Decenas de vecinos del municipio grancanario de Mogán se han concentrado este sábado a las puertas de los hoteles que alojan migrantes para increparles: “¡Fuera, abusadores!”. La Plataforma Vecinal de Arguineguín ha presumido en su cuenta de Facebook de “tomar las riendas del problema” y “plantarle cara a los inmigrantes”. Así, algunos residentes del municipio que gestiona Onalia Bueno (Ciuca), han asistido al locutorio donde las personas llegadas en patera a Gran Canaria acuden para hablar con sus familias. La Policía Local ha explicado a Canarias Ahora que, con el fin de evitar incidentes, los agentes se han desplazado a este punto. También la Guardia Civil ha acudido a las puertas de los hoteles donde están las personas migrantes “para evitar posibles alteraciones del orden público u otro tipo de posibles actos delictivos”. Sin embargo, no se ha producido ninguna detención o denuncia administrativa. La Delegación del Gobierno asegura que no sabe nada del asunto.
El PSOE de Mogán se ha pronunciado en sus redes sociales y ha hecho un llamamiento a la calma y la comprensión. “La violencia nunca puede ser la solución a ningún problema”. La exconcejala del Ayuntamiento y diputada autonómica Pino González ha lamentado en declaraciones ofrecidas a este periódico las “provocaciones hacia los migrantes” que han protagonizado esta mañana los jóvenes del municipio. Asimismo, afirma que el uso político de la crisis migratoria y los discursos de algunas administraciones incitando a la movilización han traído “graves consecuencias”. González señala a la alcaldesa, Onalia Bueno, como una de las responsables del malestar y la xenofobia que se ha instaurado en el sur de la isla contra personas vulnerables y critica su “doble discurso”. “Primero nos hizo creer que defendía los derechos humanos, pero ahora da un ultimátum para desalojar los hoteles de migrantes”, asevera.
Bueno, investigada por una presunta compra de votos en las elecciones municipales de 2015 y 2019, amenazó con abrir expedientes sancionadores contra los establecimientos hoteleros si seguían cediendo sus espacios a fines humanitarios a partir del 31 de diciembre. Sin embargo, el propio ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ya aseguró en su visita a Canarias que antes de final de año todas las personas alojadas en complejos turísticos serían reubicados en siete campamentos distribuidos en todo el Archipiélago con una capacidad de 7.000 plazas. Escrivá explicó que los hoteles habían sido una solución temporal ante el incremento en las llegadas por vía marítima y la insuficiencia de recursos de acogida en la comunidad autónoma.
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos), tildó el discurso de la alcaldesa de “xenófobo y cuasifascista”. Ante esto, Bueno reaccionó ordenando la inspección de dos complejos de apartamentos que acogen menores extranjeros no acompañados, competencia del área de gestión de Santana.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha visitado Canarias en las últimas semanas para participar en manifestaciones que vinculan la caída del turismo en las Islas con la inmigración. Su propósito: conocer “de primera mano” las “preocupaciones de los canarios ante la avalancha de ilegales que han asaltado nuestras costas y que ponen en riesgo el modo de vida de los canarios”. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, ha negado que destinar hoteles y apartamentos a acciones humanitarias haya provocado pérdidas en el sector: “No tiene nada que ver. La caída se debe a que no hay flujo turístico por la pandemia”.
Durante la crisis de los cayucos de 2006, Canarias recibió 31.678 migrantes. Ese mismo año, llegaron a las islas 10,3 millones de turistas según los datos de Promotor, la empresa pública de Turismo del Gobierno de Canarias. Esta cifra desmonta lo que Vox ha intentado sostener en sus visitas a Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, afirmando que la inmigración irregular “destruye” la imagen de la región.
El partido de extrema derecha ha intentado abanderar el discurso anti-inmigración en el Archipiélago para arañar la notoriedad que no alcanzó en las urnas en los últimos comicios. El partido de Abascal no tiene representación en ninguna de las administraciones canarias. Ni en el Parlamento autonómico, ni en los siete cabildos insulares y tampoco en ninguno de los 88 ayuntamientos. Solo cuenta con dos de los 52 diputados que tiene el partido en el Congreso, uno por cada provincia.