Podemos estudia ser acusación popular por irregularidades en el área de Carreteras del Cabildo

Rosa Cárdenes

Santa Cruz de Tenerife —

El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife estudia la posibilidad de presentarse como acusación popular en la causa judicial abierta tras la denuncia de la Fiscalía por “el oscuro agujero económico” de 17 millones de euros en la contratación de obras para carreteras. La Fiscalía investiga el pago facturas sin justificar y gastos no autorizados en el área de Carreteras.

Podemos también recaba información de otros “escándalos” judiciales protagonizados por el Cabildo, como la gestión de los fondos de Sinpromi, y de otros asuntos controvertidos donde puedan existir irregularidades que afecten al interés general de la sociedad tinerfeña, como el proyecto del circuito del motor.  

Así lo indicó el consejero Julio Concepción durante la rueda de prensa en la que los cinco consejeros de Podemos hicieron balance de sus primeros cuatro meses en la corporación insular. Concepción dijo que Podemos ha solicitado sin éxito información al grupo de gobierno sobre el controvertido asunto de las carreteras. Además han pedido un listado de todas las causas penales, civiles y administrativas abiertas contra el Cabildo, contra sus órganos dependientes y contra sus responsables. 

“El grupo de gobierno nos daba la información que pedíamos al principio, pero en cuanto hemos tocado hueso han empezado a echarse para atrás”, subrayó el portavoz de Podemos, Fernando Sabaté.

Sabaté abogó por otro modelo de isla distinto al que promueve el equipo de gobierno -CC y PSOE- y expresó el rechazo de esta formación política a dos proyectos, los trenes del Norte y del Sur, y la regasificadora de Granadilla, proyecto al que Podemos presentó alegaciones el pasado mes de agosto.

A este respecto apuntó que la regasificadora solo servirá para bloquear y retrasar el modelo descentralizado de energías renovables, por el que ha apostado Gran Canaria, y que es uno de los mayores nichos de empleo para las Islas. 

“Aquí se apuesta por un modelo viejo que remite a las puertas giratorias”, dijo en alusión al director insular de Fomento del Cabildo, Miguel Becerra, quien anteriormente era el presidente de la Compañía Transportista de Gas Natural (Gascan), promotora de la regasificadora.

Sabaté consideró “dramático” que frente a la situación de “alerta social” que se vive en Tenerife, “la principal preocupación del presidente del Cabildo, la única que le lleva a viajar a Madrid y a convocar reuniones con alcaldes, es el anillo insular de carreteras”.

En cuatro meses las consejeras y consejeros de Podemos se han reunido con más de treinta colectivos; han presentado 12 solicitudes de información; 7 solicitudes de expedientes; y han renunciado al seguro médico que proporciona el Cabildo a sus representantes, como apuntó Julio Concepción. “El que quiera un seguro médico privado que se lo pague”, apostilló. 

Por su parte, Roberto Gil dijo que el balance de Podemos es positivo, y se congratuló del cambio que ha supuesto la entrada de esta formación política en el Cabildo de Tenerife, donde la acción de fiscalización de la oposición hasta ahora era prácticamente inexistente. “Han desaparecido las cortas sesiones plenarias de una corporación de trillizos -CC, PSOE y PP- en la que la ciudadanía ha llegado para quedarse de la mano de Podemos”, apuntó. 

La consejera Milagros de la Rosa reclamó más medidas para facilitar la participación ciudadana, como la celebración de los plenos por las tardes, tal y como pidió Podemos al inicio del mandato, y abogó por que se permita a cada consejero de Podemos presentar al menos una moción al mes. Hasta ahora solo pueden presentar dos entre todos. 

Paqui Rivero incidió en que la mayoría de la propuestas de Podemos tienen que ver con temas sociales, y señaló que su “principal bandera” es la del “rescate ciudadano”, a través de la creación de una comisión que agrupe todas aquellas materias relacionadas con el bienestar de las personas, pero que no contó con el visto bueno del Pleno.

Sí respaldaron los grupos políticos crear una Oficina Insular de Intermediación por el Derecho a la Viienda, debidamente dotada de recursos humanos y materiales, que en coordinación con los ayuntamientos atienda y acompañe a personas en proceso de desahucio, implemente líneas de acción en alquileres sociales, y diagnostique y aborde el drama de las personas sin hogar.