El grupo de ciudadanos que ha pedido suspender cautelarmente la tramitación del concurso del proyecto Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias ha extendido su solicitud al presidente del Cabildo, Antonio Morales, ya que, según señalan, “contradice el Plan Insular de Ordenación (PIO)”.
El grupo, que remitió hace unas semanas esta petición a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha puesto en conocimiento de la situación al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, insistiendo en la necesidad de “suspender cautelarmente la tramitación del concurso” por ser contrario al PIO.
Solicitan al presidente insular que inste al Ayuntamiento a que el concurso cumpla con “los correspondientes trámites de evaluación ambiental y participación ciudadana ante las distintas alternativas que se planteen”.
Además, piden al Ayuntamiento que “ejerza sus competencias de ordenación, y emprenda la tramitación del Plan Especial de Ordenación del sistema general del Guiniguada en suelo urbano”, adaptándose al Plan Insular y “tomando las medidas cautelares pertinentes”.
Como ha detallado el grupo ciudadano en un comunicado, el área de actuación del proyecto tiene una superficie mínima de 32.245 m2 y un área de análisis o influencia de 340.130 m2, y supone una “contravención directa” del PIO al no mencionar al Plan Insular en la documentación citada.
Según los firmantes del escrito, este hecho “denota que el Ayuntamiento capitalino ha incumplido el deber de cooperación que impone el art. 19.1.b) de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias a las Administraciones públicas canarias con competencias en materia de ordenación territorial, medioambiental y urbanística”.
Al ser el objeto del concurso la redacción de un proyecto para ejecutar una obra sin aprobar previamente el Plan Especial determinado por el vigente Plan General del municipio e “incumpliendo una determinación específica” del vigente Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, el procedimiento en curso “aboca a una vulneración de la legalidad urbanística”, recalca el comunicado.
Desde este colectivo se pide que se apliquen los artículos 351 a 354 de la Ley 4/2017 del Suelo, que obliga a las Administraciones públicas canarias afectadas y con competencias en la materia a “realizar una gestión preventiva”, por lo que reclaman que se suspenda cautelarmente la tramitación del concurso.
Y ello porque considera que se dan “elementales razones de prudencia” y que se debe iniciar la tramitación del Plan Especial de Ordenación del ámbito íntegro del SG-51, de acuerdo con las determinaciones del planeamiento municipal e insular