Los vecinos de una avenida de Mogán afectada por un derrumbe a causa de una obra temen por la integridad de sus viviendas
Residentes en zonas colindates a la avenida Mencey han presentado un escrito al Ayuntamiento del municipio grancanario reclamando una serie de medidas que garanticen su seguridad: “Tenemos miedo”
Una treintena de vecinos que residen en zonas cercanas a la avenida Mencey, en el municipio grancanario de Mogán, han presentado el pasado lunes un escrito al Ayuntamiento después de que el día 20 de agosto cerrara al tráfico dicha calzada “debido a problemas en la estructura del firme, toda vez que el mismo ha cedido como consecuencia de las obras que se están desarrollando en sus proximidades”, según comunicó el propio Consistorio en sus redes sociales.
En concreto, el Ayuntamiento de Mogán concedió en octubre de 2019 licencia urbanística de obra mayor a la entidad Syden Bygg Mogan S.L. para construir de tres edificios con 62 viviendas ubicadas entre la avenida Mencey y la calle Nayra. En el documento, los vecinos explican que desde el 17 de agosto observaron problemas en el firme de la avenida Mencey y, tres días después, el Ayuntamiento procedió a su cierre por descalzamiento y agrietamiento.
Los vecinos reconocen que tienen “miedo” de que esta obra afecte a sus viviendas, que colindan con la zona afectada, o al alcantarillado bajo la avenida afectada. Ante el silencio del Ayuntamiento, queso comunicó el cierre de la calzada en su cuenta de Twitter, decidieron realizar una serie de peticiones para que el Consistorio les garantizara su seguridad, expresado en la primera de ellas el requerimiento de una copia del expediente que debe haber tramitado la administración local en relación con el cierre de la avenida.
Los residentes en la zona reclaman que se paralicen las obras y se elabore un estudio de viabilidad hasta que se solventen los riesgos que pudieran existir. También exigen un estudio geotécnico del área que incluya la zona más próxima a las viviendas sitas en la avenida Mencey y que se evalúe la situación del alcantarillado que transcurre a lo largo de la calzada y, si fuera necesario, que se asuman los gastos para garantizar su funcionamiento.
Además, piden al Ayuntamiento que solicite a la constructora una evaluación estructural de la propia avenida tras los daños sufridos y que asuman los gastos que fuesen necesarios para asegurar la vía y su asfaltado completo, devolviendo la seguridad completa a la misma.
Los residentes han constatado que, a pesar de cerrar al tráfico la avenida, los camiones y vehículos pesados continúan transitando para trabajar en las obras, por lo que impidan que se siga permitiendo su paso y se garantice el acceso seguro a todos los ciudadanos que tienen sus viviendas en dicha calzada.
Un expediente sin garantía jurídica suficiente
En un comunicado, la portavoz de Nueva Canarias, Isabel Santiago, explica que su formación no apoyó el estudio al detalle aprobado en un pleno celebrado en marzo de 2019 por los concejales de Ciuca, PSOE y del PP de Mogán, previo a la concesión de la licencia, porque consideró que el expediente carecía de la seguridad jurídica suficiente.
La concejala de la formación nacionalista explica que ese expediente ponía en duda la vigencia del Plan Parcial de Cornisa del Sur, pues al parecer no se llegó a publicar nunca. Por lo que quienes apoyaron esta iniciativa y concedieron la licencia podrían haber incurrido en un delito de prevaricación.
Por ello, Nueva Canarias presentó un escrito en el Consistorio or el que exige a la alcaldesa la realización de un estudio geotécnico en la zona, que se evalúen las estructuras de las viviendas colindantes, que se suspenda el paso de los camiones de gran tonelaje y que se garantice el acceso seguro de los vecinos a sus viviendas, así como que requiera a los promotores para que asuman los gastos de todos los daños y perjuicios causados tanto patrimonio público como a los ciudadanos de la zona.
Isabel Santiago, ha manifestado que la actuación municipal es prioritaria en este asunto para evitar males mayores que puedan afectar a la seguridad de los vecinos, además ha recalcado que son los responsables políticos, que aprobaron el estudio de detalle y que concedieron la licencia, los que deben actuar sin dilación.
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