'Tiempo de silencio': los profesionales de las bibliotecas públicas de Canarias opinan sobre la práctica de la censura

Las bibliotecas públicas son organizaciones democráticas que garantizan la pluralidad y la diversidad informativa a la ciudadanía, así como el acceso libre a la información contenida en sus recursos y el respeto a la libertad de opinión.

Este paradigma, que tradicionalmente ha regido su organización y funcionamiento, se ha visto superado por una coyuntura determinada en la Comunidad Valenciana, donde el Partido Popular (PP) y VOX han tomado decisiones de carácter político que han afectado a ciertas bibliotecas públicas, sin atender a principios de gestión bibliotecaria, además de cuestionar la labor y los conocimientos de los profesionales que están al frente de ellas. 

Estas decisiones han sido calificadas por el sector profesional como actos de censura, teniendo en cuenta que vivimos en un Estado democrático, siendo un ejemplo el caso de la Biblioteca Pública Municipal de Burriana (Castellón). En 2023 el Gobierno municipal, formado por la coalición PP-VOX, ordenó la cancelación de la suscripción de varias revistas catalanas presentes en dicha biblioteca. Asimismo, VOX, aplicando su ideario político, también pretendió, en septiembre de ese mismo año, reorganizar la sala infantil y juvenil de dicha biblioteca: su idea era quitar todos los documentos de temática LGTBI y diversidad sexual de esa sala y reubicarlos en una sección “especial” dentro del área de adultos.

En vista de estas y otras actuaciones de carácter antidemocrático en distintas bibliotecas públicas de esa comunidad autónoma, en julio de 2024 se presentó en la Universidad de León un trabajo académico relacionado precisamente con este tema, denominado “Tiempo de silencio. La práctica de la censura en las bibliotecas públicas municipales en España entre 2020 y 2024 a través de la percepción de los profesionales de las bibliotecas públicas de Canarias”, cuyo autor es Francisco Javier León Álvarez, auxiliar de la Biblioteca Pública Municipal de La Orotava (Tenerife), y en el que participaron profesionales de las bibliotecas públicas de Canarias.

Se trata de un estudio pionero en España porque, por primera vez, se aborda esta praxis negativa en el contexto de sus bibliotecas públicas, al mismo tiempo que constituye una aproximación para conocer la opinión de los profesionales del sector sobre esta cuestión, que vulnera la libertad en el acceso a la información en un servicio de carácter público.

Los profesionales que han participado destacan que la censura, aplicada al acceso a cualquier documento que forme parte de la colección de una biblioteca pública, no solo impide el crecimiento intelectual con carácter libre de las personas usuarias, sino que también limita sobremanera su enriquecimiento informativo, fruto del control de la propia información para responder a unos fines determinados. 

Además, ratifican que uno de los objetivos fundamentales de las bibliotecas públicas es respaldar la presencia de documentos con contenidos heterogéneos, sin aplicar ningún tipo de barrera, lo cual va asociado a esa libertad en el acceso a la información, convirtiéndose así en la manera para fomentar el pensamiento crítico entre la ciudadanía, empoderarla en el conocimiento y promover el hábito de la lectura.

En la estructura de dicha investigación queda patente que esos profesionales rechazan cualquier tipo de restricción que afecte a la incorporación de documentos a la colección de una biblioteca pública, ya que se estaría vulnerando el derecho democrático y universal de una persona para buscar y encontrar información que le interese, y tampoco sería un ejercicio de transparencia en un servicio público. Esto debería recogerse en el reglamento de toda biblioteca, con la prohibición expresa de la censura aplicada a cualquier aspecto de su funcionamiento.

Al respecto, consideran a que, desde 2020 hasta la actualidad, la censura en las bibliotecas públicas en España solo está afectando a unas provincias concretas, de ahí que no constituye un fenómeno generalizado, siendo los partidos políticos el principal agente que está provocándola.  

Además, estiman que es necesario crear un Observatorio Nacional de la Censura para monitorizar y evaluar esta práctica con el fin de que no se reproduzca. También consideran que el papel del Consejo de Cooperación Bibliotecaria es fundamental, recomendando que edite un documento donde explique en qué consiste la libertad de acceso a la información en esas bibliotecas, con lo cual dichos profesionales tendrían un marco de actuación común para hacer frente a posibles prácticas censoras en sus respectivos centros de trabajo.

Al mismo tiempo, y tomando como base lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana, afirman que la colección de una biblioteca pública debe ajustarse siempre a la diversidad informativa, que afecta igualmente a los propios servicios bibliotecarios, porque esto garantiza su impacto positivo en la comunidad y que represente a la pluralidad social y cultural que la conforma. A su vez, rechazan la creación de una sección “especial” y separada del resto de los documentos de la colección para libros sobre diversidad sexual, ya que, de nuevo, se vulneraría el derecho a la privacidad en la consulta, el libre acceso a la información y el respeto a la diversidad sexual en una sociedad inclusiva.

Hay que destacar que en las bibliotecas públicas canarias donde trabajan esos profesionales no se han registrado quejas por las personas usuarias en ese período comprendido entre 2020 y 2024 por la presencia de documentos relacionados con temáticas diversas, incluido el contenido LGTBI+. Esto demuestra que la propia ciudadanía respeta y valora positivamente el carácter plural en los contenidos de la colección de su respectiva biblioteca pública.

En último aspecto de relevancia es que esos profesionales son proclives a desarrollar un perfil neutral en su relación con las personas usuarias, evitando así cualquier posicionamiento ideológico o comentario que rompa su papel como intermediarios entre aquellas y la colección y los recursos de la biblioteca. A su vez, el asociacionismo profesional es un marco fundamental para cohesionar y defender a los propios profesionales frente a posibles prácticas censoras, así como para preservar el derecho de las personas usuarias a acceder a cualquier tipo de información. En este caso, consideran que la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias juega un papel decisivo para cumplir esos objetivos, así como para comunicar públicamente cualquier acto de censura que se produzca en una biblioteca pública del Archipiélago.