Una tasa de recogida de basuras según el valor de la vivienda y sus ocupantes, ¿el ejemplo de La Laguna para toda Canarias?

Imagina una vivienda en La Laguna valorada en 100.000 euros en la que viven tres personas. Hasta ahora, sus ocupantes pagaban 95 euros al año por la recogida de basuras, igual que todas las casas del municipio. Pero a partir del año que viene tendrán que apoquinar 130, mientras que un hogar tasado en 60.000 euros y con un inquilino desembolsará cuarenta euros menos.

El Ayuntamiento lagunero, conformado por PSOE y Coalición Canaria, aprobó en abril la nueva tasa de basuras, obligatoria por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que fuerza a las entidades locales de más de 5.000 habitantes a crear en tres años una tarifa “específica, diferenciada y no deficitaria” capaz de implantar “sistemas de pago por generación” y que refleje “el coste real” del servicio.

La limpieza de las calles es un encargo de gasto millonario para los consistorios. Hay que sufragar la recogida, el transporte, el tratamiento de los residuos, su vigilancia y mantenimiento en los vertederos y las campañas de concienciación y comunicación. Eso cuesta casi 13 millones de euros anuales en La Laguna. Y con la tasa de basuras cobrada hasta ahora, los ingresos no cubrían los gastos.

Lo que ha hecho el Consistorio lagunero entonces es incrementar la cuota fija de la tasa. Ha pasado de 95 euros a 118. Pero el precio final fluctuará según el valor catastral de la vivienda y el número de ocupantes, de tal modo que “el que tenga un chalé pagará más que el que tenga un pisito”, en palabras de Francisca Rivero, tercera teniente de Alcaldía y concejala de Hacienda y Servicios Económicos, del PSOE.

La tabla recoge seis tramos de valores catastrales y siete coeficientes por el número de inquilinos. La cuota tributaria más barata sería de 70,98 euros, aplicable en el caso de un inmueble tasado en hasta 24.000 euros con un residente. La más cara asciende a 198,74 euros, fijada cuando la casa cuesta más de 120.000 euros y en ella viven siete personas o más. La ordenanza también contempla bonificaciones por aportación de desechos a un punto limpio, adhesión a programas de reciclaje o estar en situación de exclusión social.

La misma (o similar) metodología es utilizada para los inmuebles no residenciales. Por ejemplo: un bar de 50 metros cuadrados y valorado en 24.000 euros pagará 80,97 euros al año, pero uno de 1.000 metros tasado en 500.000 euros gastará 3.267 euros. Para las viviendas vacacionales de hasta tres plazas, la cuota fija es de 204,66 euros porque, según el Ayuntamiento, un piso turístico con un número promedio de tres turistas genera 2,97 kilos de residuos al día, cifra superior a los dos kilos diarios que produce un hogar con entre dos y tres personas. Cada plaza alojativa eleva el tributo a unos 12,23 euros.

“Es una tasa de aplicación obligatoria. La ley dice: quien contamina, paga, y la tarifa no puede ser deficitaria”, justifica Rivero. “Esos 95 euros anuales no cubrían la cuota del servicio y por eso hemos hecho esto. Es justicia tributaria. Antes todos pagaban lo mismo, pero ahora es bastante más justo”, remacha la concejala. La nueva tasa de recogida de basuras en La Laguna comenzará a ejecutarse el año que viene. Rivero asegura que está sirviendo de ejemplo para muchos municipios que deben elaborar la suya.

La Federación Canaria de Municipios (FECAM) reconoce que “la mayoría” de los ayuntamientos canarios están “aprobando y trabajando” en la ordenanza. Fuentes aseguran que la propia organización ha dado “formación técnica” a las entidades locales al respecto y que “hay mucha diversidad de metodologídas”. También que “algunos” consistorios están decantándose por una cuota básica según la superficie de la vivienda y una variable por el número de ocupantes.

“Una escasez generalizada” en España

El Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos publica cada año un informe analizando el despliegue de la tasa de basuras en los municipios españoles. En 2024, la cuota media fue de cien euros por hogar. Casi la mitad de las localidades apuestan por una tarifa fija, aunque otros criterios incluyen el valor catastral (como La Laguna), la superficie del domicilio o el consumo de agua.

El informe del Observatorio detalla, sin embargo, que ninguna de estas variables tiene en cuenta la generación de residuos ni la participación en la recogida selectiva. La Ley de 2022 señala de manera explícita que deben implementarse sistemas de pago por generación (pay as you throw, en inglés), una técnica para la que todavía persiste una “escasez generalizada” en el país.

Estos sistemas, al basarse en la cantidad real de residuos generados, requieren de mecanismos de identificación, medición de volumen de las bolsas de basura o medios de seguimiento de uso del servicio. Son herramientas “caras y aún muy incipientes en Europa”. El documento recoge el caso de algunas zonas de Lleida, donde se usan bolsas con chips identificadores para precisar cuánta basura genera cada vecino. Pero esto es una anomalía en un tributo muy heterogéneo según donde se aplique.

“[Lo es] tanto en la dimensión cualitativa de su articulación (incluyendo los criterios en los que se basan) como en la cuantitativa (cuotas), aspecto que dificulta la identificación de tendencias unívocas en su evolución”, resume el informe.

La Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda considera que la Ley de 2022 no impone una obligación taxativa de exigir de inmediato una tasa individualizada para cada contribuyente, sino que los ayuntamientos deben incorporar “paulatinamente” estas metodologías de manera gradual, con sistemas de pago elementales, medios o avanzados.

Las Palmas de Gran Canaria eligió el segundo modelo. Su tasa de basura, aprobada también este año y que empezará a cobrarse a partir del curso que viene, se compone de una cuota fija de 108 euros anuales y otra variable, calculada a partir de la generación de residuos por persona en el municipio. El importe máximo asciende a casi 150 euros. Al igual que en La Laguna, también contempla bonificaciones.

La capital grancanaria reconoce que “a fecha actual” no cuenta con las herramientas necesarias para calcular la generación de residuos por persona. Por eso eligió el sistema de pago “medio”. Dice que descartó la idea de vincular la cuota al número de residentes porque su uso provocaría “controversia” (vecinos que no viven donde están empadronados); que tampoco vio con buenos ojos ligar la tasa al consumo de agua (el servicio es gestionado por Emalsa, una empresa de participación mixta, lo que “limita el acceso directo a los datos”); ni al valor catastral (el Consistorio no ve “relación directa” entre el coste de la vivienda y la generación real de residuos).

Pilar Álvarez, educadora social especializada en Educación Ambiental, no cree que ninguna de las dos recetas canarias (las de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria) cumplan a rajatabla con el principio de “quien contamina, paga”. Opina que eso solo se lograría con un sistema en el que el vecino se identificara con una tarjeta o llave cada vez que tire la basura y que cuantas más veces lo use, más pagaría. Pero admite que para eso “necesitamos que pasen desgraciadamente años, sobre todo en Canarias”.

Álvarez cree que, al menos, ambos sistemas ayudarían a incrementar el reciclaje en unas Islas que generan unos 573,4 kilos por persona y solo separan el 15% de la basura, un porcentaje que va a menos, cuando debería ser todo lo contrario. La Unión Europea ha pedido que para 2035 el 65% de los residuos municipales sea reciclado.

“Nosotros hemos propuesto que aumenten las bonificaciones, por lo menos en los primeros años, para difundir ese servicio, para fomentar”, comenta la educadora ambiental, integrante de Turcón Ecologistas en Acción. El doctor en Economía y Turismo por la Universidad de La Laguna (ULL) Eugenio Díaz Fariña ahonda en la misma línea.

“Un sistema de pago por generación necesita de una serie de medios, como contenedores inteligentes, que no tenemos”, lamenta Fariña. El experto cuestiona la metodología empleada por La Laguna, pues a su juicio ni la capacidad económica (medida por el valor catastral del domicilio) ni el número de inquilinos tienen por qué significar más o menos residuos per cápita. 

“Una vivienda con una sola persona genera menos que una con dos en términos absolutos. Pero en términos relativos, no tiene por qué. [La tasa] no tiene en cuenta las economías de escala”, razona el economista. “Es verdad que, a mayor renta, mayor consumo, sí, pero también es verdad que, a mayor renta, mayor concienciación medioambiental”, continúa.

Para el economista, lo de La Laguna es una tarifa que “discrimina por ciertas características y valores”, pero no es capaz de predecir el impacto que tendrá para aumentar las tasas de reciclaje. “Diría que no, pero obviamente sin datos no puedo hablar mucho más”, concluye.