Julia Jiménez es psicóloga y trabaja desde hace casi veinte años en la administración pública canaria. Accedió a través de un concurso-oposición para personal laboral y con un contrato por acumulación de tareas, para aliviar una lista de espera de más de un año y medio para la valoración de la discapacidad. Seis meses después, fue trasladada al servicio de Justicia Juvenil, dependiente de la Dirección General de Protección del Menor del Gobierno regional, a un equipo recién creado. Desde entonces se encarga, entre otras tareas, de implementar las medidas judiciales de internamiento terapéutico para adolescentes infractores.
José Antonio Valido es diplomado en Relaciones Laborales. Ejerce desde julio de 2005 en una oficina del Servicio Canario de Empleo (SCE) en el distrito Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. También entró por concurso-oposición, para ingresar en una lista de reserva. Solo aprobaron 16 personas en ese proceso selectivo. Con 46 años, es uno de los empleados públicos más jóvenes de un departamento que atiende a colectivos de difícil inserción laboral, aborda problemas de desempleo estructural, gestiona fondos europeos o ejecuta el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), dotado con una partida de 42 millones de euros.
Rita Moreno es arquitecta. En marzo de 1997 fue seleccionada a través de un proceso selectivo por la empresa pública Gesplan. Nunca llegó a incorporarse a esta sociedad. Fue directamente a la Consejería de Ordenación del Territorio, donde ejerce desde entonces como técnica especializada en ordenación del suelo rústico y los espacios naturales. En el año 2000 demandó a la administración por cesión ilegal de trabajadores. Los tribunales le dieron la razón en 2006 y la declararon personal indefinido no fijo. Se jubilará en menos de diez años.
Julia, José Antonio y Rita son tres de los empleados afectados por el abuso de la contratación temporal en las administraciones públicas canarias. Hasta ahora, ninguno de ellos ha podido optar a la consolidación, a obtener una plaza fija. La paralización de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) como consecuencia de la crisis económica de finales de la pasada década les ha privado del derecho a la estabilidad laboral que consagra el ordenamiento jurídico.
El Parlamento regional aprobó el pasado miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) que insta al Gobierno a buscar fórmulas para acabar con este “mal endémico” del Archipiélago. La Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley (PEFRALCA) estima que son más de 50.000 los trabajadores afectados en todas las Islas, contabilizando al personal de las administraciones insulares, locales y de la regional en todos sus sectores (general, Sanidad, Educación, Justicia...). La tasa de temporalidad en el Archipiélago ronda el 30%, aunque en algunos servicios, como por ejemplo el de Dependencia, creado hace algo más de una década, llega al 100%. A ello se le suma el envejecimiento de una plantilla que no se ha renovado ni por la vía de las ofertas públicas de empleo ni a través de la reposición de efectivos para cubrir las vacantes por la jubilación, fallecimiento o renuncia de los titulares de las plazas, debido a las restricciones impuestas en 2011 por el Gobierno liderado por Mariano Rajoy (PP). Según la PNL, más del 50% de los empleados públicos de Canarias se jubilará la próxima década.
La iniciativa parlamentaria responde a la alarma generada por los planes de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias de impulsar una OPE extraordinaria de estabilización y consolidación al amparo de los acuerdos suscritos en 2017 y 2018 entre el Ejecutivo central y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. La Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley y los sindicatos mayoritarios en la administración general de la comunidad autónoma, Intersindical Canaria y Sepca ya han advertido de que, en la práctica, las convocatorias celebradas bajo esta fórmula en estos últimos años han implicado el cese masivo de trabajadores con años de servicio, al utilizar sistemas de selección libres, no restringidos, y sin ningún trato diferencial a empleados temporales que accedieron a sus puestos respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
“Tengo 55 años. Llevo casi 24 en la administración pública y tengo compañeros con 33 de antigüedad. Cuando empiezas a trabajar, tienes un proyecto laboral y diez años por delante. Ahora mismo, llevo la carga económica de la casa yo sola. Durante seis años fui cuidadora de mis padres en situación de dependencia. Somos muchos los que estamos inmersos en esta situación. No parece de justicia que a estas alturas tengamos que competir en una oposición con recién graduados, con gente que acaba de salir de la carrera”, afirma Rita Moreno.
Los afectados remarcan que son víctimas de un abuso, el de la temporalidad, fruto de los propios incumplimientos de la administración pública. Julia Jiménez, portavoz de PEFRALCA, recuerda que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que la contratación temporal para el desempeño de tareas propias de los funcionarios de carrera (personal fijo) no podrá superar los tres años. Otra de las vías de acceso, la prevista para rebajar la acumulación de tareas en determinados servicios, fija un periodo máximo de seis meses. Sin embargo, la administración canaria se nutre en un buen porcentaje de trabajadores que han continuado en sus puestos una vez agotados esos plazos cubriendo necesidades estructurales, no eventuales, y sin haber podido optar en ningún momento a la consolidación de la plaza.
Esta situación también choca con la normativa europea. El armazón argumental de los trabajadores en fraude de ley se basa en la directiva comunitaria 1999/70/CE, que obliga a los estados miembros a acabar con la precariedad del empleo. Es esta directiva la que sustentó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 19 de marzo de este año u otra más reciente, dictada el pasado mes de octubre, a raíz de la cuestión de prejudicialidad elevada por un juez portugués ante la demanda presentada por un trabajador que ejerció de 200 a 2013 en el mismo puesto con cinco contratos de duración determinada. La justicia comunitaria insta a prevenir y sancionar la utilización abusiva de esta temporalidad. “España lo penaliza en el sector privado, pero no en el público”, señala Jiménez.
La portavoz de PEFRALCA sostiene que la fórmula del concurso-oposición impone una serie de barreras a los trabajadores temporales con amplia experiencia en la administración, amenaza sus puestos y no favorece la estabilidad laboral que propugna la directiva europea. Por un lado, las características propias de la fase de oposición, “puramente memorística”, castiga a empleados de avanzada edad y con cargas laborales y familiares. Si, además, el proceso no es restringido, “pueden acceder” profesionales de otras comunidades, lo que también dificulta la consolidación perseguida. Jiménez apunta que el perjuicio no es solo para el personal afectado, sino también para la administración, que puede perder todo ese bagaje acumulado a lo largo de décadas, la experiencia y las relaciones de equipos que, en muchos casos, cuentan con un alto grado de especialización. “Son muchos años de servicio, muchos temas los hemos sacado adelante por la relación entre técnicos de distintas administraciones”.
El consejero de Administración Pública del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, rechazó recientemente la posibilidad de convertir en personal fijo de forma automática a los trabajadores en fraude de ley, tal y como defiende el colectivo de afectados para evitar la otra alternativa que, según interpretan, se descuelga de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, más gravosa para las arcas públicas en cuanto supondría cuantiosas indemnizaciones por extinción de contratos. Según los cálculos de PEFRALCA, más de 50 millones de euros. El Ejecutivo regional mantiene que cualquiera de las fórmulas para estabilizar el empleo debe respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
El colectivo de trabajadores públicos plantea como solución un proceso restringido similar al que permitió consolidar las plazas de los médicos que no habían realizado el periodo de residencia, consistente en la presentación de una memoria sobre el puesto y una entrevista. “En Catalunya también hay una proposición para que aparezcan en la Relación de Puestos de Trabajo como trabajadores estables, sin concurso-oposición”, agrega Jiménez.
“Entré a la administración respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Aprobamos solo 16, no fue una oposición fácil. En todo este tiempo no se me ha dado la oportunidad de presentarme, de consolidar mi plaza. Ahora plantean una OPE a la que se puede presentar gente de toda España y que, si no la apruebo, me voy a la calle”, relata José Antonio Valido. Este trabajador del Servicio Canario de Empleo añade otra arista al debate: la sobrecarga laboral en unos servicios que se han visto mermados por los recortes de los últimos años. “Durante esta pandemia, incluso tuvimos que ayudar al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) para tramitar los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo). La carga es bestial, hay importantes carencias de personal y atendemos un servicio esencial para los ciudadanos con mucha presión, ya que las tasas de desempleo son altísimas en Canarias. No sobra nadie, falta gente. Si nos tenemos que volver a presentar a una oposición, hay gente que no podrá asumirlo por sus cargas, no es lo mismo ahora que cuando entramos”, subraya Valido, que advierte de que en el camino se podrían quedar trabajadores con una dilatada experiencia en la administración y, sin embargo, por su edad, de difícil inserción laboral.
“Del salario de un empleado público dependen sus familias y sus dependientes, por lo que se debe entender que la magnitud del problema social será insoportable para el conjunto de la sociedad y de la economía de Canarias”, recoge la aportación de PEFRALCA a la Iniciativa Legislativa Reguladora del Empleo Público promovida por el Gobierno de Canarias.
Uno de los colectivos afectados por el abuso de la contratación temporal son los médicos especialistas de área. Dos de cada tres facultativos que ejercen en las Islas están en esta situación. Ante las gestiones “infructuosas” con el consejero del área, el socialista Blas Trujillo, y el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, los galenos han decidido convocar una huelga indefinida a partir del próximo 11 de diciembre. Reclaman la conversión inmediata de los eventuales con dos o más años de experiencia en interinos, de manera que quedarían integrados en la plantilla orgánica de la administración sanitaria autonómica, y que las plazas ofertadas en el proceso selectivo extraordinario sean, al menos, equivalente a la cifra actual de interinos más ese número de profesionales en fraude de ley. En cuanto a la fórmula, abogan por una convocatoria restringida o, en su defecto, por un procedimiento abierto que introduzca características en sus bases que “garanticen que el resultado final no sea incierto e imprevisible” para los sanitarios afectados por esta situación, según recoge el preaviso.
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