo
Varios abogados asistentes a la junta afirmaron a CANARIAS AHORA que no se adoptaron mayores medidas de presión por miedo a las represalias de los jueces, que podrían llegar incluso a la suspensión del ejercicio profesional. Algo muy importante cuando hay abogados que llegan a facturar hasta 12.000 euros al trimestre por un trabajo que se supone que no tiene afán de lucro, frente a compañeros jóvenes que no llegan y alejados de los órganos de poder, que no suman ni 1.000 euros trimestrales.
La Junta del Gobierno se reunirá este jueves con un grupo de abogados (no se sabe quiénes) para estudiar de qué forma se suspenden las guardias del Turno de Oficio, salvo en causas con preso o detenido, violencia de género y menores que deben ser asistidas con huelga o sin ella.
Rectificación
Por otra parte, en la información Los abogados isleños temen la privatización del Turno de Oficio, se asoció por error a la Fundación Wolters Kluwer con algunos despachos de abogados que levan a cabo la asistencia jurídica gratuita a inmigrantes en la Comunidad de Madrid. Nada más lejos de la realidad. La única relación entre Wolters Kluwer, que es una importante editorial de textos jurídicos y Cremades and Calvo-Sotelo fue colaborar para impartir un programa de formación a inmigrantes denominado Conoce tus leyes que en absoluto tiene que ver con la asistencia jurídica, ni gratuita ni remunerada.