Solo dos de los 27 políticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tienen escoltas: el alcalde, José Manuel Bermúdez, y la concejala tránsfuga y también de Policía, Evelyn Alonso. El equipo de gobierno, liderado por Coalición Canaria, asignó a estos agentes que ahora forman parte del Grupo de Protección a las Autoridades que surgió de la reorganización de los efectivos policiales de la ciudad tras la extinción de la Unidad de Intervención la Policía Local (Unipol). Bermúdez y Alonso cuentan con seis agentes de seguridad, aunque este equipo podrá estar formado hasta por diez funcionarios que prestarán su servicio “conforme lo exijan las circunstancias”. El sindicato CSIF estima en 70.000 euros anuales el gasto público que supondrá esta inversión destinada a “proteger al político”. Una cifra que no confirman desde el Ayuntamiento, que justifica que “no hay una cantidad concreta”, sino que “varía en función de las necesidades”.
Este grupo de escoltas, dependiente de la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local, está compuesto por funcionarios “de confianza de la autoridad” que, “de forma voluntaria, se destinan desde sus correspondientes unidades a asumir estas funciones”. Por ello, según lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife el 18 de junio, no se crearán nuevos puestos de trabajo, sino que se abonará a estos agentes un complemento a modo de compensación económica.
Según fuentes del Ayuntamiento, los seis agentes destinados a este servicio trabajan por turnos. Las horas específicas que requiere esta función se abonan “como al resto de agentes que hacen servicios extraordinarios o específicos que requieren de un complemento en su salario”. Algunas de las funciones del grupo de protección a las autoridades son escoltar a los políticos asignados a los actos marcados en sus agendas y también acompañarlos fuera del término municipal o de la comunidad autónoma.
Fuentes del Ayuntamiento explican que varios agentes se asignan al servicio de escoltas de la Alcaldía desde hace años y de manera voluntaria. En el caso de la concejala de Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente y Promoción Económica, Evelyn Alonso -cuyo voto permitió que triunfara la moción de censura contra Patricia Hernández (PSOE) y que Bermúdez recuperara el poder- su protección “es necesaria por una recomendación efectuada en un estudio de seguridad realizado por la propia Policía Local a raíz de amenazas de carácter personal contra sí misma y su familia durante un mes”. Estas mismas fuentes aseguran que estas supuestas amenazas fueron denunciadas y el caso continúa en el juzgado, ya que se ha identificado a tres de los autores.
El sindicato CSIF ha criticado la falta de negociación en esta reorganización y que se elija a “unos determinados agentes sobre el resto para esta función”, ya que “no ha concurrido procedimiento selectivo alguno sobre el nuevo puesto de trabajo dentro de la Policía Local de Santa Cruz”. “En ningún momento se ha justificado a los sindicatos el motivo de singularizar y crear estos puestos, mucho más allá de lo que entendemos, aprobar lo que les place a costa del erario público”, rechaza el abogado del sector local del CSIF, Cristo Llurda.
El delegado sindical en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Illada, ha tildado de “despropósito” nombrar hasta diez agentes para que hagan de escoltas de los políticos y que reciban un complemento económico por esto. “Hay trescientos agentes a los que no se les reconocen sus especificidades laborales”, asevera. El sindicato considera “grave e inadmisible” esta subida salarial y la creación de nuevas funciones que tratan de manera “desigual y caprichosa” a unos elegidos sobre el resto de la plantilla.
Según Illada, la forma de selección de estos funcionarios genera un perjuicio sobre el resto de agentes, ya que deberán ser “de confianza de la autoridad”. “No sabemos si se refiere a que deberá ser amigo, familiar o tener alguna relación de afinidad”, apunta el sindicalista. El concejal del PSOE en la capital, Tino Guzmán, criticó esta decisión en un pleno de la corporación y acusó a la concejala de Seguridad Ciudadana de prevaricación: “Mi amiguete de escolta. Seguimos con el despropósito de la Policía Local en Santa Cruz de Tenerife”.
Fuentes del gobierno municipal defienden que para prestar este servicio voluntario, “se da la oportunidad a toda la plantilla”. “Evidentemente se exige tener conocimientos en materia de seguridad ciudadana e incluso cursos específicos en cuestiones relativas a protección de autoridades”, añaden. Según estas fuentes, esta función de los agentes “tiene varios años de antigüedad” y siempre ha estado sujeta a la condición de adscripción voluntaria. “Está operativo desde la época de Miguel Zerolo como alcalde y continuó en los siguientes equipos de gobierno, incluido el de Patricia Hernández. También existe en otros municipios como La Laguna o Las Palmas de Gran Canaria, o en Presidencia del Gobierno de Canarias, que es cubierto por agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC)”.
La Unipol se extinguió en la capital de Tenerife el pasado 1 de junio, después de 17 años de actividad. Este cuerpo de seguridad fue creado en 2004 por el alcalde de CC Miguel Zerolo, que en la actualidad permanece en prisión por el caso de Las Teresitas. Según la versión del alcalde Bermúdez, la disolución de la Unipol para aumentar la presencia de Policía de barrio se debe a la demanda de los vecinos, que requieren mayor vigilancia policial en las calles. Sin embargo, la Unipol ha estado envuelta en polémica desde su creación.
En 2007, más de 300 personas cortaron el tráfico en un barrio capitalino en señal de protesta por una supuesta agresión que sufrió un joven por agentes de este grupo y que le provocó un derrame cerebral y varios daños graves en la cara. Durante sus años de historia, diferentes grupos políticos han pedido su disolución por considerar que sus funciones no son necesarias en una ciudad como Santa Cruz. Las competencias de los agentes de la Unipol pasaban por el patrullaje de zonas conflictivas, la intervención en concentraciones de masas y el auxilio a la población “en casos de calamidad o catástrofes públicas”. También era este cuerpo el que se encargaba de escoltar al alcalde y a las demás autoridades locales.
La forma de seleccionar a los integrantes de esta unidad especial de la policía también llegó a los tribunales por el CSIF, ya que no respetaban los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad. El sindicato consideraba que el proceso de elección premiaba y beneficiaba a los agentes que ya pertenecían a la UNIPOL y en varias ocasiones la Justicia dio la razón a la organización de trabajadores.
Este “calvario” judicial puso en jaque la continuidad de la Unipol, ya que según publicó Diario de Avisos, en 2021 la mayoría de los agentes no se presentó a las pruebas que permitían formalizar su adscripción a este cuerpo. La celebración de estas pruebas estaba prevista para el pasado 21 de mayo, con el fin de cumplir con una sentencia que anuló la anterior forma de selección de los miembros de la Unipol, ya que fueron designados de forma voluntaria y sin un concurso de méritos ni capacidad.
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