Catorce años después del inicio de una de los casos más extensos y mediáticos por presunta corrupción política en Tenerife, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Granadilla de Abona ha dictado la apertura del juicio oral en dos de las cinco piezas que conforman una causa en la que figuran como acusados el exalcalde Jaime González Cejas (PSOE), así como otros seis exconcejales del municipio del sur de Tenerife, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.
En dos autos dictados el pasado 30 de septiembre, a los que ha tenido acceso Mírame Televisión, la jueza Dolores Gutiérrez ha declarado la apertura de juicio oral por la pieza separada número 3, lo que supone sentar en el banquillo a un histórico del socialismo tinerfeño, el exalcalde Jaime González Cejas, y a otros seis exconcejales del PSOE en el Ayuntamiento de Granadilla.
También se desbloquea, mediante otro auto judicial dictado el mismo 30 de septiembre, la pieza número 4, en la que únicamente está procesado el exconcejal del PSOE Nicolás Jorge, actual coordinador de Gabinete del alcalde de Arona, José Julián Mena.
Con la nueva decisión judicial, una causa que se ha visto empantanada en los juzgados durante 14 años afronta su recta final. Atrás queda ya un extenso sumario que colocó en el punto de mira a González Cejas y su equipo desde que los hechos fueran denunciados en el año 2007, con un sobreseimiento provisional de por medio, que fue levantado por la Audiencia Provincial, además de numerosos recursos y contratiempos que han retrasado la instrucción del procedimiento.
Una macrocausa que fue dividida inicialmente en cinco piezas separadas y que ahora se acerca a su desenlace, gracias al impulso de Sí Se Puede, que ejerce la acusación popular, y al Ministerio Fiscal. La jueza ha fijado una fianza total de 876.171 euros para los acusados en la pieza número 3.
Los procesados se enfrentan, en el peor de los escenarios, el que dibujan las acusaciones por la pieza número 3, a penas que suman 57 años de prisión por presunta malversación de caudales públicos y tráfico de influencias (un delito del que solo se acusa a González Cejas), según las condenas solicitadas por Sí Se Puede, que también reclama la inhabilitación de los encartados por una posible prevaricación.
El horizonte más favorable, junto a la previsible absolución que pedirán las defensas en la vista oral, se abre con el escrito de la Fiscalía, que no considera que haya indicios suficientes para juzgar a los acusados por delitos de malversación o tráfico de influencias, por lo que rebaja las posibles condenas a penas de entre siete y diez años de inhabilitación por prevaricación administrativa.
La calificación de las acusaciones, tanto la pública como la popular, tienen en esta fase procesal un carácter provisional y pueden ser modificadas tanto antes de la vista oral como después de que se practiquen todas las pruebas previstas en el juicio.
Además de Jaime González Cejas y de Nicolás Jorge, también se sentarán en el banquillo por la pieza 3 los exediles Fidel Rodríguez, Ana Esther Flores, José Antonio González Cejas, Rufino Acosta y Ana María Casimiro.
Pieza 3
La pieza número 3 está relacionada con la aprobación del plan parcial Médano Park, que beneficiaba directamente a la sociedad Médano Beach Sur SA, de la que era accionista González Cejas hasta que la empresa Vimédano SL compró sus 440 títulos a un precio que multiplicaba por 17 su valor inicial, que pasó 13.222 euros a 220.000 euros, una vez se modificó el uso inicial del suelo.
Los terrenos afectados por el plan parcial de Médano Park eran rústicos en 1987, según la escritura de compraventa, cuando fueron adquiridos por Médano Beach Sur SA, aunque en las Normas Subsidiarias de 1994 ya aparecen ubicados en un sector considerado como apto para urbanizar.
Con la aprobación en 2003 por parte de la Cotmac del Plan General de Ordenación (PGO) de Granadilla, los terrenos pasaron a tener la condición de suelo urbanizable sectorizado no ordenado, pendientes de su desarrollo mediante un plan parcial.
Fue el propio Jaime González Cejas el encargado de dictar dos decretos que permitieron aprobar de manera inicial y provisional, respectivamente, el plan parcial que desarrollaba urbanísticamente los terrenos. Las acusaciones sostienen que el exalcalde no tenía competencias para ello, pero las defensas han mantenido en los diferentes recursos presentados en la causa que la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ampara esta actuación, como se desprende del artículo 21.1.
En una sesión celebrada el 29 de septiembre de 2005, tres meses después del último decreto del alcalde, el pleno municipal dio su visto bueno a que la urbanización de los terrenos se llevase a cabo mediante el sistema de ejecución por concierto. Para ello se suscribió un convenio entre el Ayuntamiento de Granadilla y la entidad Médano Beach Sur SA, que otorgaba al Consistorio un aprovechamiento que se concretó en la entrega de dos solares por parte de la propiedad privada.
Una compensación que fue modificada por la decisión adoptada por el pleno el 27 de abril de 2006, que sustituyó la entrega de los terrenos por una compensación económica. Según un informe pericial realizado durante el transcurso de la instrucción, la cuantía en la que los técnicos municipales valoraron la compensación no coincide con su valor real, con un perjuicio para las arcas públicas que se ha cifrado en 850.651 euros. Más allá de la mayor responsabilidad que la Fiscalía y Sí Se Puede atribuyen a González Cejas, esta sesión plenaria es la que, según las acusaciones, desemboca en la presunta actuación delictiva del resto de exconcejales.
Unos hechos que están relacionados con los investigados en la pieza número 2, que aún está pendiente de la apertura del juicio oral, y que ponen bajo sospecha las licencias urbanísticas que el Ayuntamiento concedió a la sociedad Vimédano SL, que en 2006 adquirió las 440 acciones que González Cejas poseía en Médano Beach Sur SA.
En total, la entidad Vimédano SL recibió, entre los años 2003 y 2007, cuatro licencias urbanísticas para construir una promoción de edificios con capacidad para cerca de 200 viviendas en la localidad costera del municipio de Granadilla. Durante la instrucción de la causa ha quedado de manifiesto que existían informes técnicos desfavorables que fueron omitidos por la Junta de Gobierno en las distintas sesiones que aprobaron los permisos. Estos hechos obran en la pieza separada 2 y quedan fuera de los que serán juzgados a raíz de los dos autos judiciales dictados la semana pasada.
Pieza 4
La otra pieza que irá a juicio será la número 4, en la que únicamente se encuentra encartado el exconcejal Nicolás Jorge, relacionada con la adjudicación de la instalación de la infraestructura necesaria para la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en el municipio de Granadilla de Abona.
La operación se realizó como consecuencia de una moción presentada por Nicolás Jorge y que fue aprobada por un pleno celebrado el 30 de enero de 2006. La empresa beneficiaria fue Handy Men SL, que presentó la oferta más baja, por valor de 88.817 euros, y a la que finalmente se abonaron un total de 109.602 euros, según una factura fechada el 14 de diciembre de 2006 y que aparece firmada por el exconcejal con el conforme de un técnico del Ayuntamiento tinerfeño.
Las acusaciones defienden que la adjudicación se realizó sin seguir el procedimiento legal fijado por la Ley de Contratos, es decir, se eludió convocar un concurso público; mientras que el Ayuntamiento optó por la vía del negociado sin publicidad y recabó tres ofertas de tres entidades distintas. El auto que en 2011 archivó de forma provisional la causa, que fue reabierta por decisión de la Audiencia Provincial, consideró los hechos como una irregularidad administrativa que carecía de relevancia penal.
Tanto la Fiscalía como Sí Se Puede consideran que el responsable del procedimiento de contratación era Nicolás Jorge, lo que ha negado la defensa del exconcejal en los distintos escritos que ha presentado durante la instrucción, al atribuir la competencia a la Junta de Gobierno Local.
La jueza a impuesto a Nicolás Jorge una fianza de 109.602 euros por su posible responsabilidad pecuniaria en la pieza número 4.
Resto de piezas
Ahora quedan pendientes de la posible apertura de juicio oral las piezas 1, 2 y 5, que de momento la jueza ha dejado fuera de los dos autos dictados el 30 de septiembre.
Especial mención merece la primera de ellas, que gira alrededor de las licencias urbanísticas concedidas, con informes técnicos desfavorables, a la entidad Inversiones Costa Atlántica SL, cuyo administrador mancomunado era Fidel Rodríguez, concejal de Hacienda y primer teniente de alcalde en el momento de los hechos investigados. A su vez, ostentaba el cargo de consejero delegado en la entidad Grasur SL, que fue creada por el propio Ayuntamiento para emitir informes técnicos.
La relación entre el exconcejal e Inversiones Costa Atlántica SL era tan evidente que Fidel Rodríguez llegó a ausentarse de las juntas de Gobierno que aprobaron las licencias, tal y como destacó en su día la Audiencia Provincial como un elemento que descarta la defensa del resto de ediles, que siempre han mantenido que no conocían las vinculaciones existentes.
La pieza número 5 está vinculada con la adjudicación de una licencia al Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), que depende del Cabildo de Tenerife y tiene su sede en el municipio de Granadilla, para la instalación de 200 placas fotovoltaicas, dividas en dos fases.
La licencia se concedió por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento a pesar de la existencia de informes técnicos desfavorables. Pero la cosa no queda ahí, ya que el propio exalcalde Jaime González Cejas solicitó un crédito para participar directamente en la promoción de la segunda fase, a la que previamente había dado el visto bueno para la instalación de 70 placas fotovoltaicas.
Así queda la relación de penas solicitadas por las acusaciones para los siete procesados que ocuparán el banquillo en el juicio oral:
Jaime González Cejas
Sí Se Puede solicita para el exalcalde de Granadilla 30 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tres delitos de prevaricación, ocho años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación, así como un año de cárcel y seis años de inhabilitación por tráfico de influencias.
La Fiscalía pide una pena de diez años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada.
Fidel Rodríguez Gaspar
Se enfrenta a una pena, a petición de Sí Se Puede, de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, junto a ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación por malversación.
El Ministerio Fiscal reclama una condena de ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada.
Esther Flores Ventura
Sí Se puede solicita para la exconcejala diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación y ocho años de cárcel, además de 20 años de inhabilitación, por malversación de caudales públicos.
El Ministerio Público considera a la exconcejala responsable de un delito de prevaricación, por el que pide una pena de siete años de inhabilitación.
José Antonio González Cejas
A solicitud de Sí Se Puede, diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, además de ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación por malversación.
La fiscal acusa al exconcejal de un delito de prevaricación y reclama una pena de siete años de inhabilitación especial.
Nicolás Jorge Hernández
Sí Se Puede solicita para el exconcejal y actual jefe de Gabinete del alcalde de Arona un total de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, a los que suma ocho años de cárcel y otros 20 años de inhabilitación por malversación de caudales públicos.
Para él, la Fiscalía pide una condena de ocho años de inhabilitación especial por prevaricación continuada.
Nicolás Jorge también se encuentra procesado en la pieza 4, donde Sí Se Puede le acusa de prevaricación y malversación, mientras que la Fiscalía solo mantiene la acusación por prevaricación. El pasado 30 de septiembre también se dictó el auto de apertura de esta parte del procedimiento, con una fianza de 109.602 euros.
Rufino Acosta Álvarez
Se enfrenta, a petición de Sí Se Puede, a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y ocho años de cárcel, además de 20 años de inhabilitación, por malversación de caudales públicos.
El Ministerio Fiscal le reclama siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Ana Casimiro Pérez
Sí Se Puede también pide para la exedil la misma pena que para el resto, con la excepción de Jaime González Cejas: diez años de inhabilitación por presunta prevaricación, junto a ocho años de cárcel y otros 20 años de inhabilitación por un delito de malversación.
En el caso de la Fiscalía, la condena solicitada es de ocho años de inhabilitación especial por prevaricación continuada.