La concejala tránsfuga del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, conservará sus cargos en el gobierno de la capital como responsable de las áreas de Seguridad Ciudadana y Movilidad, de Promoción Económica y Medio Ambiente. Los concejales y concejalas de Coalición Canaria y el Partido Popular han votado a favor de que Alonso pueda formar parte de las áreas de gobierno, comisiones y consejos. El debate ha tenido lugar este viernes 4 de diciembre en un pleno extraordinario solicitado por la oposición, después de que el secretario municipal obligara al alcalde a convocarlo, ya que José Manuel Bermúdez dejó pasar la fecha máxima para hacerlo, que vencía el martes 17 de noviembre.
También ha sido rechazada la propuesta de revocar los nombramientos por parte del alcalde a la concejala no adscrita. “Se han hecho de manera ilegal”, rechazó la concejala de Ciudadanos, Matilde Zambudio. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Ángel Martín, valoró que Bermúdez quiere “mantener a Alonso por razones que no son confesables”.
El equipo de gobierno, a través del concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, y el portavoz, Juan José Martínez, han insistido en que “no hay ninguna ilegalidad” en los nombramientos de Alonso y se han amparado en dos informes, uno del secretario municipal y otro del servicio de régimen interno que apuntan que “no tiene efecto” la sentencia del TS sobre los decretos de Alcaldía, que además se dictaron antes de su fallo.
El pleno se ha celebrado más de un mes después de que el Tribunal Supremo dictara el 27 de octubre la sentencia que establece que “el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto transfuguismo, impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que [...] impliquen mejoras personales, políticas o económicas”. El fallo fue emitido por el Supremo en relación a un caso de transfuguismo en el Ayuntamiento de Font de la Figuera (Valencia), afecta de forma directa a la situación de la concejala Evelyn Alonso en el ayuntamiento capitalino.
José Manuel Bermúdez se ha acogido a dos informes emitidos por funcionarios municipales, en los que, según el alcalde, se establece que la sentencia del Supremo “solo despliega efectos directos sobre el caso concreto enjuiciado” y “no produce efectos directos sobre los actos dictados por el alcalde” antes del fallo. “No acepto que haya palabras que hablen de situación de ilegitimidad moral y ética”, aseveró el alcalde. “Este alcalde es un alcalde legítimo y el grupo de gobierno que integran los concejales también. Estamos legitimados por la democracia y por las leyes”, concluyó Bermúdez.
El actual gobierno de Santa Cruz se constituyó tras una moción de censura que arrebató la Alcaldía a la socialista Patricia Hernández. El apoyo de la concejala tránsfuga fue determinante para dar el poder a Coalición Canaria y se acordó durante el confinamiento a través de una reunión online.
Más de 3.000 euros al mes
Zambudio ha mostrado en el Pleno los documentos que prueban las cantidades percibidas por Evelyn Alonso en octubre. Ese mes, la concejala tránsfuga cobró 3.280 euros. Sin embargo, también se ha votado en contra de la propuesta que plantea la devolución del dinero “indebidamente cobrado”.
“3.500 euros por no hacer nada, por plantarse en los consejos rectores, coger el móvil, salir a hablar y entrar a votar. Porque usted no habla ni estudia. Y son 3.500 euros que va a devolver a Santa Cruz. Los va a devolver”, ha aseverado Patricia Hernández.
Tanto Martín como Hernández han defendido que se trata de información oficial y que acudirán “a donde haya que acudir” para que Alonso devuelva ese dinero a la ciudad de Santa Cruz.
Para los grupos de la oposición solo existen dos soluciones posibles a este problema, que Evelyn Alonso dimita, o que Bermúdez la cese, “y si ninguno de los dos hace nada, es que ninguno de los dos quiere devolver a Santa Cruz a la legalidad”, ha concluido Patricia Hernández.