Siete meses de incertidumbre para muchos vitivinicultores principalmente de la comarca Tacoronte-Acentejo, en el norte de Tenerife, que ahora, al fin, ven allanado el camino con la decisión que el Cabildo de Tenerife tiene previsto adoptar este miércoles, 31 de julio, con la aprobación de la celebración de un contrato de arrendamiento, previo concurso público, entre la reseñada administración pública y la sociedad anónima Bodegas Insulares de Tenerife (BITSA).
Lo que se alquila son las instalaciones industriales que el Cabildo posee en propiedad en Tacoronte, la denominada Bodega Insular de Tenerife (esta vez sin la destilería), un recinto que desde su creación ha sido explotado por la empresa mixta Bodegas Insulares de Tenerife, con control del capital privado al representar en la actualidad el 54,4% de las acciones, por el 45,6% restante bajo titularidad del Cabildo.
Esta operación administrativa, ideada para mantener a los mismos en esas instalaciones (hay que saber que, pese a tener la concesión administrativa anterior cancelada desde diciembre de 2023, BITSA nunca ha dejado de trabajar en ese emplazamiento pues disponía de nueve meses para desalojar el recinto, según la resolución del 29 de diciembre pasado del Cabildo de Tenerife) y para no recibir más tirones de orejas de Bruselas por incumplimiento de las normas de la competencia, ha sido criticada con dureza por el portavoz de Agricultura del PSOE en el Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla (consejero insular de esta área en el mandato anterior), debido a dos cuestiones centrales: la primera, su partido hubiese preferido la permuta de propiedades entre BITSA y el Cabildo para lograr que la empresa mixta se pudiera quedar con la propiedad de la planta industrial de Tacoronte, que, siendo del Cabildo de Tenerife, esta sociedad mercantil siempre ha utilizado bajo concesión administrativa. Esas instalaciones se denominan Bodega Insular de Tenerife. Y la segunda: no se entiende desde el PSOE cómo para llegar a la solución que se refrendará este miércoles se haya tenido que esperar estos siete meses, tantísimo tiempo. Esto, según el PSOE, demuestra que falla la gestión en esta área de competencias.
Con la aprobación prevista en la sesión de la Comisión de Gobierno de este miércoles, se cierra, al menos de forma temporal, un problema que traía de cabeza al Cabildo de Tenerife y a muchos vitivinicultores y gestores de la empresa BITSA. La Corporación insular se había visto forzada, por decisión de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, a modificar la tasa anual que la sociedad anónima BITSA estaba abonando o debía pagar tanto en la forma como en su cálculo (antes se abonaba un porcentaje del beneficio obtenido por BITSA: el 6%, siempre que se dieran unas condiciones de crecimiento de este; era una cifra mucho más baja) por el uso de esas instalaciones públicas, una cantidad no ajustada a las leyes de la competencia en la UE; por lo tanto, ilegal. Ello motivó que se tuviera que elevar ese pago hasta el 6% del valor del patrimonio público utilizado, lo que dio lugar a 156.000 euros por año al tasarse todo el recinto público de Tacoronte en 2,6 millones de euros.
Ese relevante cambio, obligado por la decisión de la UE tras denuncia llegada a Bruselas desde Tenerife (por la competencia de BITSA), y la falta de acuerdo entre las partes dentro de la ley sobre esa nueva tasa, del Cabildo y de BITSA (la empresa nunca aceptó la nueva cifra), condujo a la decisión administrativa adoptada por la Comisión de Gobierno del Cabildo de Tenerife el 29 de diciembre de 2023, una resolución que canceló la concesión administrativa entonces vigente y dio nueves meses a los moradores de la Bodega Insular de Tenerife, radicada en Tacoronte, para dejar las instalaciones, algo que produjo gran preocupación debido, entre otras preocupaciones, a que corría peligro la vinificación de la vendimia de este 2024 en una de las principales bodegas que opera bajo denominación de origen protegida (las DOP Tacoronte-Acentejo y bastante menos Islas Canarias) en Tenerife y toda Canarias.
Ahora, se ha conocido que la solución que ha elegido el Cabildo de Tenerife, que no cuenta con el apoyo del principal grupo político en la oposición, el PSOE, para evitar ese desalojo (poner a los agricultores en la calle) y dejar las cosas como más o menos siempre han estado consiste en autorizar la celebración de un contrato de arrendamiento, previo concurso público, entre esa administración pública y la sociedad anónima BITSA, lo que se supone que dará estabilidad a la bodega que gestiona marcas de vinos con DOP Tacoronte-Acentejo y DOP Islas Canarias y que tiene en el mercado distintivos comerciales tan señeros como Viña Norte, Brezal…
En adelante, unos 300 viticultores que operan bajo DOP y canalizan sus producciones a través de BITSA dormirán más tranquilos, aunque la decisión haya llegado casi al final del partido, a nada de sonar la campana, y con la recogida ya en marcha, en algunas zonas costeras o muy cerca de activarse, de la uva de vinificación debido al adelanto extremo de las cosechas por cambios en las condiciones meteorológicas habituales.
A lo que obliga el contrato y algún truco para no cabrear más a Bruselas
Bien mirado, al menos en las cuestiones formales y tras aceptarse, ya faltaría, las obligaciones legales informadas por la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, el contrato que ahora se autoriza, tras la celebración del pertinente concurso público y de haber obtenido la máxima puntuación en él la empresa pública BITSA, no dista en nada o casi nada de lo requerido por la UE, aunque sí se observa algún truco.
La estrategia adoptada consiste en que, para que la tasa a pagar no fuera tan elevada como los 156.000 euros al año anteriores, el 6% del valor de todo el patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Bodega Insular de Tenerife (cifrado en 2,6 millones de euros), del listado de medios físicos y equipos a arrendar se ha desagregado la destilería (este medio de producción no se utilizaba), lo que contribuye de manera considerable a que esos 156.000 euros a pagar como tasa anual, aplicables si no se hubiera producido aquella falta de entendimiento entre el Cabildo y BITSA y la correspondiente ruptura plasmada en diciembre de 2023, ahora bajan a 94.000, con un buen descuento de 62.000 euros. El contrato se firmará por un año y es prorrogable hasta cinco, previo acuerdo entre las partes.
Esta operación, que pone fin al entuerto, ha llegado además con ese regalo, quizá la clave de que ahora sí se firme. Es justo lo que está previsto que mañana se selle en la Comisión de Gobierno, al menos con los apoyos de CC y PP, los partidos que sostienen el Gobierno insular, presidido por la nacionalista Rosa Dávila.