La Ciudad de la Justicia no debe esperar más

Uno de los cometidos principales de cualquier administración pública es el de poner a disposición de los ciudadanos las infraestructuras adecuadas para que la prestación de los servicios sea lo más eficiente posible. Es precisamente el interés de esos ciudadanos el que debe prevalecer a la hora de afrontar y planificar la gestión de cualquier asunto público.

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la futura ubicación de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife y menos sobre la necesidad imperiosa de contar con esa infraestructura. El Gobierno de Canarias y todo el sector llevan diez años perdiendo el tiempo sobre su ubicación, cuando resulta que ese campus debe responder a las aspiraciones de la sociedad de contar con unas instalaciones adecuadas y dignas para la prestación de un servicio esencial en un Estado de derecho, donde prime el servicio a los justiciables.

Dando por sentado que nadie puede discutir la conveniencia del proyecto, sí han surgido reticencias por parte de algunos sectores de la administración de Justicia sobre el emplazamiento propuesto por el Gobierno de Canarias: se trata de una parcela en El Sobradillo, de más de 20.000 metros cuadrados, que permitiría concentrar en una misma sede las oficinas, servicios y dependencias comunes, así como los distintos órganos jurisdiccionales (Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Audiencia Provincial, juzgados, Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal), disponiendo además de un parking público de unas 700 plazas.

Santa Cruz y, por tanto, Tenerife llevan un retraso importante en esta materia, de diez años, y no nos podemos permitir más demoras. Se trata de articular una solución -allá donde sea- para disponer de unas instalaciones judiciales modernas en un plazo de tiempo razonable.

La decisión corresponde al Gobierno de Canarias, que es la administración que tiene las competencias sobre el asunto y que habrá de ponderar los pros y los contras de una u otra ubicación.

Particularmente, tengo claro que El Sobradillo es la opción más viable en este momento y la que ofrece mayores garantías a la hora de ejecutar la obra, para poner la infraestructura al servicio de la ciudadanía cuanto antes. Si dispusiéramos en el centro de la ciudad de una parcela como la del suroeste, no tendría ninguna duda en que su ubicación fuera allí. Pero la realidad es tozuda y no hay otro solar público de dimensiones adecuadas, con clasificación y uso urbanístico idóneo para la construcción del Campus de la Justicia.

La opción de Cabo Llanos, asimismo, presenta más dificultades desde el punto de vista urbanístico y jurídico. Aunque la ubicación es la mejor, las trabas a sortear serían tantas que dilatarían en exceso la construcción, porque, entre otras cosas, habría que buscar una alternativa para la parcela -con uso educativo- y, además, desde la Gerencia de Urbanismo se prevén conflictos, con convenios urbanísticos que producen derechos en la zona en la que se levantaría esa Ciudad de la Justicia.

En consecuencia, creo que debemos poner el foco de atención en resolver la demanda ciudadana a la mayor brevedad posible, en lugar de discutir sobre ubicaciones concretas, que nos harían perder otra década. En Las Palmas de Gran Canaria, mientras nosotros debatíamos sobre localizaciones, ya disfrutan de un campus envidiado por los miembros de la administración de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. El tiempo resulta precioso y habría que preguntarse si estamos en condiciones de derrocharlo.

*José Manuel Bermúdez Esparza es alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Uno de los cometidos principales de cualquier administración pública es el de poner a disposición de los ciudadanos las infraestructuras adecuadas para que la prestación de los servicios sea lo más eficiente posible. Es precisamente el interés de esos ciudadanos el que debe prevalecer a la hora de afrontar y planificar la gestión de cualquier asunto público.

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la futura ubicación de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife y menos sobre la necesidad imperiosa de contar con esa infraestructura. El Gobierno de Canarias y todo el sector llevan diez años perdiendo el tiempo sobre su ubicación, cuando resulta que ese campus debe responder a las aspiraciones de la sociedad de contar con unas instalaciones adecuadas y dignas para la prestación de un servicio esencial en un Estado de derecho, donde prime el servicio a los justiciables.