Coalición Canaria (CC) ha retomado este lunes el control de la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, cocapital de la comunidad autónoma, a través de una moción de censura que no por más cantada no deja de ser un triunfo para esta formación política; primera alegría tras unas elecciones el pasado año que desembocaron en el desalojo de CC de las principales instituciones del archipiélago -en especial de la isla de Tenerife-, acostumbradas en algún caso durante décadas a una forma de gestionar en la que se han mimetizado aspiraciones partidistas y necesidades institucionales.
El rescate del principal Ayuntamiento tinerfeño a la causa nacionalista, gracias al respaldo obtenido por José Manuel Bermúdez para redirigir la Casa de los Dragos -ya fue alcalde entre 2011 y 2019- se presentaba como una obligación para recuperar el crédito y el poder político perdido. Recurrir al voto de una concejala no adscrita o tránsfuga, que sumar a los diez ediles propios y los tres del PP (14 de los 27 del plenario), no suponía en este caso mayor inconveniente. Por una parte daban los números, más allá de la oportunidad de la misma (una iniciativa gestada en plena pandemia) o la dependencia de una política expulsada de Ciudadanos y los requerimientos del pacto antitransfuguismo. Por otro lado, el éxito de la experiencia corrobora la estrategia seguida por CC para reconquistar su poder político en las islas: cada vez son más los que abiertamente especulan con esa posibilidad, el último el propio Bermúdez exultante tras vencer en la moción de este lunes.
Desde 1979, primero con Unión de Centro Democrático -siendo Manuel Hermoso, dirigente histórico y alcalde durante doce años-, transmutada después en partido insularista de centroderecha como Agrupación Tinerfeña de Independientes y, ya en 1995, con el empaque regional de Coalición Canaria, siempre han sido partido de gobierno en Santa Cruz. La salvedad han sido los casi trece meses concluidos hoy -desde el 15 de junio de 2019-, cuando el PSOE dejó de ser muleta de los nacionalistas y se permitió agitar el bastón de mando en las manos de la ya exalcaldesa Patricia Hernández (sostenida por los tres ediles de Unidas Podemos y los dos de Ciudadanos).
Y como hasta el rabo todo es toro, hubo que esperar hasta el final para que los censurantes respiraran aliviados por el resultado, en una votación en la que algunos ellos -como el popular Tarife y el nacionalista Arteaga, que no los únicos- exhibieron a los presentes el sentido de su papeleta para impedir equívocos en una cuestión como la de la moción que ha sido foco de tensión política en las islas desde hace semanas.
En este sentido, la posibilidad de repescar la joya de la corona por parte de Coalición Canaria estuvo presente en los mentideros santacruceros desde el momento mismo de su pérdida, tanto por su valor político como por las eventuales consecuencias de un examen al detalle por parte del PSOE de multitud de expedientes, contratos y acuerdos suscritos durante tantos años de continuado gobierno; una inopinada o no sacudida de alfombras podía resultar fatal. Así las cosas, la dimisión a mediados de abril de uno de los dos concejales de Ciudadanos y su reemplazo por alguien más cercano a sus posiciones -Evelyn Alonso, nacida en Venezuela y en la antípoda ideológica de Podemos- fue el detonante, marcó el inicio de las negociaciones de censura y la firma de la misma a las pocas horas de la toma de posesión de Alonso como concejala.
En línea con lo anterior, el equipo de gobierno de Hernández ha puesto hasta hoy las luces sobre diferentes contrataciones y acuerdos alcanzados por gobiernos anteriores de Coalición Canaria, desde los tiempos del alcalde Zerolo -quien también fuera senador y en la actualidad cumple pena de cárcel por el caso Las Teresitas- hasta los del regidor Bermúdez. “Quieren que apartemos los ojos de los expedientes turbios” del Ayuntamiento, subrayó la propia alcaldesa durante el debate de la moción de censura.
Una de las actuaciones más destacadas ha sido el acuerdo para la recuperación de 97 millones de euros referidos a la fraudulenta operación de compraventa del frente de Playa de Las Teresitas; pero también está la parálisis de la devolución de 59 millones de euros a la empresa Sacyr -sociedad adquiriente de la Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz-, a razón de 2,3 millones anuales, por un canon objeto de controversia y cuyo importe total coincide con la cuantía de la operación de compra. Una auditoría que advierte de irregularidades en la mayoría de las contrataciones realizadas por la Sociedad de Desarrollo de la capital (empresa pública para la promoción económica) y el traslado a la Fiscalía Anticorrupción de la contratación de actuaciones para conciertos en los carnavales de los dos últimos años, son otros de los expedientes sumidos en la polémica.
Para Coalición Canaria toca ahora mirar hacia adelante y a la vista están el Cabildo de Tenerife (gobierno insular) y el Gobierno regional, como siguientes piezas.
En el primer caso han sido 32 años de gestión nacionalista los interrumpidos por una moción de censura -el 24 de julio de 2019- que llevó al socialista Pedro Martín a la presidencia, con el apoyo de tres consejeros de Podemos y los dos de Ciudadanos, superando la alianza entre CC y PP (siendo los primeros la lista más votada). La fórmula nacionalista pasaría al menos por lograr la ruptura del actual acuerdo de gobierno, que bloqueara el funcionamiento de la Corporación.
En cuanto al Ejecutivo autónomo, comandado en la actualidad por el socialista Ángel Víctor Torres gracias a un acuerdo a cuatro bandas (Podemos, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y PSOE), las elecciones de 2019 dieron al traste con 26 años de presidentes nacionalistas, con 37 escaños de 70 para el llamado 'pacto de las flores'. Las posibilidades de ruptura del mismo por parte de CC, con 20 diputados, además de 11 del PP y dos de Cs, plantea captar a los representantes de la Agrupación Socialista Gomera -dirigida por el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, quien abandonó el PSOE en 2015- o sumar a Nueva Canarias a un nuevo proyecto nacionalista. En cualquiera de los supuestos toca esperar y la paciencia es un valor en política.
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