En el año 2006, una avalancha de cayucos llegaba a las costas canarias. Más de 31.000 inmigrantes arribaron a las Islas en estas embarcaciones, desbordando los tres Centros de Internamiento de Extranjeros con los que cuenta de forma permanente el Archipiélago: el Matorral (Fuerteventura), Barranco Seco (Gran Canaria) y Hoya Fría (Tenerife). Esta afluencia masiva obligó a habilitar campamentos provisionales en otros puntos de las Islas, como La Isleta, Las Raíces o, incluso, en un restaurante abandonado en La Gomera.
A las denuncias de las organizaciones sociales por el hacinamiento, las condiciones deplorables de las instalaciones acondicionadas?un sindicato policial hablaba de ''lugares infestados de ratas y basura“- y el tratamiento dispensado a los extranjeros, se unió algún capítulo polémico, como un motín en el centro de El Matorral que se saldó con varios heridos.
Más de un lustro después, los CIE canarios están prácticamente vacíos. El centro de El Matorral, el mayor de España con capacidad para 1070 personas, no alberga a ningún inmigrante, aunque mantiene las infraestructuras y una dotación policial permanente. En el de Hoya Fría, de 238 plazas, actualmente se encuentran retenidos siete extranjeros. Por su parte, el de Barranco Seco, con capacidad para 168 personas, registra actualmente la mayor ocupación, con 34 inmigrantes.
Según los datos facilitados por el ministerio del Interior, en 2011 la llegada de inmigrantes en situación irregular a través de embarcaciones experimentó en Canarias un ligero repunte, de los 196 de 2010 a los 340. Durante los años precedentes, habían arribado a las costas canarias 2.246 (2009), 9.181 (2008) y 12.478 extranjeros (2007).
Para Juan Carlos Lorenzo, coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la actual coyuntura económica actúa como elemento desincentivador para el proyecto migratorio, pero no es la causa única de la tendencia descendente. Lorenzo incide en las “políticas disuasorias” que se han implantado a nivel estatal y europeo. “Se antepone el control del flujo migratorio por motivos de seguridad a la realidad social. Los índices de desarrollo marcan que la situación en África es más desastrosa que hace dos años”, subraya.
El representante de CEAR apunta a las “fuertes medidas de presión” ejercidas por el Frontex (Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores) en los últimos años para la “represión” de los flujos con la externalización de las fronteras. “El tráfico se genera porque existe una demanda, una realidad que es previa”, explica Lorenzo, para quien la actuación del Frontex lo único que ha generando es “un desplazamiento” de los itinerarios y de las rutas migratorias.
Blanca Ruiz, coordinadora de Las Palmas Acoge, también vincula el descenso en el número de internos de los centros a varias sentencias del Tribunal Supremo que han sentado doctrina en cuanto a las estancias irregulares, al establecer que la medida de expulsión “no puede ser una sanción indiscriminada” y debe estar suficientemente motivada, ya que la sanción procedente es la multa. Esta jurisprudencia “ha reducido el número de personas a las que se ha incoado expediente de expulsión”, asegura Ruiz.
Vacío legal
El vacío o semivacío de los tres CIE de Canarias difiere de la situación de los seis restantes del territorio español, al límite de su capacidad. En lo que no se diferencian es en otro vacío, el legal, producido por la ausencia de un reglamento específico que regule su funcionamiento y las condiciones de los internos.
Los CIE fueron creados en 1985 a raíz de la aprobación de la primera Ley de Extranjería, que preveía el internamiento en centros sin carácter penitenciario de los inmigrantes en situación administrativa irregular, como medida cautelar mientras se tramitaba su expulsión. El tiempo máximo de estancia se estipuló en 40 días, un plazo que se incrementó hasta los 60 días en 2009 aprovechando la Directiva de Retorno de la UE, que instaba a los Estados miembros a armonizar las cifras fijando en 180 días la estancia máxima permitida.
Diez años antes, en 1999, una Orden Ministerial estableció una regulación para los centros, aunque, según denuncian las más de 350 entidades firmantes de la campaña 'Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE', su aplicación ha quedado “en papel mojado” por la “insuficiencia y ambigüedad de su articulado”. Los parámetros carcelarios de los centros, su opacidad, la vulneración de derechos de los inmigrantes, y las restricciones al acceso de las ONG han sido las principales denuncias que han planteado diversas organizaciones sociales, el Defensor del Pueblo o la Fiscalía en los últimos años.
En la memoria de la Fiscalía del pasado año se constata, por ejemplo, que el centro de Hoya Fría, en Tenerife, no ha implantado el servicio social que prevé la Orden Ministerial ni una “adecuada” asistencia jurídica para los internos. Un año antes, el Defensor del Pueblo había incluido en su informe que el centro había contratado a un trabajador social para los ejercicios 2008 y 2009, al haber evidenciado su ausencia en la visita que realizó a las instalaciones en 2007. En el mismo documento, explica que el CIE de Barranco Seco disponía de un trabajador social “solo los últimos cinco meses del año”. La Fiscalía, por su parte, subraya en su última memoria que el centro de Gran Canaria no dispone de un plan de seguridad y emergencia contra incendios. A estas deficiencias, CEAR suma la insuficiencia de intérpretes. “No basta con que les des documentos en diferentes idiomas”, asevera Juan Carlos Lorenzo.
El nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció la pasada semana su voluntad de acabar con este 'limbo legal' mediante la elaboración de un reglamento para fijar el régimen de organización y funcionamiento, con un modelo que limite la labor de la policía a las tareas de seguridad y con personal especializado para el resto.
El Sindicato Unificado de Policía, que ha tildado a los CIE de “zona oscura en el Estado de Derecho”, considera que la medida anunciada por el ministro, aun siendo necesaria, “no soluciona el problema mayor”. José María Benito, portavoz del sindicato, cuestiona la existencia de los propios centros, al entender que el tratamiento que se dispensa a personas que, en la mayor parte de los casos, han cometido una infracción administrativa y no delitos “no es adecuado”. “No es un problema policial, sino social y económico”, resalta al tiempo que pone en entredicho la eficiencia de los centros, en especial en la situación actual de Canarias.
“Los CIE atentan contra la dignidad de la persona”, concluye Juan Carlos Lorenzo de CEAR, que dibuja el cierre de los centros como “el escenario al que el respeto de los Derechos Humanos nos debería conducir”. Una opinión que comparte con Blanca Ruiz, de Las Palmas Acoge, quien considera que la privación de libertad por infracciones administrativas “choca con los esquemas jurídicos del ordenamiento español”.