La polémica está servida. Desde que este miércoles el Gobierno anunciaba que estaba “abierto” a estudiar una de las propuestas lanzadas por el Ejecutivo canario de buscar la fórmula de compensar el gasto de realizar las pruebas diagnósticas PCR a los turistas en origen ha surgido un debate. ¿Quién tiene que pagar los test de COVID-19 a las personas que eligen Canarias como destino turístico? La única certeza es que la marca ‘Islas Canarias’ debe estimularse para evitar daños mayores a la económica del Archipiélago, donde el 35% del Producto Interior Bruto depende del turismo, que genera un 40% de empleo. Si bien, algunos sectores y fuerzas políticas ven esta situación como una oportunidad para evitar volver al turismo de masas agresivo con el medio ambiente y la ocupación del suelo.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo del Ejecutivo central, Reyes Maroto, respondió este miércoles al diputado nacional de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que para implantar la medida de los test en origen se tendría que lograr una serie de acuerdos con otros países. Quevedo insiste en que “por cara que sea” cualquier medida que vaya dirigida a abrir de la forma más rápida posible el mercado turístico insular supondrá un ahorro para las arcas públicas. Así, ha reiterado la idea de hacer las PCR en origen, pues cree que “sale más barato” que asumir el gasto de los 300 millones al mes que cuestan los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). El nacionalista considera que el coste de las pruebas diagnósticas “no puede recaer en el pescuezo de los operadores turísticos o del viajero”. “Debemos garantizar que todas las personas que llegan a Canarias se sometan a pruebas diagnósticas previas para que ni contagien, ni sean contagiados”, manifestó el también concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la Cámara Baja.
Mientras, en el Parlamento canario, la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Ejecutivo autonómico, Yaiza Castilla, anunciaba que durante el segundo semestre de este año se invertirá un total de 6,5 millones de euros en promoción turística, siendo la cifra más alta en los últimos años. La dirigente explicó que se comenzará a incentivar el turismo regional (500.000 euros), el turismo nacional (2,5 millones) y por último el internacional con un presupuesto de 3,5 millones. Si bien, aclaró que esa campaña está paralizada hasta que se “disipen” todas las dudas protocolarias y la posterior apertura de fronteras. Insiste en que “sin seguridad no tenemos recuperación económica” por lo que la reactivación se debe llevar a cabo cuando la seguridad sanitaria sea una garantía para visitantes, trabajadores y residentes. Cree que es necesaria una unificación de los test en origen sin detallar quién debe asumir los costes.
No obstante, una de las formaciones políticas que sustenta el cuatripartito del Ejecutivo canario, Sí Podemos Canarias, ha manifestado su total oposición a que la Comunidad Autónoma “pague el test sanitario en origen a los turistas que vengan a las Islas”. El diputado Francisco Déniz entiende que esa “responsabilidad es de las agencias de viaje, de la patronal hotelera y de las líneas aéreas”, por lo que anima al Gobierno a “cerrar esa puerta”, dirigiéndose especialmente a Castilla. Déniz insiste en que es el empresario hotelero quien debe corresponsabilizarse de esta situación, pues “el beneficio es para ellos”. Una propuesta ya adelantada por el propio consejero de Sanidad en funciones, Julio Pérez, quien señaló que “el coste debe repartirse entre los turistas, la industria hotelera y las propias aerolíneas”.
El presidente de la asociación hotelera de Tenerife y La Palma (Ashotel), Jorge Marichal, coincide en que los test deben realizarse en origen, de este modo la experiencia turística sería “completa” y la afección “mínima” en los destinos turísticos por parte de los visitantes. Cree que la financiación de esas pruebas diagnósticas “no debería ser un problema” y asegura que los propios clientes, al igual que los hoteleros, entenderían que se les tiene que realizar el test. Esa sería una de las “mayores promociones” que se podrían tener sobre la mesa, ya que en estos momentos no existe una crisis de destino sino sanitaria. “Tenemos que trabajar en eso y estoy seguro de que tanto clientes como operadores, turoperadores, líneas aéreas y hoteleros estaríamos dispuestos, junto a los gobiernos, a participar”, dijo a este periódico, sugiriendo la idea de realizar una acción conjunta.
Consciente del gasto que conlleva una mayor seguridad insiste en que el objetivo es “ganar competitividad” y para ello hay que tomar medidas para que el sector se pueda levantar de nuevo. “Creo que entre todos podemos afrontar esto, el consumidor estaría dispuesto a hacerlo en una gran parte para que la experiencia turística sea segura”, afirma. El dirigente de los hoteleros tinerfeños y palmeros reitera la importancia de la reciprocidad, “no solo tenemos que ser exigentes a la hora de que los turistas entren controlados sino que cuando se vayan a sus países sus familiares, conocidos y compañeros de trabajo tengan derecho a saber que no les van a causar ningún problema”. Por ello, considera que en Europa debe haber “un sentido común” en el que se priorice la sanidad y la salud de todos los europeos“. Se tienen que poner ”normas claras de mínimos y máximos“, que los destinos las apliquen de igual forma y que esa circunstancia ”no se convierta en una ventaja o desventaja competitiva“. ”Da vergüenza el hecho de ver cómo destinos turísticos están intentando adelantar la jugada aprovechando este tema“, sentencia.
La seguridad en los aeropuertos, un aumento en las tarifas
El real decreto del 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria establece que Aena, como gestora de la red de aeropuertos de interés general, debe poner a disposición de los servicios centrales y periféricos de Sanidad Exterior de modo temporal los recursos humanos, sanitarios y de apoyo con el objetivo de garantizar el control sanitario de pasajeros. De igual forma, detalla que la agencia “tendrá derecho a recuperar los costes en los que incurra como consecuencia de la colaboración con las autoridades sanitarias”, al cálculo de la recuperación de estos costes “se descontarán las posibles subvenciones u otro tipo de ayudas económicas que eventualmente pueda recibir Aena para llevar a cabo estas actividades”. En caso de que estos costes no se pudiesen cubrir en el marco del DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) 2017-2021, podrán ser recuperados en cualquiera de los siguientes DORAs. Este instrumento traslada el coste derivado de la pandemia a una nueva tarifa aeroportuaria, que se suma al precio del billete. Es decir, estos gastos harán que se encarezcan los billetes de avión.
Esta decisión ha caído como un jarro de agua fría para la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que este miércoles ha pedido el Gobierno que asuma todos los costes derivados de los protocolos sanitarios en los aeropuertos. En un comunicado han señalado que es “un perjuicio y un freno a su necesaria recuperación”. El presidente del colectivo denuncia que el Ejecutivo “ponga piedras en el camino de la recuperación del sector aéreo y del turismo en España”. Insiste en que es “más necesario que nunca” que se bonifiquen las tiras para motivar la demanda.
Desde la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas apuntan que para un destino como el canario provocaría “el descenso de la las llegadas de visitantes”, especialmente en un contexto donde se “deben poner en marcha incentivos para la recuperación turística”.