El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha aceptado este martes en el Senado revisar el calendario de implantación de la reforma educativa, después de que los consejeros autonómicos de la oposición destacaran la imposibilidad, por tiempo y coste, de ponerla en marcha en dos años a partir del próximo curso.
Wert ha hecho este anuncio en la reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas, primera convocada en esta legislatura y que tiene como objeto revisar si un proyecto de ley, en este caso el de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), invade o no competencias.
Los consejeros de Educación de Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias, que han posado juntos en el Senado para enfatizar su rechazo a la norma, han dicho que invade las competencias ganadas hace décadas y se han mostrado partidarios de recurrir ante el Tribunal Constitucional si no se cambia la ley en su último trámite ante la Cámara alta.
Por contra, las consejerías del PP, que también han querido fotografiarse unidas para avalar la LOMCE, han dicho que no invade competencias y han defendido su necesidad de aplicarse, aunque algunas como la de Murcia o Aragón han pedido que se “asegure su financiación”.
Las comunidades populares han resaltado que la reforma servirá para frenar la tasa de abandono escolar y garantizar que los alumnos aprendan por igual castellano y lenguas cooficiales; y la consejera de Valencia, María José Catalá, ha criticado que este martes se haya hablado “más de estatutos que de fracaso en la educación”.
Wert ha comentado que el grupo popular será el que entablará una discusión en el Senado con la oposición para, “eventualmente”, realizar una “revisión” del calendario de su entrada en vigor a partir de 2014-15. “Se podría plantear un escalonamiento” de la implantación de la reforma, ha añadido el ministro, además de recordar que se está en “tiempo hábil” para conseguir algún “consenso adicional”.
La Memoria Económica del proyecto fija que la reforma se implantará en dos cursos académicos (tres años naturales), con un coste neto para el Estado en cada ejercicio de 23, 130 y 255 millones de euros. En concreto, el calendario marca que las modificaciones en Primaria se implanten para primero, tercero y quinto en 2014-2015, y para ese mismo año escolar para primero y tercero de la ESO; para el resto de cursos, en 2015-16. También en 2014-15 se harán los cambios para primero de bachiller.
“Nace muerta”
Han tomado la palabra una decena de senadores que lo habían pedido expresamente -todos de la oposición-, y que han aseverado que la LOMCE “nace muerta”, sin consenso. Los grupos del PSOE, CiU, PNV, Mixto y la Entesa han defendido con sus votos particulares el rechazo al dictamen sobre la Lomce de la Comisión General de las Comunidades Autónomas que, sin embargo, sale adelante este martes por la mayoría parlamentaria del PP.
La consejera catalana, Irene Rigau, ha denunciado que implantar la LOMCE dentro de dos años es “someter a estrés al sistema educativo”, y ha criticado que se quiera aplicar rápidamente con “un interés partidista por encima del educativo”. Ha aclarado que en Cataluña, frente a 1,2 millones de estudiantes, hay 26 casos que han denunciado no poder estudiar en castellano como lengua vehicular en centros públicos, y cree “abusivo” que se proponga que las comunidades asuman el coste de un colegio privado para ellos.
La consejera vasca, Cristina Uriarte, ha confiado que el anuncio de Wert respecto al calendario se manifieste en “propuestas concretas”. El consejero andaluz, Luciano Alonso, ha apuntado que la LOMCE tendrá un coste elevado, y ha llamado al consenso“; desde Asturias, la consejera Ana González ha asegurado que la norma ha batido ”el récord del descontentos“.
El consejero navarro, José Iribas (UPN), ha advertido que no se van a entregar “cheques en blanco” al PP.
“Con la Ley en la mano”
Por su parte, el vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno regional, José Miguel Pérez (PSOE), ha dicho este martes que “Canarias, con la Ley en la mano, va a frenar todas las consecuencias perniciosas del proyecto de ley.
Así se ha pronunciado Pérez durante una comparecencia conjunta de los consejeros de Educación de las autonomías donde no gobierna el Partido Popular, previa a su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que debate en el Senado el informe sobre el contenido autonómico de la LOMCE.
En su opinión, el Gobierno central y el PP están a tiempo de evitar un “grandísimo error” si aprovechan esta última oportunidad que les ofrece el procedimiento parlamentario y retiran el proyecto de Ley de Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa.
“De no ser así, anticipo que Canarias no realizará una implantación del nuevo sistema educativo de forma mecánica, sino que realizará una implantación basada en criterios de justicia y racionalidad”, ha subrayado Pérez en un comunicado difundido por la Consejería que dirige.
El dirigente socialista ha adelantado que si el Gobierno central no da marcha atrás, el Ejecutivo canario implantará la Ley de tal forma que evite “todos los efectos indeseables de reducción del nivel de equidad que ya se ha alcanzado, así como todas aquellas consecuencias irreversibles y perniciosas que puedan condicionar en el futuro la aprobación de una nueva ley de educación”.
Entre otros aspectos, José Miguel Pérez ha destacado, especialmente, la ruptura del actual sistema de distribución de competencias autonómicas y la carga financiera que, para las comunidades autonómicas, supondrá la implantación de la LOMCE.
“La LOMCE, expresión de una doctrina política y económica que desconfía de la capacidad del Estado para mejorar la calidad de la educación, es una auténtica revisión del derecho a la educación tal y como se expresa en nuestra Constitución, que elimina su carácter de servicio público y la convierte en una relación clientelar”, ha agregado.
Para Pérez, allí donde la mayor parte de la sociedad ha visto una oportunidad para reforzar la solidaridad con los más desfavorecidos por la crisis económica, “el Gobierno de Rajoy sólo ha visto una oportunidad para hacer de la Educación un negocio y asegurar una reducción considerable del peso que en el sector público tiene este ámbito”.
Sobre la propuesta de financiación de la LOMCE, el consejero canario ha señalado que es “muy poco realista” en la estimación de los costes y “carente de criterios” en cuanto a la asignación de los recursos a las comunidades autónomas.
“Mucho me temo que se pretende modificar el sistema educativo cargando los costes sobre las arcas de las comunidades, de modo que, si llegara a implantarse el sistema en estas condiciones, resultaría insostenible. Con el actual modelo de financiación su implantación será imposible”, ha destacado.
El vicepresidente y consejero ha recordado que la capacidad inversora de las autonomías en Educación está limitada por el Programa de Reformas enviado a la Unión Europea, que incluye una reducción de un punto del PIB en la materia, pasando del 4.9 % al 3.9 %, lo que supone, aproximadamente, 9.000 millones de euros.
“Dicho de otro modo, nuestra capacidad de inversión es menor que en cualquier momento de nuestra historia reciente”, ha especificado.
Además, ha significado que esta misma política de ajuste ha tenido una consecuencia directa en este último año como consecuencia de la aprobación del Real Decreto de Racionalización del Gasto Público en Educación, que “ha supuesto un recorte considerable en las arcas públicas y que, para Canarias, esta reducción ha supuesto más de 300 millones de euros”.