Denunciadas 46 personas en cuatro meses por transitar por zonas prohibidas de las Dunas de Maspalomas

El Cabildo de Gran Canaria ha interpuesto 46 denuncias en los últimos cuatro meses por transitar, acumular enseres o pernoctar en las zonas prohibidas de las Dunas de Maspalomas. La institución insular activó un servicio de vigilancia para velar por las normas de este espacio natural en plena desescalada del coronavirus. Según ha informado en un comunicado, 17 de las denuncias ya han derivado en expedientes sancionadores y dos personas han decidido acogerse al pago anticipado para obtener un ahorro del 20% de la cuantía.

Las denuncias, interpuestas por los agentes de Medio Ambiente con la colaboración de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, se deben a usos no permitidos tanto en la zona de exclusión, como en la de uso restringido y general. 37 fueron por transitar en lugares indebidos de la Reserva Natural Especial. De ellas, 18 están vinculadas al tránsito a pie en la zona de exclusión del ecosistema dunar sin que sea por motivos científicos y de conservación, los únicos por los que se permite acceder.

De igual modo, los agentes de Medio Ambiente del Cabildo denunciaron también a un hombre que circulaba en bicicleta por este enclave de elevado valor natural. El Cabildo interpuso otras 18 denuncias por caminar fuera de los senderos de la zona de uso restringido, así como por usar las crestas de las dunas para tomar el sol o contemplar el atardecer.

Los controles también han dado lugar a nueve denuncias por acumulación de enseres, residuos domésticos y pernoctar en zonas prohibidas. Se han producido daños en los tarajales, ya que también se han realizado fogatas en espacios restringidos. El perfil mayoritario de los infractores se ajusta en este caso a extranjeros sin recursos económicos. Todas estas infracciones tienen la consideración de leves y acarrean multas que oscilan entre los 150 y los 600 euros, aunque en el caso de que alguien protagonice incumplimientos graves o muy graves, que son aquellos que alteran el espacio o provocan un incendio, el abanico se abre desde 6.000 hasta 600.000 euros.