Los trabajadores del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria denuncian el deteriorio de los centros que gestiona al encontrarse en una situación de abandono tal y como muestran las fotografías que han expuesto a las puertas de la sede de la corporación insular.
Instalaciones eléctricas sin las pertinentes medidas de seguridad, habitaciones separadas por mamparas, baños con revestimientos que se caen a pedazos, son algunas de las imágenes que el comité de empresa denuncian en los centros del Instituto, ya sean públicos o privados, como el centro social de El Sabidal, el Hospital Demartológico, el centro social de Nuestra Señora de El Pino o la residencia mixta de Taliartte
Achacan la responsabilidad de ese deterioro a Nueva Canarias con la complicidad del presidente del Cabildo, José Miguel Pérez. Ya que la calidad de los centros “ha disminuido de una forma asombrosa”, según afirma el presidente del Comité de Empresa de este organismo, Ceferino Marrero.
“Los políticos se llenan la boca en valorar el primer año de gestión cuando los mayores de estos centros se encuentran en unas condiciones precarias”. Para Marrero esto significa que “el tema social en Gran Canaria está en declive”.
Marrero afirma que como miembro del Consejo Rector asegura “que desde que llegó el nuevo gobierno al Cabildo ”no se ha adjudicado ni una sola obra para una residencia de mayores nueva, y las que están del anterior mandato se están deteriorando“ .
Así, “la residencia de Santa Brígida que se inauguró recientemente a bombo y platillo no hay enfermeros los sábados, ni médicos los domingos, en el centro del Pino, la falta de personal también es cotidiana”.
Marrero afirma que en 32 años que lleva trabajando en esta empresa jamás ha visto “un nivel de deterioro como el que existe actualmente en estos centros”, en este sentido denuncia que, por ejemplo, no existe dinero para una alimentación más adecuada para los mayores o para su higiene básica, pero sí “para pagar horas extras”. Así, en el mes de mayo los gastos que se generaron por horas extras a los responsables de las empresas alcanzó los 2.935, 51 euros.
Desde el comité de empresa afirman que seguirán denunciando esta situación durante toda la legislatura.