Los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de siete comunidades autónomas, entre ellos el de Canarias (TSJC), han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un refuerzo para los juzgados que investigan casos de corrupción con el fin de agilizar los procedimientos en marcha.
Los tribunales superiores que han reclamado colaboración son los de Baleares, Canarias, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Murcia, además de la Audiencia Nacional, que ha pedido una unidad permanente de peritos para este organismo, informa este jueves el CGPJ en un comunicado que recoge Efe.
No han solicitado, por el momento, ninguna medida de apoyo los tribunales superiores de Justicia de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Navarra.
Ante el pleno del Consejo, el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, ha dado cuenta de la información recibida de los tribunales autonómicos sobre este asunto, en atención a la petición que hizo hace un mes el órgano de gobierno de los jueces y magistrados.
Baleares ha solicitado en su informe el mantenimiento de las medidas de refuerzo en esta región: tres magistrados en las secciones penales de la Audiencia Provincial y uno en el Juzgado de Instrucción número 3, ambos en Palma de Mallorca.
En el caso de Canarias, el presidente del Tribunal Superior de Justicia autonómico, Antonio Castro, ha pedido un juez de refuerzo para el Juzgado de Primera Instancia 5 de Arrecife de Lanzarote y otro para el Juzgado de Instrucción 1 de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), mientras que Cantabria requiere, en el informe remitido al CGPJ, de más medios para el Juzgado de Medio Cudeyo.
Castilla-La Mancha alerta de la falta de funcionarios en diversos juzgados de la región, y Castilla y León insta a reforzar la plantilla de funcionarios del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Ávila.
También solicita un juez de refuerzo la región de Murcia para el Juzgado de Instrucción 1 de San Javier, una medida que ya está contemplada en el seno del CGPJ y que se adoptará en breve; al tiempo que País Vasco llama la atención en su informe sobre la necesidad de refuerzo y de apoyo administrativo para el Juzgado de instrucción 4 de Vitoria.
Estas necesidades han sido planteadas a petición de Moliner, que el pasado 6 de febrero pidió a los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos que remitieran una completa información sobre procesos relacionados con la corrupción política y económica que se tramitan en órganos judiciales.
El presidente del CGPJ solicitó los informes ante “la gravedad y alarma social” que estaban alcanzando las noticias sobre corrupción política y a la vista de algunas manifestaciones que denunciaban la falta de medios en los órganos judiciales para la investigación de estas causas.
El objetivo es determinar la afectación que los casos de corrupción tienen sobre el funcionamiento de la Justicia, para saber si se colapsa, y aportar soluciones necesarias o medidas de refuerzo para agilizar los procedimientos.
Tras la exposición de los informes, Moliner ha instado a los vocales autonómicos para que completen, en su caso, la información aportada por los presidentes, en relación a las medidas de refuerzo solicitadas.
Una vez hecho el diagnóstico, el presidente del CGPJ se ha comprometido a hablar de ello con los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, “para abordar los problemas que tienen los juzgados autonómicos y facilitarles los medios materiales y personales con absoluta eficacia”.
A principios de febrero, los jueces decanos de toda España reclamaron más medios para investigar los asuntos relacionados con la corrupción y los delitos económicos, así como para las “causas complejas con especial relevancia social”.
De esta forma, los jueces decanos apoyaban la queja expresada por los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional el pasado 30 de enero respecto a la falta de medios en estos asuntos, una situación que, según destacaban, “se da en todos los juzgados y tribunales de España que investigan y enjuician este tipo de delitos”.