La impunidad de las empresas de telecomunicaciones

La Ley de Telecomunicaciones de 2014 proporcionó un amplio margen de posibilidades en cuanto a implantación de infraestructuras a las empresas de telecomunicaciones, generando una liberalización total a costa de la preocupación vecinal. Esta ley, promovida por los lobbies del sector en la Unión Europea, dificultó el cobro de tasas municipales al sector, las cuales representaban unos ingresos municipales cercanos a los 400.000 euros anuales.

En las últimas semanas, El Coromoto ha sido noticia por el intento de instalar nuevas antenas en un entorno urbano más que colmatado, generándose inmediatamente una respuesta vecinal de resistencia hacia lo que consideran un disparate urbanístico.

Sorpresa e impotencia a partes iguales cuando de la noche a la mañana, en una zona donde es complicado realizar una simple reforma en las viviendas por motivos urbanísticos, se puede observar cómo una empresa instaladora levanta unas antenas sin el menor reparo.

Estoy convencido de que debemos dar los pasos necesarios para recuperar esas tasas urbanísticas vinculadas a las antenas de telefonía móvil, similares a las que ya se aplican en otros municipios. Es inconcebible que en la actualidad en La Laguna colocar una antena de telefonía sea un negocio redondo, ya que no existe ningún procedimiento para cobrar un solo euro por este uso de los espacios públicos, tal y como demuestran los informes de la Concejalía de Hacienda en su memoria de 2017.

En 2016 el Tribunal Supremo abrió la puerta del llamado tasazo en Madrid, que permitirá que en Madrid las compañías deban abonar unos 11 millones de euros en tasas no pagadas por ocupación de suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública. La Laguna también debe adaptar sus ordenanzas para hacer posible que se recupere el pago, como una herramienta más para forzar a las empresas del sector a llegar a un acuerdo a la hora de colocar una antena de telefonía.

Nuestro municipio no puede quedar en manos del todo vale que generó esa Ley de Telecomunicaciones de 2014. Como instituciones más cercanas a la gente, los ayuntamientos deben articular todas las fórmulas necesarias para regular esta actividad, cumpliendo con todos los principios urbanísticos y de seguridad, salvaguardando el interés general.

En el momento actual, lo recordamos en el último pleno municipal, los únicos mecanismos de defensa de los intereses de la ciudadanía en este asunto son, por un lado, mantener la movilización ciudadana contra esa instalación, y por otro, conseguir que el Gobierno local se siente a hablar con la teleoperadora para buscar acuerdos negociados a través de la participación ciudadana en cuanto a los emplazamientos de este tipo de infraestructura.

Queda en el aire la paradoja de que en La Laguna sea mucho más fácil colocar una antena de telefonía en un edificio que una placa solar, lo cual es inaudito. Toca poner límites a la actividad de las grandes compañías de telefonía en nuestro municipio, empezar a decirles no de vez en cuando a sus imposiciones.

*Portavoz de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna

La Ley de Telecomunicaciones de 2014 proporcionó un amplio margen de posibilidades en cuanto a implantación de infraestructuras a las empresas de telecomunicaciones, generando una liberalización total a costa de la preocupación vecinal. Esta ley, promovida por los lobbies del sector en la Unión Europea, dificultó el cobro de tasas municipales al sector, las cuales representaban unos ingresos municipales cercanos a los 400.000 euros anuales.

En las últimas semanas, El Coromoto ha sido noticia por el intento de instalar nuevas antenas en un entorno urbano más que colmatado, generándose inmediatamente una respuesta vecinal de resistencia hacia lo que consideran un disparate urbanístico.