Telde, el municipio canario que cayó en el pozo de la corrupción, saldó su deuda y ahora remonta el vuelo

En Telde, el cuarto municipio más poblado de Canarias (cerca de 103.000 habitantes), hay quien se echa las manos a la cabeza cada vez que salta el tema de la corrupción. Primero, la reacción llega en forma de alarma. Después, muecas con la boca. Y por último, mirada al cielo en forma de súplica. La malversación de fondos públicos, las comisiones ilegales o el fraude son delitos ampliamente conocidos en cualquier punto de España. Pero, cuando se producen en el barrio en el que resides, la recepción es otra. No solo evocan rabia y enojo, también indignación. Especialmente impotencia. Porque los vecinos saben que quienes más van a sufrir las consecuencias del robo de dinero de las arcas municipales son ellos.

Es difícil encontrar a un ciudadano teldense que no reitere lo mismo: las calles, el asfaltado, el mantenimiento de parques y jardines, la cultura, el movimiento asociativo. Todo ha pegado un retroceso en estos últimos años por la falta de servicios. El ayuntamiento aprobó un plan de ajuste en 2012 “durísimo”, según catalogaron algunas formaciones políticas, para revertir una deuda que estaba alcanzando cifras astronómicas. Hubo varias causas detrás, todas ellas vinculadas al lado más sombrío de la política. Y fue esa concatenación de catastróficas desdichas, unidas a las más globales como la crisis financiera de 2008 o la pandemia, la que ha provocado que muchos sientan que Telde vive en una espiral de crisis permanente.

La buena noticia es que empieza a haber luz al final del túnel y que cada vez hay menos telarañas en la caja fuerte del consistorio. La deuda viva ha pasado de situarse en los 133 millones de euros en 2013 a los 2,21 millones a finales de 2021, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El grupo de gobierno que aterrizó en el ayuntamiento en 2015, liderado por Carmen Hernández (Nueva Canarias), que a día de hoy sigue siendo la alcaldesa del municipio, se marcó el objetivo de sanear las cuentas antes de acometer grandes cambios en la localidad, propósito que ha cumplido con creces y mucho antes de lo esperado. Pero a cambio, Telde sufre una parálisis palpable en todos sus distritos por la obstinación de sufragar lo que adeudaba en el menor tiempo posible. Un dato: en 2020, uno de cada tres euros se destinó al pago de la deuda, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Los sindicatos de la administración, que denuncian falta de personal en todos los departamentos, se preguntan por qué no se prorrateó durante más tiempo la amortización de dicha obligación económica. “De nada ha servido que se haya hecho en pocos años porque nosotros, como trabajadores y ciudadanos, no hemos visto mejoras”, apuntan. El consistorio recuerda que lo hizo así porque el plan de recorte se lo ordenaba. Todo lo que sobraba iba a parar al mismo cajón. “No podía arreglar una calle, no podía abrir escuelas infantiles, no podía contratar más personal… Nada”, añade Carmen Hernández.

Al final, se ha formado un cóctel explosivo de merma de las infraestructuras y los cuidados en una región conocida por su alta presión fiscal. El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en Telde es el segundo más alto de toda Canarias, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IMVT) en la región lidera la clasificación en el Archipiélago y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) más de lo mismo. Pero la deuda ya se ha finiquitado casi al completo. La mayoría de políticos, vecinos y agentes sociales consultados por esta redacción coinciden en señalar que la recuperación está despegando.

“En esta nueva etapa, la gente está reconociendo que hemos dicho la verdad. Que cuando yo les decía que hasta que no pagásemos la deuda no podíamos invertir en la ciudad, pero que desde que cumpliésemos ese objetivo empezaríamos a hacerlo, no era mentira”, afirma Hernández. “Estamos intentando recuperar los servicios básicos y públicos. Ya hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda bastante por hacer”, agrega Héctor Suárez (Coalición Canaria), primer teniente de alcalde y concejal de Gobierno de Territorio.

Los empresarios de la localidad secundan los aires de optimismo. “Se está empezando a trabajar ya en el servicio. Ahora mismo se acaba de terminar de asfaltar toda la zona comercial, cuando hasta entonces lo único que se hacía era parchear y parchear”, indica Mónica Muñoz, presidenta de la Zona Comercial Abierta de Telde. “Telde reúne las condiciones para ser un motor económico de Gran Canaria”, sentencia Ángel Medina, presidente del grupo Cencosu-Spar y de la entidad de conservación del parque empresarial de El Goro (Goroeco).

El camino al pozo de la corrupción

Hace poco más de 20 años, Telde era una ciudad que estaba creciendo como pocas en Canarias. Colectivos sociales recuerdan al municipio como la “envidia” de la comunidad por haber sido capaz de dotar de obras públicas a prácticamente todos los barrios y por haber protagonizado destacadas reivindicaciones sociales. “Si hacía falta, la población se sentaba en el centro de la carretera hasta que la administración le resolviera una demanda”, subraya José Luis, miembro de la Asociación de Vecinos Bentejuí, de Lomo Cementerio.

Sin embargo, con la llegada del nuevo siglo la corrupción nubló el crecimiento económico de la comarca. La legislatura de 2003-2007 estuvo marcada por el llamado caso Faycán, una trama de comisiones ilegales en la que quedó demostrado que varios miembros del consistorio, liderado por aquel entonces por el Partido Popular (PP) y la Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar (AFV-Ciuca), organizaron un “sistema de obtención ilícita de fondos”, como así puntualiza la sentencia del caso, “con la falsa excusa de financiar al Partido Popular de Telde utilizando a tal fin los cargos que ostentaban en la corporación local”.

Los condenados, entre otras conductas ilegales, llegaron a acuerdos con empresas que pretendían ser adjudicatarias de contratos de obras, servicios o suministros con el Ayuntamiento de Telde, exigiéndoles el cobro de comisiones a cambio de ser favorecidas en la adjudicación de los procedimientos. También se confeccionaron facturas falsas destinadas a ser presentadas al cobro en el consistorio para compensar a los empresarios de las pérdidas que les suponía el pago de esas comisiones ilícitas, que en algunos casos llegaron a alcanzar el 20% del presupuesto de ejecución de la obra.

El caso Faycán, así como otras piezas de la trama como el caso Grupo Europa, llevaron a Telde a ganarse la fama de ser un municipio donde reina la ley de la selva. Algunos de sus vecinos confiesan haber mantenido contacto con residentes que preferían no decir dónde vivían por vergüenza ajena. “Que si todos éramos unos corruptos, nos comentaban… Era un sentimiento de tristeza muy grande”, admite Marta Hera, del Patronato de Fiestas de la Concepción y la Caña Dulce. El movimiento colectivo también perdió fuerza por las “presiones” que se intentaron hacer sobre las asociaciones, añade Leo Hernández, de la Asociación de Vecinos Meclasa.

Junto a la corrupción, Telde sufrió cambios de gobierno constante y poca estabilidad política que derivaron en planes de urbanismo desfasados y obras faraónicas abandonadas. En el casco del núcleo urbano, sobresale el mamotreto del Palacio de la Cultura, una edificación nunca terminada que ha supuesto un despilfarro de 14 millones de euros, según un estudio reciente de la Asociación de Geógrafos Españoles.

En 2015, cuando Carmen Hernández (Nueva Canarias) se hizo con la alcaldía del ayuntamiento, encargó una auditoría económica que detallara hasta qué punto se había resquebrajado la salud económica del consistorio. Lo que encontró fue una deuda total de 191 millones de euros, de los que 33 corresponden a expropiaciones por sentencias firmes y 44 a facturas sin consignación presupuestaria generadas durante el mandato anterior (2011-2015), que lideró el PP, primero con Ciuca y Coalición Canaria y, posteriormente, solo con los nacionalistas.

“Telde podría ser un ejemplo de todo lo que no se debe hacer en la gestión pública”, remacha Hernández. “El ayuntamiento ha sido condenado en materia de expropiación por más de 34 millones de euros, que ha ascendido al final a los 50 millones con intereses, porque no se personó en los juzgados a defender ese asunto”, pone la alcaldesa como ejemplo de la “mala política” que desempeñó la corporación.

Primero la deuda; luego todo lo demás

El plan de ajustes que aprobó Telde en 2012 le obligó a reservar para la deuda importantes sumas de dinero que no podían ser destinadas a mejorar los servicios públicos. Hubo recortes. Muchos. “Se desmanteló la cultura, se cerraron las escuelas infantiles, se recortó en recogida de residuos, parques y jardines… Se puso en la calle a más de 100 funcionarios”, relata Hernández.

En 2015, la deuda con los bancos ascendía a 101,8 millones de euros. En 2021, ese dato ha caído a los 2,21 millones. Entre los municipios de más de 50.000 habitantes de toda España, solo Alicante y Benalmádena presentan una rebaja similar en ese espacio de tiempo. “En el primer mandato [de 2015 a 2019] nos dedicamos a ordenar, a crear una estructura base, a poner los cimientos de la recuperación social y económica”, continúa la alcaldesa.

El problema es que esos “cimientos” están un poco más agrietados que antes. En 2010, Telde destinó 44,3 millones de euros a los servicios públicos y básicos, mientras que en 2020 dedicó alrededor de 12 millones menos (31,9). El primer teniente de alcalde, Héctor Suárez, reconoce que se está haciendo un “gran esfuerzo”, pero que los resultados no se logran de la noche a la mañana.

Varios vecinos manifiestan sentirse “abandonados” y los sindicatos se acuerdan de las “colas interminables, las citas previas que se eternizan o la tardanza para emitir un simple certificado de empadronamiento”. Según datos del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, Telde solo cuenta con 10 trabajadores sociales, mientras que San Cristóbal de La Laguna (21), Santa Cruz de Tenerife (24) y Las Palmas de Gran Canaria (38), los otros tres municipios con más de 100.000 habitantes en Canarias, le superan en número.

Aun así, la alcaldesa se muestra ilusionada y presume de gestión: “Hemos abierto las escuelas infantiles que se cerraron, hemos arreglado parques infantiles, hemos hecho un nuevo ayuntamiento, hemos rehabilitado unas mil viviendas en Jinámar… La gente está viendo con hechos, no con palabras, que este gobierno cumple”. Mientras, colectivos y agentes sociales consultados matizan que ahora, con unas cuentas saneadas, es cuando le toca al ayuntamiento trasladar todo el esfuerzo que ha invertido en pagar la deuda en impulsar el desarrollo del municipio. “Llevamos cerca de 20 años en crisis. Ahora les toca sacarnos de esta”, concluyen.