Desestabilizando la paz pública

La ofensa que produce el comentario del activista Roberto Mesa es la misma que pueden producir las portadas de El Jueves o Mongolia. Cuando el Partido Popular (PP) reformó la ley que contempla los delitos de terrorismo y, por lo tanto, el Código Penal, las plataformas y los activistas pusieron el grito en el cielo, con mucha razón. El PP aprovechó la conocida “alerta yihadista para colarnos un gol en toda la escuadra, eso sí, con la complacencia de algunos de los partidos de la oposición”.

La ley que contempla que la frase del activista Roberto Mesa pueda ser constitutiva de delito de odio e injurias contra la Corona fue reformada en 2015, lo que provocó una modificación en el Código Penal. Se trata de la ley sobre delitos de odio aprobada en 1995, una ley reformada bajo la excusa de la alerta terrorista que viven los países europeos. La ley contempla que pueden ser delitos de odio aquellos que atenten contra “la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio o contra la Corona”.

Esa ley, modificada por el Partido Popular, contempla como delitos de odios aspectos tan interpretables como “subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas o alterar gravemente la paz pública”.

Mientras se persigue a activistas como Roberto Mesa, la Fundación Francisco Franco sigue campando por redes sociales con absoluta impunidad. Y es que lo más suave que hace esa fundación es alabar las figuras de Francisco Franco o Primo de Rivera. No hay mayor ataque de “integridad hacia las víctimas” del franquismo que la exaltación de cuarenta años de dictadura. Las redes sociales pueden ser muy útiles, pero por el camino te puedes encontrar con todo tipo de colectivos, organizaciones o individuos que alteran “la paz pública” y que no sufren las consecuencias.

Cuando en España se persigue e intenta condenar a ciudadanos por poner comentarios en una red social contra la Corona, la imagen que mostramos al resto de Europa es el de un país en el que se está quebrando la libertad de expresión. Nos estamos convirtiendo en un país que no tolera a los disidentes. Porque no debemos olvidar que el caso de Roberto Mesa no es un caso aislado.

Como dicen que describió César Romero Pamparacuatro, el magistrado que el pasado viernes tomó declaración al activista, se trata de “una chapuza”. “Una chapuza” diseñada con el fin de amedrentar y coaccionar. Un toque de atención hacía el resto de la población. El caso de este activista recuerda mucho al de Casandra Vera, la tuitera que escribía chistes sobre el atentado de Carrero Blanco.

Muchos se han apresurado en redes sociales a señalar al activista como una persona “violenta” o un “mal activista”, como si Roberto Mesa no mereciera tener el apoyo social en este caso. El apoyo que ha recibido Mesa no es por su labor como activista, sino porque ha sido detenido de forma desmesurada e injusta. Fue detenido por ser un disidente y desestabilizar “la paz pública”.

La ofensa que produce el comentario del activista Roberto Mesa es la misma que pueden producir las portadas de El Jueves o Mongolia. Cuando el Partido Popular (PP) reformó la ley que contempla los delitos de terrorismo y, por lo tanto, el Código Penal, las plataformas y los activistas pusieron el grito en el cielo, con mucha razón. El PP aprovechó la conocida “alerta yihadista para colarnos un gol en toda la escuadra, eso sí, con la complacencia de algunos de los partidos de la oposición”.

La ley que contempla que la frase del activista Roberto Mesa pueda ser constitutiva de delito de odio e injurias contra la Corona fue reformada en 2015, lo que provocó una modificación en el Código Penal. Se trata de la ley sobre delitos de odio aprobada en 1995, una ley reformada bajo la excusa de la alerta terrorista que viven los países europeos. La ley contempla que pueden ser delitos de odio aquellos que atenten contra “la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio o contra la Corona”.