El experto que asesora al Cabildo de Tenerife sobre el Circuito del Motor, Walter Sciacca, es el mismo que le dijo en 2018 a la corporación insular que la obra no era viable por el escaso poder adquisitivo de los tinerfeños. “Con los salarios que hay en la isla, es complicado que un aficionado pueda permitirse un día para rodar”, un coste que estaría entre los 600 y 1.000 euros, señaló el consultor italiano en un informe difundido hace cuatro años por el periódico Diario de Avisos.
Aun así, el Cabildo de Tenerife contrató por 1,52 millones de euros en 2020 a la empresa de la que Sciacca es administrador único, SCT International Motorsport, para servicios de asesoramiento con respecto al Circuito del Motor, tanto para asegurarse de que la infraestructura “cumple todos los requisitos técnicos que permiten su explotación comercial en el mercado” como para “garantizar” que la obra será explotada en “términos económicamente rentables para la Administración (retorno de la inversión y generar riqueza en la isla)”.
Canarias Ahora se ha puesto en contacto con uno de los socios de Sciacca en la mercantil SCT International Motorsport, Ulises Juan Jurado Ruíz, para conocer las labores de la empresa en relación con este proyecto. Sin embargo, el consultor italiano, preguntado por su socio, ha alegado una cláusula de confidencialidad, “la cual no puede saltársela”, y ha dicho que “todo el trabajo que se ha realizado y se está realizando está contemplado en el concurso público que como tal fue publicado en los medios oficiales”.
También se ha preguntado al Cabildo de Tenerife en este sentido, concretamente al área de Carreteras, Movilidad e Innovación, dirigida por Enrique Arriaga (Ciudadanos), para saber en qué quedaron los diferentes trabajos y estudios sobre el Circuito del Motor realizados por Sciacca en 2018 y por los que recibió poco más de 63.000 euros. Desde prensa del departamento responden que han hecho una consulta a los técnicos de la sección, pero que aún no hay respuesta por encontrarse muchos de ellos de vacaciones.
Desde que se presentara el Circuito del Motor de Tenerife en un acto con una sonora protesta, varios partidos políticos han reclamado que se haga público el estudio de viabilidad económica de un proyecto que supondrá un coste de 51 millones de euros para las arcas públicas, al ser la institución insular la entidad promotora de la obra.
“Nos cuestionamos cuál será la fórmula de gestión prevista para la explotación de ese trazado. No entendemos tampoco por qué, si esta iniciativa es tan interesante, (…) no exista ningún interés de la empresa privada para la ejecución y posterior gestión y mantenimiento del circuito”, reprochó Carmen Nieves Gaspar, miembro de Nueva Canarias en Tenerife. Podemos Tenerife también ha pedido el informe de rentabilidad.
Según la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), todas las obras en régimen de concesión, como lo pretende ser el Circuito del Motor, deben contar con carácter previo a cualquier construcción la realización de un estudio de viabilidad de las mismas. En ese análisis, se deberá detallar, entre otras cosas, la finalidad y justificación de la iniciativa, las previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social y la valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial, territorial o urbanístico. Además, la administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el plazo de un mes.
El Cabildo de Tenerife, en los documentos que ha sacado a exposición pública este verano sobre el Circuito del Motor, no hace mención alguna a la viabilidad o rentabilidad o justificación de la iniciativa. El principal valedor del plan, Enrique Arriaga, aseguró recientemente en Radio Marca que “el circuito será rentable” y que “se van a compensar las pérdidas que haya y encima habrá beneficios”, pero no aludió ningún estudio al respecto.
Por el momento, según la documentación recopilada por este medio, hay un mínimo tres de informes económico-financieros del Circuito del Motor (ninguno de ellos disponible en la red). Uno de 1997, en el que “además del análisis económico se profundizó en posibles localizaciones que por sus características fueran susceptibles de acoger unas instalaciones de este tipo”. Otro de 2009, que según el Boletín Oficial de Canarias (BOC) sí se sometió a exposición pública y se pudo consultar en las oficinas del Servicio Administrativo de Deportes del Cabildo de Tenerife, en el Pabellón Insular Santiago Martín. Y el ya mencionado de Walter Sciacca, elaborado en 2018.
En ese escrito, siempre según publicó Diario de Avisos, el consultor italiano reconoce no haber “mercado” ni “medios locales” en Tenerife para el Circuito del Motor, por lo que habría que tirar de demanda extranjera, una media de 4.500 “clientes potenciales” al mes más vinculados al turismo elitista que al que suele llegar a la isla picuda.
Otras investigaciones sobre circuitos de velocidad también han concluido que no son rentables para la administración local. En Navarra, el trazado para competiciones situado cerca la localidad de Los Arcos se ha tragado más de 70 millones de euros y ha supuesto un déficit de explotación de cinco millones. El Gobierno regional, liderado por la socialista María Chivite, está intentando vender el circuito, según informa elDiario.es.
En Aragón, la infraestructura denominada Ciudad del Motor, S.A. (Motorland), protagoniza cada año informes desfavorables de la cámara de cuentas de la comunidad. En 2020, el último texto disponible, se detalla que la pista obtuvo unas pérdidas de 2,28 millones de euros y que la causa de las mismas, “que se reiteran ejercicio tras ejercicio”, es que los ingresos derivados de las actividades realizadas no cubren los gastos.
Organizaciones ecologistas de Canarias han expresado su disconformidad por la promoción actual del Circuito del Motor de Tenerife en un momento convulso tras la pandemia de coronavirus. A los más de 50 millones de euros que supondrá su construcción, se suman los 1,5 millones que ya ha desembolsado el Cabildo insular a SCT International Motorsport en labores de asesoramiento y los 600.000 euros que ha invertido la corporación en vender el proyecto.
El hastío social en la isla tinerfeña por la concatenación de macroproyectos en el sur de Tenerife ha provocado que activistas hayan pedido de nuevo la paralización completa del complejo hotelero Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, y del resto de iniciativas.
“Solicitamos un giro radical en los planteamientos actuales de desarrollo para que no pongan en peligro el ya incierto futuro de Tenerife. No son necesarios más estudios de capacidad de carga en el panorama actual para saber que estas propuestas no son sostenibles y nos llevan a un callejón sin salida que nos conduce al abismo”, alertan.