El comité de empresa del personal laboral de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias exige que se “respeten y cumplan” los derechos de los empleados, y advierte de que está dispuesto a acudir a la justicia si fuera necesario.
En un comunicado, el comité insta también a que, “por responsabilidad y legalidad”, se retomen los asuntos pendientes y urgentes de solución para lo que reclama la convocatoria de los órganos y mesas negociadoras competentes.
“Son históricas” las reivindicaciones del personal laboral, especialmente en Educación, recalca la nota, que, entre sus quejas, señala que este es el tercer año que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma publica y ordena en su capítulo uno el derecho de los trabajadores y trabajadoras de actividad discontinua a computar los meses de julio y agosto a efectos de antigüedad y la Consejería “ni caso”, pese a las demandas que se han ganado en el juzgado sobre este asunto.
Además, el comité de empresa señala que hace tres años que están a la espera de la apertura de unas listas de reserva y una ampliación de plantilla que no llega, y si bien las organizaciones sindicales no aprobaron hace más de un año esa ampliación por falta de documentación e incongruencias, considera que ha pasado el tiempo más que necesario para que salga adelante.
La merma en la plantilla hace que el personal trabaje con ratios por encima de lo establecido (caso del personal del servicio de comedores), que se tarden en cubrir vacantes y que desde los servicios centrales tengan que hacer “encaje de bolillos” cada vez que haya que cubrir una necesidad en un centro educativo.
El comité de empresa califica de “muy grave” también el retraso de tres años para la apertura de las listas de reserva.
La falta de personal en las listas para cubrir bajas o vacantes hace que se estén cubriendo con ofertas genéricas (listado de personas solicitadas al Servicio Canario de Empleo), “saltándose el principio de igualdad, mérito y capacidad establecido en la obligada normativa y anulando el derecho de cualquier ciudadano a presentarse a unas listas de reserva para trabajar en la administración”, según el comité.
La contratación de personal por este sistema es algo que debe hacerse de manera extraordinaria, “pero esta Consejería al prescindir de listas de reserva lo está realizando de manera sistemática, normalizando y reduciendo la posibilidad de trabajar en la administración a unos pocos de modo aleatorio y con suerte”.
El comité añade que la Consejería contrata a empresas externas, las cuales envían a los centros a personal que trabaja menos horas que el propio de la Consejería y que en caso de ausentarse no son sustituidos.
Por otra parte, denuncia que los auxiliares administrativos de los centros de primaria y secundaria todavía no han percibido en su salario el complemento de atención especializada a la ciudadanía que les correspondía cobrar en el año 2022; que los procesos de traslados efectivos de personal funcionario se efectúan sin la “menor previsión y preocupación por sus consecuencias”, y que el personal discontinuo temporal en situación de incapacidad temporal, no cobra la pensión transcurridos los 12 meses.