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Los trabajadores de Emalsa siguen en huelga para exigir un aumento salarial tras no llegar a un acuerdo con la directiva

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

Los trabajadores de la Empresa Municipal de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria (Emalsa) continuarán el jueves con la huelga convocada para exigir una subida salarial del 1% en 2017 y un nuevo convenio colectivo, al no haber llegado este martes a un acuerdo con los directivos de la empresa.

El presidente del comité de empresa de plantas desaladoras y laboratorios, Federico Quintana, ha informado a Efe de que en la reunión celebrada esta tarde con los directivos de la empresa, estos no han considerado suficientes las rebajas que han admitido en sus peticiones.

Según Quintana, la huelga de tres días, que han llevado a cabo ayer lunes, este martes y que continuarán el viernes, pasará a ser indefinida a partir de la próxima semana, si no se produce un acercamiento por parte de la compañía.

“No podemos bajar más la propuesta inicial para cerrar un cuerdo de mínimos”, ha afirmado el representante de los trabajadores, quien ha insistido en que desde hace seis años tienen sus salarios congelados.

Quintana ha explicado que la empresa “quiere retocar artículos del convenio colectivo que no se pueden cambiar en un escenario de conflicto laboral”, una cuestión que los trabajadores están dispuestos a negociarlos pero en un escenario de paz social, a partir de enero.

Así mismo, ha afirmado que han renunciado a la subida salarial del 1,5 por ciento que reclamaban para 2018 y posponer esta negociación también al próximo año.

Sin embargo, ha dicho que la empresa vincula los cambios que quiere introducir en el convenio a la subida salarial del 1 por ciento que reclaman para 2017, algo que no admiten los trabajadores.

En cualquier caso, Quintana ha insistido que si no se producen cambios en la postura que mantiene la dirección de Emalsa, irán a la huelga indefinida y la situación se podría radicalizar, aunque ha dicho que no disponen de mucho margen debido a los servicios mínimos “abusivos” declarados por el Ayuntamiento.