La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Marisa Zamora, responsabilizó este lunes al Estado de que la Comunidad Autónoma no pudiera gastar 658.000 euros en 2005 para asistencia social integral a las víctimas de la violencia de género.
Esa partida no se gastó en el periodo presupuestario y por tanto se perdió, según denunció la diputada socialista Manuela Armas en una comisión parlamentaria en la que pidió explicaciones a la consejera por incumplir sus obligaciones “y no haber trabajado lo suficiente”.
Manuela Armas indicó que el Estado distribuyó once millones de euros entre las comunidades autónomas para asistencia social integral de las víctimas de violencia de género para gastarlos en 2005, pero la Comunidad canaria perdió los 658.000 euros que le correspondían por no poder emplearlos.
“Es un episodio más de la doble vida del Gobierno de Canarias, una realidad exigua y gris y una apariencia magnífica”, se lamentó la diputada socialista.
Marisa Zamora justificó que no se gastara el dinero en que el fondo se aprobó en septiembre de 2005 y en la peculiaridad de que Canarias es la única comunidad que tiene delegadas las competencias en asistencia social a los cabildos, de manera que no dio tiempo a que se presentaran proyectos.
Según Zamora, el Gobierno central conoce esta estructura administrativa de Canarias, y por tanto debería saber que en las Islas “es imposible” ejecutar el fondo en dos meses.
Explicó la consejera que el 8 de septiembre se publicó la resolución del Ministerio de Trabajo para el reparto del fondo, según la cual el 80% de las partidas debían dedicarse a infraestructuras, y que se dio de plazo hasta el 10 de octubre para que las comunidades presentaran un informe sobre el impacto de la violencia de género en sus territorios.
El Instituto Canario de la Mujer contactó con los cabildos y la Federación Canaria de Municipios, que son los que gestionan la red de dispositivos de emergencia, y consiguió mandar a tiempo el informe.
También pidió la Consejería a los cabildos que les dijeran si tenían obras programadas que permitieran comprometer el gasto en los dos meses del año que quedaban, pero, salvo el de La Gomera, las demás corporaciones indicaron que era imposible por cuestiones administrativas, dadas las fechas cercanas al final del ejercicio.
Ante la imposibilidad de gastar el dinero, la Consejería pidió al Ministerio una prórroga y que se pasaran los fondos al ejercicio siguiente, pero la Administración central “no contestó”, con lo que se perdieron las partidas.
La consejera consideró que el Ministerio debería haber repartido antes los fondos o en todo caso haber accedido a pasarlos a 2006 y afirmó que con otras comunidades socialistas “hubo más flexibilidad”, por ejemplo con Extremadura, que no presentó el informe requerido y a pesar de todo recibió el dinero.
Marisa Zamora también criticó que se obligara a destinar el 80% de los fondos a infraestructuras -según ella por presiones de las comunidades con gobiernos socialistas-, cuando en Canarias es más urgente destinarlo a programas contra la violencia de género.