Roberto (nombre ficticio, a petición del entrevistado) vive desde hace años en el desván de un edificio. Duerme en un reducido espacio bajo cubierta con el techo inclinado. Es una especie de cuarto trastero comunitario que ha tratado de acondicionar como vivienda pese a no reunir las condiciones de habitabilidad. No alcanza el metro y medio en su parte más alta, lo que le obliga a encorvarse o moverse a gatas en su interior. En ese mismo edificio, en la planta inferior, posee un piso en propiedad, con la hipoteca ya saldada, pero lo tiene alquilado a una persona de su confianza. “Era mi única forma de subsistir”, dice este ciudadano de 63 años, residente en la isla de Gran Canaria.
Hace cuatro años dejó de trabajar como consecuencia de una enfermedad incapacitante y, al ver mermados sus ingresos, decidió arrendar su vivienda para percibir unos 500 euros al mes con los que pagar la comida y los medicamentos que necesita. “Desgraciadamente, no dispongo de familia a la que recurrir, así que hablé con mis vecinos. Les pedí si podía dormir arriba, en la azotea, y me dijeron que sí”, cuenta.
Roberto sigue viviendo en estas condiciones pese a que en julio de 2022 adquirió firmeza la sentencia que le reconocía la incapacidad permanente absoluta. Esa resolución judicial obligaba al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a pagarle la prestación con carácter retroactivo, desde abril de 2021, la fecha en la que le había denegado la incapacidad. Catorce meses después, sigue sin cobrar. Es otro de los afectados por los atrasos que arrastra el INSS en la provincia de Las Palmas debido a la falta de personal para tramitar los expedientes pendientes.
En mayo presentó una reclamación en la que alertaba de que se encuentra en una situación de “vulnerabilidad social” y de que había meses en los que no podía pagar todos los fármacos. “No me respondieron. La trabajadora que me atendió me dijo que llevaban un año y medio, casi dos años de retraso, y que a lo mejor podía cobrar en octubre o noviembre de este año”, relata. Todavía sigue esperando.
Roberto es informático y ha ejercido como autónomo la mayor parte de su vida. Lleva cuatro años sin trabajar. En septiembre de 2019, su médico de cabecera le dio la baja. Los dolores le impedían ejecutar con el ritmo y la continuidad requerida cualquier tarea laboral. Tiene diagnosticado el síndrome de sensibilización central, que abarca la fibromialgia y la fatiga crónica en grado severo y la sensibilidad química múltiple en grado moderado.
Tras 18 meses de baja laboral, recibió el alta, pero no se veía en condiciones de reincorporarse a su trabajo, por lo que acudió a un abogado para solicitar la incapacidad permanente absoluta. El INSS se la denegó en abril de 2021 al considerar que su enfermedad no le ocasionaba un “grado suficiente de disminución de su capacidad laboral”. El caso acabó en los tribunales y la justicia concluyó que las patologías de Roberto le impedían realizar los trabajos “con la calidad y fiabilidad mínima exigibles en un mundo laboral competitivo” y que, además, eran de carácter “irreversible y permanente”. O, al menos, “de reversibilidad incierta, no existiendo las mínimas garantías de recuperación o mejoría según el estado actual de la ciencia médica”.
La sentencia, firme desde julio de 2022, obliga a la Seguridad Social a pagar el 100% de su base reguladora desde abril de 2021. Es decir, el organismo público ya le adeuda treinta meses. Roberto cuenta que durante este tiempo ha vivido de sus ahorros y de la renta del alquiler de su vivienda. Antes de la incapacidad, cobró durante algunos periodos la prestación por desempleo y la Renta Activa de Inserción (RAI), pero desde ese momento se le han cerrado todas puertas porque tiene reconocido el derecho a la prestación, aunque no la haya cobrado. “Tampoco he podido acceder al subsidio para mayores de 52 años porque hace falta haber cotizado seis años por cuenta ajena y a mí me faltaban seis meses. Casi toda mi vida he sido autónomo”, subraya.
Roberto incide en que tuvo que incurrir en elevados gastos durante el proceso para la declaración de incapacidad permanente. Solo en informes periciales y pruebas gastó 2.000 euros. Además, debe destinar tres de las cuotas adeudadas al pago de los honorarios del abogado, según el acuerdo al que asegura que llegaron. Dice que hay meses en los que no puede pagar todos los medicamentos. Al no haberse ejecutado la sentencia firme que le reconoció la incapacidad permanente absoluta, tiene que pagar un porcentaje de los fármacos que necesite. Cuando la Seguridad Social culmine su expediente y le pague las cantidades atrasadas, no tendrá que pagar por ellos.
El afectado se pregunta qué ocurriría si el colapso del INSS se produjera en otras instituciones: “Sería incomprensible que estés trabajando, te despidan y cuando vayas a arreglar el paro te digan que tienes derecho a dos años pero que, como no hay personal suficiente, tienen que dejar tu expediente parado uno o dos años hasta que lo puedan revisar y pagar todo junto. Y mientras encuentro trabajo, ¿de qué como?”
“Menos mal que apuré y pagué mi hipoteca de 25 años en 15 o 16, haciendo amortizaciones. Estaba enfermándome y terminé de pagar mi casa. Si no, ya me la habrían quitado. A saber las personas que la habrán perdido por esos atrasos”, señala Roberto, que sabe que hay cientos de ciudadanos en su misma situación (a principios de año había cerca de mil sentencias pendientes de ejecución) y que no entiende que se relegue “a una triste precariedad económica” y a una “incomprensible e injusta precariedad social” a personas que sufren enfermedades incapacitantes.
“El porcentaje de las personas que se pueden defender es muy pequeño”, lamenta Roberto, que anuncia que cuando cobre las cantidades que la Seguridad Social, además de volver a su casa, reclamará los intereses y estudiará la posibilidad de reclamar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Ya acudió a la Diputación del Común para denunciar su situación. Entonces fue remitido al Defensor del Pueblo, una institución que, según cuenta, se limitó a informarle que había reclamado celeridad a la Seguridad Social para solucionar su caso.
Aumento de personal
El INSS de Las Palmas lleva años sumido en un colapso administrativo, denunciado de manera insistente tanto por los afectados como por los sindicatos que han alertado de la falta de recursos para poder atender los expedientes, cada vez más, que el personal tiene que gestionar. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, visitó las Islas en octubre del año pasado y prometió un refuerzo de 83 trabajadores para aliviar la sobrecarga. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, estimó que se necesitaban entre 120 y 180 trabajadores más en toda Canarias para agilizar los expedientes y poder afrontar el incremento poblacional y la gestión de nuevas prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital.
Fuentes oficiales del departamento señalan que en los últimos meses se han incorporado 70 trabajadores a las oficinas de Las Palmas para tratar de desbloquear la situación y agilizar la tramitación. Entre enero y julio de este año se ha atendido en esta provincia a 70.724 personas, que son 2.000 más que un año antes. Desde este departamento destacan que el ritmo ha ido creciendo de forma paulatina y que de las 8.200 personas atendidas en enero se ha pasado a las 11.500 en julio.
Otras fuentes internas apuntan que este mismo mes el director del INSS en la provincia de Las Palmas ha nombrado a un responsable para tratar de resolver con mayor celeridad las prestaciones de incapacidad y las ejecuciones de sentencia, por lo que espera que pronto se comience a notar la mejoría y a reducir los tiempos de espera.