Entrevista

Berta Pérez, vicepresidenta segunda del Cabildo de Tenerife: “Hemos dado un impulso sin precedentes a la transformación digital de los servicios”

El Cabildo de Tenerife se ha metido en la tarea de ganarle la carrera al siglo. Las enseñanzas de la Pandemia de Covid 19 han llegado para quedarse y de la necesidad se hizo virtud. Según nos cuenta Berta Pérez, vicepresidenta segunda y consejera del área de Presidencia, Hacienda y Modernización, la transformación digital se concibió como un proyecto de mandato que va mucho más allá de la normalización de cuestiones como la asistencia virtual o la comunicación electrónica. En palabras de la propia consejera, la idea es pasar de un “Cabildo primitivo desde el punto de vista de la gestión administrativa” a otro en el que la tecnología y la formación del personal introduzcan de lleno a la institución en los desafíos de la digitalización. La idea, asegura Pérez, no es la modernización por la modernización. Es “hacerle la vida más sencilla a los ciudadanos”.

-¿Qué supone acometer la modernización de una administración con tantas competencias como un cabildo insular?

-Cuando llegamos a la corporación nos dimos cuenta de que necesitaba una vuelta en cuanto a las estrategias de modernización de todas las estructuras administrativas. Pero no sólo en cuanto a la necesidad de implementar avances tecnológicos: debíamos ir hacia una simplificación de los trámites y del modelo de comunicación interna. Y está claro que es importante implementar mejoras vinculadas con las nuevas tecnologías, pero la tecnología es sólo un instrumento. Lo que de verdad importa es hacerle más fácil la vida al ciudadano simplificando los procedimientos y resolviendo los problemas de manera más rápida. Y hay que partir de una base: los cabildos son administraciones muy potentes. Pero internamente, el Cabildo de Tenerife, a nivel organizativo y de gestión estaba a un nivel primitivo…

-¿Primitivo?

Sí. Primitivo… No existían las comunicaciones electrónicas y de servicio a servicio la comunicación se hacía en papel… Y por eso lo primero que hicimos fue un diagnóstico para saber cuál era esa situación de partida. Desde mi área y con un magnífico equipo de directores especializados en sus respectivas materias, llevamos esa parte del Cabildo que no se ve y desde el minuto uno vimos que era urgente acometer ese plan de modernización con una visión holística que incluyera toda la administración. Y de ahí este proyecto que abarca todo el mandato.

-¿Y cuál fue la respuesta del funcionariado?

-Les encantó. Pero es que lo tomaron como un proyecto de todos. Aportaron una gran cantidad de sugerencias, hasta el punto que la definición de lo que es el plan de modernización fue hecha por ellos. Se hizo trabajo de grupo, entrevistas individuales, se recogieron aportaciones anónimas… Y todo eso dio como resultado un documento muy potente organizado en cinco puntos fundamentales destinados a optimizar el impacto de las políticas públicas en la sociedad: la mejora de los servicios públicos; la simplificación administrativa; el avance de la administración electrónica, la apuesta por el gobierno abierto y el fomento de la participación y colaboración. Era un plan que justo teníamos para aprobar antes de que se declarara la pandemia pero que, evidentemente, las cuestiones impuestas sirvieron de acicate para su impulso. En este contexto, quedó claro que para lograr este gran objetivo, que no es otro que mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía, teníamos que apuntalar la institución por dentro. Era necesario.

-¿Y eso cómo se hace?

-Estableciendo de manera clara que es lo que hay que hacer para que ese trabajo redunde en la calidad de los servicios que se prestan. Implementar una nueva organización administrativa, ir implantando la gestión por proyectos y objetivos, apostar por la gestión del talento que tenemos dentro de la propia administración… Esto es crucial. El talento y la iniciativa de los empleados y empleadas públicas deben incentivarse y premiarse.  Por otro lado, es muy importante también reforzar la cooperación interadministrativa. Hay que partir de la base de que no importa qué administración presta el servicio; y tener en cuenta que muchas de esas funciones son compartidas por dos o más administraciones. Y aunque no haya competencias compartidas, si es cierto que debe darse ese flujo de cooperación. Y hemos hecho una gran apuesta en ese sentido. Y todo eso al final redunda en la calidad del servicio que se presta y ahorra tiempo a la ciudadanía.

- ¿Cómo?

La mejor manera de ver esto es a través de un ejemplo. Una persona inicia un trámite para solicitar un servicio o una subvención y para eso se necesita una gran cantidad de documentos. El objetivo es que se tenga que aportar la menor documentación posible y eso se logra con protocolos de cooperación que permiten acceder de manera rápida a esos datos que están en varias administraciones. Y la solución es fácil: buscar toda esa información que es competencia de varias administraciones a través de la intermediación de datos y el ciudadano se ahorra ir a buscar el certificado de renta, el de familia numerosa o el que dice que está matriculado en la universidad. Y así las otras administraciones me ayudan a ejercer mi competencia de manera sencilla. Pues imagine cuando hay competencias compartidas entre varias administraciones… Ahí es donde hemos puesto el acento a través de una estrategia de cooperación con los municipios.

-Una asignatura pendiente desde siempre…

-La asistencia a los municipios es una obligación incluida en la Ley de Bases del Régimen Local y que nosotros, en Canarias, desarrollamos en la Ley de Cabildos, en la que se habla de esa obligación de asistencia que tienen los gobiernos insulares con todos los municipios, pero especialmente con los que tienen menos de 20.000 habitantes. Algo que nunca se había implementado debidamente en ninguna de las islas. Lo que hicimos desde el Cabildo de Tenerife fue regular esa cuestión y aprobar el Reglamento de Asistencia Integral a los Municipios que aborda cuatro grandes líneas: la asistencia jurídica; la asistencia técnica y financiera; la asistencia en materia de modernización administrativa y, por último, la asistencia para dotar a los ayuntamientos de secretarios interventores, que es uno de los más grandes problemas a los que se enfrentan los municipios más pequeños. Hasta el punto que, incluso, a veces no pueden celebrar los plenos. Y en ese sentido hemos creado la figura de secretarios habilitados para asistir a los municipios.

-¿Van los tiros por esa frase recurrente de que el Cabildo debería ser el ayuntamiento de los ayuntamientos?

-Los cabildos son realidades mucho más complejas que eso. Es una afirmación rebatible. El Cabildo tiene una doble condición: es una administración local y, como tal, es el órgano de gobierno, administración y representación de cada isla pero, además, es una institución de la Comunidad Autónoma. Y, en este sentido, tiene una cantidad de competencias enorme. Salvo Educación y Sanidad, prácticamente, el resto de las competencias están atribuidas como propias por la ley, están transferidas o son transferibles. Eso sí, como administración local, tiene la obligación de asistir a todos los ayuntamientos, sin menoscabo de la autonomía municipal. El papel del Cabildo es estar ahí para lo que el ayuntamiento precise. Es un mandato legal que se tenía olvidado.

-¿Cuál es el siguiente paso?

-Seguir apostando por este modelo y avanzar en este sentido más allá de quién sea el o la siguiente responsable en la materia. Hay que partir de la base de que la modernización de una administración nunca se acaba. Modernizar es un verbo que se conjuga en gerundio, porque siempre estaremos modernizando. Las nuevas tecnologías siempre se nos superponen y lo que no podemos es pararnos. Y por eso hay que intentar ir por delante. Y el Covid fue una gran enseñanza en este sentido. La única manera de relacionarse con la administración era electrónicamente y eso nos obligo, tanto a la ciudadanía como a las propias administraciones, a adecuarnos a esta nueva realidad. Y ahí también Tenerife se convirtió en un referente: cada año emitimos más de 40.000 certificados digitales para facilitar la tramitación electrónica a los ciudadanos y ciudadanas. Después de la pandemia, las relaciones electrónicas con la Administración han aumentado muchísimo, porque mucha gente ha visto la bondad de este sistema que te permite comunicarte y hacer cualquier trámite desde casa. Pero es que también hay que pensar en los que nunca cogerán este tren de la digitalización…

-¿Y cómo se puede hacer eso?

-Pues le voy a hablar de un proyecto nuevo que está iniciándose y al que nos dedicaremos con mayor énfasis en los próximos meses. Queremos que en cada ayuntamiento haya una oficina la ciudadanía pueda consultar cualquier tipo de trámite que tenga que ver con el Cabildo. Una persona que tiene un comercio y pide una subvención podría ver en qué estado está el trámite a través de la administración electrónica pero también acercarse a esta oficina y consultar directamente o, incluso, comunicarse con un funcionario del Cabildo de Tenerife para ver cómo va el asunto.

-El viejo sueño de la descentralización…

-Ya se ha avanzado mucho en ese sentido. Este proyecto del que le he hablado nos va a llevar mucho esfuerzo en materia de cooperación con los ayuntamientos, en formación de nuestro personal y en la creación de infraestructura tecnológica. Pero no partimos de cero. Ya tenemos ocho puntos de información comarcales por toda la isla, donde hemos implantado nuevos mecanismos de atención más eficientes y rápidos, y el grado de satisfacción de aspectos como la cita previa es de 4,8 sobre cinco, con tiempos de espera media de solo un minuto.

-¿Cómo ha acogido el personal del Cabildo de Tenerife todos estos cambios?

-Yo creo que ahí partíamos con una ventaja. Y es que tanto mi equipo directivo como yo somos empleados públicos. Y eso hizo que el funcionariado respetara nuestras ideas porque sabían que conocemos muy bien la materia. Pero el factor determinante fue la participación. No hacíamos nada sin contar antes con ellos y eso provocó que la gente hiciera suyo el proceso porque, además, tuvimos en cuenta esas aportaciones: la mayor parte de las sugerencias e ideas recibidas se han visto reflejadas en los documentos finales.

-Este cambio tecnológico coincide con un momento crucial de renovación de buena parte de las plantillas en todas las administraciones públicas. Me imagino que esto facilita mucho el proceso hacia la digitalización.

-Totalmente. No hay que obviar que existe una brecha importante entre la receptividad de los empleados y empleadas antiguos y los más jóvenes. Y es una cuestión natural. Hay una generación que se ha criado en un entorno digital y asume de manera inmediata el impacto de las nuevas tecnologías. Es algo que vemos en nuestras propias familias y en nuestras casas. Y en el Cabildo pasa lo mismo. Hay una parte del personal que asume con muchísima facilidad estos cambios porque ya tienen una mentalidad digital. Y después están los que han tenido que pasar de una mentalidad analógica a otra digital: y mover un tren tan cargado de costumbres y con una estructura piramidal, vertical y atomizada no es fácil. Hay que pensar que había departamentos que no se comunicaban entre sí. Pasar de un modelo de reinos de taifas a una estructura más horizontal era crucial para acometer la tarea de modernización.

-Y ahí también tiene mucho que ver avanzar en la estabilidad de esos empleados públicos. Ningún cambio a largo plazo puede asumirse con esa inestabilidad…

-Es una parte fundamental del plan de modernización, que tiene una hija muy potente como es la Estrategia de Recursos Humanos. Dar estabilidad a nuestro personal no sólo es cumplir con un mandato legal, es también una manera de trabajar en un entorno muchísimo más seguro, donde la gente se relacione en un mejor ambiente y se pueda contar con el personal para realizar proyectos a largo plazo. Y es ahí hacia dónde vamos, siendo pioneros en el contexto de la Comunidad Autónoma. Nosotros empezamos con este proceso antes de la Ley 20/21, porque el Estatuto Básico ya nos brindaba esa oportunidad de ir hacia la consolidación del empleo. Y empezamos con nuestro personal de oficio, como carpinteros, alfareros, operarios u operarias de carreteras…

-¿De cuánta gente estamos hablando?

-Si contamos todos los entes dependientes y las empresas, tenemos una plantilla de más de 8.000 personas, pero si nos limitamos al Cabildo puro tenemos 1.565 empleados públicos, con una tasa de temporalidad del 44,6%. Hay 480 funcionarios interinos  y 218 empleados de personal laboral temporal,  pero de esas 698 plazas no fijas, los puestos estabilizables no alcanzan la totalidad, sino a 405, un número nada despreciable.

- ¿Por qué?

-La Ley establece unos criterios de estabilización para aquellos empleados públicos que hayan ocupado plazas estructurales de forma temporal desde antes del 1 de enero de 2016, que se consideran temporales de larga duración, y otros para los que estén en ese contexto de temporalidad hayan ocupado plazas estructurales al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020, que son los de corta duración. Estamos hablando de dos periodos diferentes: cinco y tres años. Entonces, de larga duración teníamos 191 funcionarios interinos y 139 plazas de personal laboral temporal. Y de corta duración teníamos 73 plazas de personal funcionario interino y 2 de personal laboral temporal. Es decir, vamos a hacer fijas 405 plazas, pero nos quedarán todavía plazas temporales, que se irá cubriendo por los procesos ordinarios de acceso que ya están convocados y otros que iremos convocando. Estimamos que con todo esto nos quedaremos por debajo de un 8% de tasa de temporalidad, que es lo que exige la legislación europea, antes de 2024. Y es que estamos en un proceso de convocatoria enorme.

-Para avanzar hacia ese Cabildo del futuro… ¿Cómo debe ser?

-Tiene que seguir por esta senda de la modernización, que no es otra cosa que lo que nos manda la ley. Y esto debe abstraerse a cualquier resultado electoral. Porque lo importante es garantizar que se cumplen esos cinco objetivos básicos que debe cumplir toda administración: mejorar la calidad de los servicios públicos; reducir los tiempos de tramitación; reducir las cargas administrativas; actuar de manera transparente y fomentar la participación y cooperación interadministrativa. A la ciudadanía le da igual quién le presta un servicio. Lo que quiere es que seamos ágiles, eficaces y que cooperemos entre las administraciones. Y en esa línea estamos y vamos a seguir avanzando.