El Tribunal de Cuentas ha detectado en uno de sus informes de fiscalización que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) pagó en 2016 pensiones no contributivas a 1.096 personas que ya habían fallecido, superando el importe global de las nóminas abonadas indebidamente los 11 millones de euros.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, analiza las nóminas emitidas en diciembre de 2015 y diciembre de 2016 y cruza esta información con los datos de fallecidos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2016.
La conclusión del órgano fiscalizador es que existen “debilidades” en el procedimiento de detección de fallecidos por parte de los órganos gestores de las prestaciones, “debilidades” que, a su juicio, resultan “especialmente significativas” cuando el plazo transcurrido entre el fallecimiento y su detección es superior a cuatro años, dada la posible prescripción del derecho a recuperar las cantidades indebidamente pagadas.
En su informe, el Tribunal de Cuentas desvela que el Imserso pagó en 2016 un total de 1.096 pensiones no contributivas a personas ya fallecidas por un importe superior a los 11 millones de euros, del que sólo se han recuperado en torno a 2,2 millones, aproximadamente el 20% de la cantidad global abonada de manera indebida.
Comunidad Valenciana es la región en la que el Tribunal detecta un mayor número de beneficiarios fallecidos (234) y el mayor importe abonado indebidamente (9,8 millones de euros). De esta cantidad, apenas se han recuperado 1,5 millones de euros.
No obstante, el órgano fiscalizador señala en este punto que algunas entidades financieras no devuelven el dinero al considerar que son cantidades prescritas por haber transcurrido más de cuatro años.
Por ello, el Tribunal recomienda a la Seguridad Social que estudie la posibilidad de implantar un procedimiento homogéneo para recabar la colaboración de las entidades financieras en la retrocesión de mensualidades que van más allá de los últimos cuatro años cuando los fondos continúen depositados en la cuenta bancaria.
En caso contrario, insta a obtener de los bancos información para identificar a los cotitulares que hayan podido disponer indebidamente de las cuantías correspondientes, todo con el objetivo de que el Imserso o las comunidades autónomas inicien las actuaciones judiciales o de cualquier otra índole que estimasen procedentes.
En relación con el procedimiento de retrocesiones bancarias por nóminas emitidas a favor de fallecidos, el Tribunal de Cuentas anima a la Seguridad Social a instar a las entidades financieras a que efectúen los controles de vivencia y que informen de los resultados a los órganos gestores de la prestación.
MÁS DE 19 AÑOS FALLECIDO Y COBRANDO PENSIÓN
Generalmente, en más de la mitad de los casos en los que se abonan pensiones no contributivas a personas ya fallecidas, las mensualidades que se pagan de más no llegan a uno o dos meses, algo que el Tribunal de Cuentas sitúa dentro de la normalidad, pues los pagos cesan en cuanto el órgano gestor de las prestaciones tiene conocimiento del fallecimiento.
Ahora bien, existen casos bastante llamativos, como nuevamente el de la Comunidad Valenciana, donde casi el 70% de las pensiones no contributivas abonadas indebidamente a personas fallecidas se estuvieron pagando durante más de cuatro años, llegando la mayoría de ellos a superar los 10 años de abono con posterioridad a la muerte del beneficiario.
Incluso en un caso se llegó a pagar la pensión a un fallecido durante más de 19 años, según advierte el Tribunal de Cuentas.
DATOS POR COMUNIDADES
De acuerdo con este informe, Comunidad Valenciana (234), Galicia (208), Andalucía (186) y Canarias (134) son las comunidades autónomas donde el Imserso pagaba en 2016 un mayor número de pensiones no contributivas a personas fallecidas.
Les siguen Madrid (94), Castilla y León (76), Castilla-La Mancha (65), Cataluña (36), Cantabria (26), Extremadura y Asturias (9), Aragón (8), Murcia (4), Ceuta y Melilla (tres cada ciudad autónoma) y Baleares (1).
Las pensiones no contributivas garantizan una renta económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y los servicios sociales complementarios del sistema de la Seguridad Social a las personas que no hayan cotizado nunca o no lo hayan hecho el tiempo suficiente para alcanzar la prestación de nivel contributivo.
En 2016, año fiscalizado en este informe, los Presupuestos Generales del Estado establecieron la cuantía mensual de las pensiones no contributivas en 367,9 euros mensuales (5.150,6 euros al año), aunque existen complementos para personas con discapacidad o afectadas por una enfermedad crónica en un grado igual o superior al 75%.
En relación con su financiación, las pensiones no contributivas se sufragan mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, figurando el crédito en el presupuesto de gastos del Imserso, y materializándose el pago a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto para las comunidades de Navarra y País Vasco.
Las pensiones no contributivas constituyen la práctica totalidad (el 99,19%) de las prestaciones económicas abonadas por el Imserso.