Las licencias urbanísticas ilegales exponen a miles de vecinos de Arona al pago de cargas millonarias

Los centenares de licencias ilegales concedidas durante las dos últimas décadas por los responsables políticos del Ayuntamiento de Arona (la mayoría a partir del año 2000, a cargo de CC, CCN-CAN y PP) empiezan a pasar factura a la población: los propietarios de miles de viviendas y locales construidos al amparo de esas autorizaciones ilegales tendrán que asumir cargas urbanísticas, costear cesiones de suelo y hasta devolver al consistorio el dinero público ilegalmente gastado en su entorno. La mayoría de estos afectados por licencias tóxicas ignora la que se les viene encima, pues adquirieron sus pisos, garajes y locales a promotores creyendo que todo era legal.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de este municipio del Sur de Tenerife queda expuesto al pago de indemnizaciones millonarias por la nulidad de esas licencias repartidas entre los núcleos de Valle San Lorenzo, Cruz del Guanche, Guaza, La Camella, Buzanada, El Bebedero, Las Galletas, La Estrella, La Rosa, El Fraile y Guargacho. En total, la problemática de las unidades de actuación aroneras afecta a unos 700.000 metros cuadrados de suelo.

Así se desprende de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha tumbado el Plan General de Ordenación vigente en Arona desde finales de 2011 por ocho motivos distintos de nulidad, uno de ellos, la arbitrariedad en la reclasificación urbanística de los ámbitos calificados como unidad de actuación en el planeamiento de 1987.

Los responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento aronero y del Gobierno de Canarias intentaron solucionar el descalabro urbanístico generado con esas licencias ilegales a través del Plan General de Ordenación (PGO) vigente, por ejemplo, recalificando las unidades de actuación ilegalmente desarrolladas como suelo urbano consolidado. Pero no ha colado.

La citada sentencia señala al respecto que “los propietarios de suelo urbano incluidos en unidades de actuación por el planeamiento anterior, no pueden ser excluidos de dichas unidades por el planificador con ocasión de la revisión del planeamiento, aunque hubieran obtenido licencia y hubieran edificado sus parcelas y éstas cuenten con servicios urbanísticos, porque no han participado en todas las cargas urbanísticas previstas para el ámbito en el que de manera natural se incluyen y de cuyos servicios están en disposición de disfrutar”.

Revisión y anulación de licencias

Las licencias concedidas sin condicionar el derecho al cumplimiento de los deberes urbanísticos, “deberán ser revisadas”, puntualiza la sentencia. “Siendo el cumplimiento de estos deberes un requisito esencial para la adquisición del derecho, las mismas pueden ser revisadas mediante la acción de nulidad”, concreta abriendo la puerta al pago de indemnizaciones a los afectados de esas licencias (ya que algunas se concedieron de forma condicionada al pago de dichas cargas cuando se ejecutaran esos ámbitos, pero otras no dicen nada de tal condición).

Además de dejar clara la inviabilidad de categorizar como suelo urbano consolidado parcelas en las que no se ha gestionado la unidad de actuación y en las que no se acredita que los propietarios hayan participado en el proceso urbanizador, la sentencia recoge que esas recalificaciones parecen haber beneficiado “incluso a viviendas sin licencia” (construcciones clandestinas). Entre las irregularidades detectadas, el auto del TSJC menciona también que en varias unidades de actuación el PGO anulado incorpora irregularmente suelo que no era urbano en el planeamiento anterior, que se aumenta la edificabilidad por encima de lo permitido y que se reduce la superficie destinada a espacios libres.

Licencias ilegales y corrupción urbanística

La concesión masiva de licencias ilegales en unidades de actuación es parte del denominado Caso Arona 1, causa en la que 17 gobernantes y exgobernantes municipales, técnicos, una jefa de Policía Local y un cabo de la Guardia Civil se reparten acusaciones de delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, malversación y prevaricación.

Uno de los testigos clave de esa megacausa de corrupción relató y aportó pruebas del cobro de comisiones urbanísticas que se repartían el aparejador, el arquitecto jefe, el secretario general y políticos de la Junta de Gobierno a cuenta de la concesión de licencias ilegales en unidades de actuación no gestionadas. Las actas de las Juntas de Gobierno aportadas como pruebas principales de esa causa que está pendiente de que la Audiencia Provincial tinerfeña fije fecha para juicio dejan claro que las licencias edificatorias en unidad de actuación se concedían a unos sí y a otros no, así como que determinados promotores tenían gran facilidad para beneficiarse de esos permisos edificatorios ilegales.

La primera sentencia que anuló este PGO en septiembre del año pasado por carecer de evaluación de impacto ambiental (recurrida por el Gobierno de Canarias ante el Tribunal Supremo) fue desencadenada precisamente por un vecino al que intentaron endosarle prácticamente todas las cesiones de suelo de una unidad de actuación que había sido edificada en su mayor parte por un conocido promotor.

La bomba de relojería de las unidades de actuación de este municipio del Sur de Tenerife saltó por primera vez después de las elecciones de 2011, cuando el Ayuntamiento reclamó 1.200.000 euros a un centenar de vecinos de Valle San Lorenzo en concepto de cargas urbanísticas. La mayoría no sabía ni que tenía propiedades en una unidad de actuación. La algarabía de algunos afectados logró paralizar los cobros, pero el problema sigue sin solucionarse.

Hoy, rueda de prensa

El concejal de la oposición y el abogado que han tumbado el Plan General de Arona en el TSJC por ocho motivos de nulidad –José Antonio Reverón, de Ciudadanos por Arona, y el abogado Felipe Campos, respectivamente–, han convocado rueda de prensa de valoración de la sentencia a las 11.30 horas de hoy en el Hotel Reverón Plaza (Los Cristianos). La misma es abierta al público. Entre quienes han confirmado asistencia, varios empresarios señalan que, además de entender la situación urbanística del municipio, van a intentar abrir debate sobre las opciones que hay para solucionar la parálisis urbanística de este municipio de 80.000 habitantes que lleva casi una década saltando por los aires por el estallido de su inmensa burbuja inmobiliaria.

Mientras, los responsables municipales y del Gobierno de Canarias siguen actuando como si la anulación del PGO no fuera con ellos y como si no pasara nada.