Alquilar o comprar una vivienda se ha convertido en un privilegio en los tiempos que corren. Si antes de la crisis las personas con mayor riesgo de exclusión social tenían enormes dificultades para encontrar una casa en condiciones dignas, pasados los años más duros, el resultado es el de un gran incremento de los solicitantes de vivienda de protección oficial y de ayudas al alquiler. El perfil además ha cambiado y a los demandantes de antes de 2008 se le suman nuevos a raíz de las secuelas de la crisis económica. La destrucción de puestos de trabajo o la merma de los salarios conlleva a que actualmente, según datos facilitados por el Gobierno de Canarias, haya 13.454 personas esperando una vivienda pública, de los que 11.898 son demandantes de una casa en alquiler. Personas a quienes no se les está dando una alternativa.
Se trata de unos datos que Nueva Canarias estima que pueden ser muy superiores, pues en 2016 ese partido manejaba la cifra de 35.000 familias demandantes y hay personas que al saber que no se está construyendo vivienda social se dan de baja, dejan de solicitarla o ceden el paso a otras que creen que puedan estar en peor situación. A este problema se le suma la falta de regulación del alquiler vacacional, que encarece el precio de la vivienda y satura el mercado. El diputado Luis Campos ha registrado varias preguntas en el Parlamento sobre este asunto ya que considera alarmante que en los últimos diez años se haya paralizado la construcción de vivienda pública y tampoco se haya buscado alternativa.
Una preocupación que ha llegado de forma reiterada al Diputado del Común en forma de quejas. Jerónimo Saavedra, que ocupa ese cargo en funciones desde hace dos años, insiste en que se trata de uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Canarias ya que es una situación que se ha estancado por la falta de plan, de construcción y de adquisición de viviendas de los bancos para el parque público. Además, en los últimos meses se han producido quejas por las subvenciones al alquiler y los plazos que se han dado.
El Ejecutivo regional subraya que la crisis económica paralizó los programas de construcción de obra nueva, pero que en el año 2015 (durante el mandato de Patricia Hernández) se entregaron 278 viviendas, otras 13 el pasado viernes en El Sauzal y están en construcción otras 23 en el municipio de El Paso. Todas ellas son viviendas en régimen de alquiler para familias en situación de vulnerabilidad social. En total, hacen 291 inmuebles, que además no forman parte de un plan actualizado. El último Plan de Vivienda de Canarias es el que correspondía a los años 2009-2012, período en el que quedó paralizada la construcción. En seis años no ha salido adelante un nuevo documento que fije las bases de cuál es la política del Gobierno regional en este asunto, con lo cual se está incumpliendo la propia Ley Canaria de Vivienda de 2003.
El pasado 2 de abril, el equipo de Fernando Clavijo aprobó las directrices que regirán la elaboración del nuevo Plan de Vivienda de Canarias 2019-2022, que primero tendrá que ser debatido en la Cámara Regional. Sin embargo, en todos estos años se ha carecido de un documento básico que además tenía la obligación de estar dotado de una ficha financiera. El sentir es que se ha dejado escapar una oportunidad estos años y el de que hay personas que no pueden seguir esperando.
La falta de planificación también se visibiliza en los presupuestos de cada año. Al carecer de plan, no se concreta específicamente qué cantidad de viviendas se van a construir. Además, se ha seguido la línea del Ejecutivo central, cuyos últimos planes han estado enfocados principalmente a la rehabilitación de viviendas que ya estaban construidas. Una medida que, desde Nueva Canarias, por ejemplo, consideran necesaria porque ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas que ya tienen una vivienda, pero no pone ningún tipo de solución a quienes no la tienen en estos momentos.
El Gobierno señala que en el Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas (ARRUS), enmarcado en el convenio Canarias-Estado se han llevado a cabo 21 proyectos de mejora y se ha actuado sobre un total de 2.697 viviendas.
Los ayuntamientos ponen rostro a las cifras
Los ayuntamientos ponen rostro a las cifrasAl problema de la falta de vivienda los ayuntamientos le ponen rostro, especialmente los cuatro de mayor población: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde. Cada consistorio pone en marcha las medidas que están a su alcance pero la competencia de construir vivienda es de la comunidad autónoma. La capital grancanaria, por ejemplo, subvenciona el alquiler de viviendas a las familias con menos recursos, algo que no puede permitirse Telde, explica la alcaldesa Carmen Hernández (NC), que ha tenido que ingeniárselas desde que comenzó su mandato para frenar los desahucios bancarios e incluso en muchos casos los desahucios por impago de alquiler, principalmente, mediando con el propietario para ganar tiempo y ayudando a la familia afectada.
Hernández lleva el área de Vivienda en Telde, donde se tienen contabilizadas unas 3.000 personas que, a pesar de cumplir con los requisitos legales y de ingresos, no pueden optar a una vivienda pública porque no se está construyendo. La cifra va variando, pero estima que en su ciudad han llegado a tener hasta 70 familias en situación de mayor vulnerabilidad. Hay casos en los que han acudido madres solas con sus hijos al ayuntamiento contando que no tienen a dónde ir. La alcaldesa subraya que para estas realidades se ha puesto en marcha un proyecto con la asociación Te Acompañamos para el que se ha habilitado un piso en el que pueden vivir hasta tres familias monoparentales que se encuentren en una situación delicada.
Gracias a esta iniciativa, subraya que el municipio tiene un plan de emergencia para casos de este tipo. No obstante, lamenta que ante la falta de recursos que pone al alcance de los ayuntamientos el Gobierno de Canarias no tenga la tranquilidad de que cuenta con un parque de viviendas sociales suficiente al que pueda recurrir. “El problema de la vivienda en Canarias es una realidad silenciosa”, subraya.
La alcaldesa de Telde enfatiza que los ayuntamientos no pueden estar solo a la espera de que se libere alguna de las casas que ya están construidas. Desde 2015, en esta ciudad se han quedado libres unas diez viviendas que han pasado a nuevas familias como segunda adjudicación. Hernández afirma que lo que se propone desde los cuatro grandes municipios al Gobierno es que se haga un estudio de dónde están localizadas las promociones de viviendas vacías para adquirirlas, además de construir nuevas donde haya más demanda. Carmen Hernández ya ha señalado dónde se encuentran estos inmuebles en la ciudad e incluso ha hablado con promotoras que están dispuestas a llegar a acuerdos.
Podemos también llevó al Parlamento de Canarias en 2016 una propuesta en este sentido, que se creara un Observatorio Canario de la Vivienda que realice estudios sobre la situación, la evolución de los precios, la cantidad de casas vacías…
Desde la Consejería de Políticas Sociales y Vivienda informan de que se está llegando a acuerdos con ayuntamientos para la cesión de suelo de cara al próximo Plan de Vivienda. Recientemente, asegura que se ha dado el visto bueno a la cesión de suelo para la construcción de 200 viviendas sociales en Arrecife; 50 en San Bartolomé de Tirajana y en El Hierro, en el municipio de Valverde, esperan que se adjudique este año la construcción otras 24.
5.000 viviendas construidas con Román Rodríguez
Miguel Ángel Pulido (Nueva Canarias), que fue director de Vivienda del Gobierno de Canarias entre 1999 y 2003, recuerda que durante esa legislatura se construyeron 5.000 viviendas públicas además de miles de viviendas protegidas que no fueron edificadas por el Gobierno pero tenían la calificación de protección oficial y servían para atender a otro segmento de la población con más recursos.
Así mismo, subraya que era la época en la que se hizo un programa específico para infravivienda, por el chabolismo existente en zonas como El Confital, entre otras. Reconoce que hubo mayores partidas del Estado para ello, pero también defiende que fue posible hacer un avance tan grande en vivienda gracias a la sensibilización del grupo de Gobierno y a que se trabajó con planificación.
Esos años también se aprobó la Ley Canaria de Vivienda y además se promovió que los arrendatarios de vivienda pública pudieran adquirirla al tiempo. Sobre este asunto, la diputada del PP Josefa Luzardo presentó recientemente una iniciativa en el Parlamento a fin de que las personas que pertenecen a los primeros planes de vivienda y hayan abonado la cantidad correspondiente puedan ponerla a su nombre si lo desean. La proposición se aprobó por unanimidad y ahora se estudiará cada caso.
Miguel Ángel Pulido destaca que es cierto que los recortes del PP no han permitido al Ejecutivo avanzar al mismo ritmo que hace años, pero cree que ello no justifica que se haya paralizado la construcción de vivienda pública.
Un parque público de más de 14.000 viviendas, insuficiente
Canarias dispone actualmente de un parque público en el que residen 14.234 familias que cuentan con ayudas para el alquiler (9.087 en la provincia de Las Palmas y 5.147 provincia Tenerife). A ello, se suman las 4.528 familias que residen en viviendas gestionadas por Visocan, según informa el Gobierno.
El Ejecutivo insiste en que se han facilitado medidas para el acceso a la vivienda en régimen de alquiler y que las rentas nunca superan el 12% de los ingresos netos mensuales de la unidad familiar. Desde la Consejería de Políticas Sociales y Viviendas se explica que este porcentaje es revisado y que cuando los ingresos de las familias son muy bajos, pueden llegar a abonar en ocasiones 1,50 o dos euros mensuales.
Sin embargo, con más de dos millones de habitantes y siendo la comunidad autónoma que encabeza la tasa de personas en riesgo de sufrir exclusión social (44,6%), estas medidas no resultan suficientes.
En Baleares, con la mitad de población que Canarias, se vive una realidad diferente, son cifras muchos más bajas de solicitantes. Su parque público de viviendas está compuesto por 1.749 casas, tiene en espera 3.575 demandantes y en su plan de vivienda 2017-2020 se contempla la construcción de 511 inmuebles así como ayudas al alquiler.
FDCAN, oportunidad perdida
El diputado Luis Campos sostiene que el Gobierno de Fernando Clavijo sí que ha tenido recursos para hacer más en materia de vivienda. Sin embargo, ha ido dejando escapar oportunidades como los 166 millones de euros del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), que su grupo insistió en que se destinara a servicios sociales. De estas partidas podría haberse destinado una parte a construcción de vivienda pública y para ayudas al alquiler.
Para el parlamentario, es urgente sacar adelante el Plan de Vivienda ya que el Ejecutivo “ha dejado pasar seis años con el añadido de que era cuando peor lo pasaba la gente”. A su juicio, si a la falta de planificación, de política y de recursos se le suma la crisis, el panorama es desolador.
Los objetivos inmediatos que cree que se deberían tomar son sacar adelante cuanto antes dicho plan, realizar una modificación de crédito que permita inyectar más dinero en construcción de vivienda pública para alquiler social y regular el alquiler vacacional. A ello habría que sumarle oficinas de asesoramiento, políticas orientadas a los más jóvenes, recuperar las políticas de vivienda joven…