Un tapón de entre “1.600 y 1.800 solicitudes o registros” ha saturado el buzón habilitado para la ciudadanía y que cada mes cuesta más desatascar. Es la realidad de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife y que según fuentes sindicales la coloca al borde del caos, por lo que temen que ocurra como en la provincia de Las Palmas, donde se forman colas cada día a las puertas de las oficinas. La principal causa, explican desde UGT, es la falta de plantilla que arrastra esta provincia desde hace 30 años. Con un millón de habitantes repartidos en cuatro islas, esta provincia cuenta con 161 efectivos reales; 109 para gestionar los trámites y 52 en atención al público. Pese a ello, el personal de oficina señala que cada vez con mayor frecuencia tiene que realizar tareas como ayudar con el trámite de expedientes.
“Somos la comunidad peor dotada”, afirman desde el sindicato. De hecho, UGT resalta el caso del sur de Tenerife, donde el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) situado en Granadilla de Abona, que atiende a unas 220.000 personas teniendo en cuenta ese y otros municipios de la zona, cuenta actualmente con apenas tres profesionales, aunque la plantilla asignada es de seis personas, “sin que exista una solución a este problema, que lleva demasiados años enconado”, afirman las fuentes sindicales, que matizan que el actual delegado del Gobierno en Canarias sí ha tenido interés en conocer el problema. Este panorama obliga a la población a tener que acudir a centros del norte de la isla cuando este se encuentra muy saturado.
En las islas no capitalinas la realidad es mucho más compleja. En el municipio de Los Llanos de Aridane (La Palma), por ejemplo, con unos 20.000 habitantes, su centro de atención a la ciudadanía abre solo dos veces por semana. En esta isla, que tiene una población de 84.000 habitantes, el sindicato denuncia además que no se dispone de médico fijo para realizar las valoraciones y esto “retrasa las revisiones de esta isla injustificadamente”.
Si se compara la realidad de Santa Cruz de Tenerife con otras provincias de similar población, el sindicato ha constatado, por ejemplo, el caso de Lugo, que con 330.000 habitantes cuenta con 163 efectivos; Ourense, con 310.000 habitantes, tiene 186 efectivos o Pontevedra, con 941.000 habitantes, dispone de 253. Por comunidades autónomas, si se compara Canarias con Galicia, daría como resultado que el Archipiélago (2,2 millones de habitantes) dispone de 398 efectivos para sus dos provincias (contando al personal que tramita los expedientes y el de atención al público) mientras que en Galicia (2,7 millones de habitantes) cuenta con 876 empleados. “No sobra personal de la Seguridad Social en ninguna comunidad o provincia, pero sí es cierto que en Santa Cruz de Tenerife tenemos la peor ratio del Estado y esto no puede tolerarse, porque es a costa de un pésimo servicio a la ciudadanía y un sobreesfuerzo del escaso personal que lo soporta”, afirma una de las fuentes.
Destacan también provincias como Zaragoza, con 954.000 habitantes y 241 efectivos, o Huesca y La Rioja, con menos población que en las Islas (220.000 habitantes y 314.000 habitantes), pero con 98 efectivos. Según los datos del sindicato, también llama la atención que en una comunidad como Aragón, con 800.000 habitantes menos que Canarias, se disponga de 403 efectivos, es decir, 100 más. Castilla-La Mancha, con 150.000 habitantes menos que las Islas tiene 100 trabajadores más. Las mismas fuentes consideran que el Gobierno de Canarias no ha sabido exigir en 30 años un incremento de efectivos para su comunidad y equilibrar así la dotación que les corresponde.
Meses esperando por las resoluciones
Debido a esta falta de personal, las fuentes explican que la ciudadanía está abocada a esperar meses por solicitudes y expedientes. “No contamos con personal de apoyo suficiente para los servicios médicos, ni los servicios jurídicos, ni los departamentos de reclamaciones y los de trámite de las prestaciones. Tenemos retrasos de meses en las determinaciones de contingencias y en los expedientes por faltas de medidas, también en las revisiones de incapacidad, en las ejecuciones de sentencias, en el trámite de las maternidades…”, aseguran.
Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social han contestado varias veces a preguntas de este periódico que en los últimos meses sí que se ha efectuado, entre otras medidas, un encargo con Tragsa para ayudar en la grabación de los datos de las solicitudes y petición de documentación a los ciudadanos. Así mismo, se ha realizado un encargo también a esa empresa para reforzar la atención telefónica con un número gratuito exclusivo para resolver cuestiones del Ingreso Mínimo Vital. No obstante, las fuentes sindicales insisten en que esta situación se lleva arrastrando años y que no viene ligada a la gestión de ese ingreso. La solución señalan que pasa por aumentar plantilla, de manera que se contrate “cuanto antes” a personal interino.
En Santa Cruz de Tenerife no se dan los problemas que existen en Las Palmas de Gran Canaria para conseguir cita previa porque el período para solicitar una hora de atención presencial suele estar abierto durante un mes, como hacen otros organismos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y no solo se abre esta posibilidad por unos días. En Las Palmas, la imposibilidad de lograr cita previa a través de la página web o del teléfono lleva a que se formen largas colas en las oficinas de la capital grancanaria cada día para tratar de ser atendidas y a la impotencia de la ciudadanía. Sobre este asunto, desde la Secretaría de Estado se ha afirmado que “se ha comprobado que es más eficiente no abrir un periodo largo de asignación de citas porque favorece la no presentación de los ciudadanos a las citas lejanas en el tiempo, pero se está analizando pormenorizadamente la forma de prestar el mejor servicio posible”.