La nueva Ley del Suelo de Canarias o cómo reconstruir el aparato de dominación de la oligarquia

Canarias, como todos los pueblos del Estado español, está afectada por lo que se ha dado en llamar una crisis de régimen, que se produce cuando las instituciones políticas de un país se muestran incapaces de resolver una crisis económica; antes al contrario, sus esfuerzos se encaminan exclusivamente a favorecer a las élites detentadoras del poder económico, principales causantes del problema. Esto origina el desprestigio social de las instituciones políticas y fuerza la pérdida de legitimidad de quienes han gobernado y dirigido el país durante los últimos cuarenta años.

Antes de la crisis, bajo la pauta de la especulación y el pelotazo inmobiliario, los intereses de los grandes empresarios, unidos a los de una élite política corrupta y clientelar, gestaron una variante de crecimiento económico que generaba empleo (siempre con un paro estructural superior al de los países de nuestro entorno) y atraía rentas externas. El Estado y sus instituciones a escala autonómica permitían y promovían un modelo de crecimiento, cuyas principales características eran el endeudamiento privado, las burbujas especulativas y la desigualdad social. Pero la profundidad de la crisis ha desarticulado esa red de intereses en medio de un tsunami de casos de corrupción que afecta a todo el territorio nacional (Canarias es la cuarta c omunidad autónoma en casos judicializados “de extrema complejidad”). El modelo se ha agotado y con él ha perdido sentido la configuración misma del Estado, dando lugar a la citada crisis de régimen.

MERCANTILIZACIÓN DEL SUELO.- Ante esto, los grandes empresarios cuyos beneficios están en juego, exigen a los poderes públicos nuevas reformas estructurales de carácter neoliberal, con el objetivo de recuperar la acumulación de capital anterior. Concretamente en Canarias, junto a las exigencias generales de incremento de la explotación laboral, recortes, pérdida de derechos sociales y privatización de servicios públicos, la élite empresarial añade una demanda particular, que constituye un atentado capital a los intereses comunitarios: la mercantilización del suelo. Es decir, que el territorio del Archipiélago sea considerado no patrimonio de sus habitantes y sustentáculo de necesidades colectivas de todo tipo, sino mero objeto de negocio privado.

Este y no otro es el objetivo de la nueva Ley del Suelo, cuyo anteproyecto ha sido redactado a instancias del presidente del Gobierno Autónomo, Fernando Clavijo, y al dictado de los intereses de CEOE-Tenerife y de la Confederación Canaria de Empresarios, de Las Palmas.

“AGILIZAR LA NORMATIVA”.- El presidente Clavijo y sus adláteres utilizan como excusa de su Ley la necesidad de simplificar la “maraña legislativa” existente, pero no dicen por qué se ha producido esa situación. Como si las causas de dicha inflación normativa y de su complejidad fueran estrictamente técnico-jurídicas (y basadas en un desaforado afán de defender los intereses públicos en detrimento de los privados), y no fueran debidas, como ha ocurrido en realidad, a la actuación durante todos estos años de los políticos que nos han gobernado (los mismos de ahora) y de los empresarios que han comprado sus voluntades para hacer negocio fácil (también los mismos). Los juzgados están llenos de casos al respecto.

En realidad, para que empresarios y políticos poco escrupulosos no tengan que arriesgar la cárcel por saltarse las leyes, lo que se hace es cambiarlas (“agilizar la normativa”, en palabras del presidente de la CEOE tinerfeña, José Carlos Francisco), desregular, quitar todo aquello que incomode o moleste a los inversores y, de paso, adelgazar la Administración; concretamente, vaciar de competencias a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), único organismo de control de la legalidad del planeamiento y verdadera “bestia negra” empresarial. En resumen, dar “barra libre” a las grandes empresas del ladrillo para que hagan y deshagan a su antojo en un territorio que es patrimonio de todas y todos los canarios, presentes y futuros.

RENOVACIÓN DEL PACTO.- Con esto Coalición Canaria pretende renovar el pacto político-empresarial, que forma parte de su ADN desde la época de sus partidos originarios: Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) y Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC); el centro-derecha canario, al que, a partir de 1993, se unió Iniciativa Canaria (ICAN), el centro-izquierda que, después de la escisión de la mayoría de su organización grancanaria en 2003 (origen de Nueva Canarias), ha acabado confundiéndose con los poderes económicos en la misma amalgama clientelar que iniciaron las primitivas ATI/AIC.

Así, se intenta volver a la época dorada de sus primeros años de hegemonía política en las instituciones de gobierno del Archipiélago –primero, desde hace casi cuarenta años, en ayuntamientos y cabildos de la provincia tinerfeña, y luego, desde hace 23, en el propio ejecutivo autonómico–. En maridaje con los sectores empresariales más poderosos, CC planificó y llevó a cabo un proyecto político y económico que, bajo la retórica del “todo por Canarias”, ha beneficiado exclusivamente a las capas dominantes de la sociedad. Sin atender a la desastrosa incidencia social de esta política, que ha arrinconado a las mayorías sociales en los últimos lugares del ranking de crecimiento económico, incrementando el desempleo (según datos de la EPA de marzo de este año, en Canarias hay 285.000 parados y paradas, el 26% de la población activa, superior en un 5’6% a la media estatal) y el subdesarrollo social, con el aumento de la marginación y la pobreza, la falta de atención a las personas dependientes y el deterioro progresivo de la educación, la sanidad pública y el medio ambiente. Pero, eso sí, con una red de carreteras envidiable, unos puertos y aeropuertos infrautilizados (que sin embargo, se quiere ampliar) y multitud de obras públicas ostentosas y faraónicas, cuya principal finalidad han sido las “comisiones” que han cobrado algunos gestores políticos de las mismas.

LA COLUMNA PRINCIPAL.- Esa época es añorada por los grandes depredadores del territorio, cuyas ansias CC –con la inestimable ayuda de PSOE y PP– se dispone diligentemente a satisfacer. La Ley del Suelo es una de las principales columnas –si no la más importante– sobre las que CC pretende reconstruir su deteriorado aparato de dominación política (sus perspectivas electorales inmediatas son misérrimas). Y ello, a través del fomento de una nueva burbuja inmobiliaria y siguiendo la tradición de desarrollismo a ultranza, no sostenible, que tan buenos réditos políticos y económicos le proporcionó en el pasado y hasta el inicio de la crisis.

REFORMA O RUPTURA.- CC y la cúpula del PSC/PSOE, apoyados por el PP, son hoy por hoy los garantes políticos de la reconstitución del régimen en Canarias. Pero el agotamiento de las formas utilizadas por la oligarquía para garantizar su acumulación de capital se hace perceptible cada vez más para un amplio sector de la población, como se ha puesto de manifiesto en las pasadas citas electorales.

Esto nos lleva al dilema de las posibles salidas a la crisis orgánica o de régimen que nos afecta: La disyuntiva entre una reforma que realice los cambios necesarios, para reajustar el Estado y sus autonomías a las nuevas necesidades de la acumulación de capital, de acuerdo con los intereses de las grandes empresas, y una ruptura acorde con las necesidades objetivas de las clases populares, que plantee una alternativa al sistema político y al régimen de acumulación capitalista en recomposición.

Este dilema es general del Estado y no se va a resolver en y desde Canarias, pero aquí podemos contribuir a ello. En primer lugar, aunando todas las fuerzas sociales y políticas contrarias al proyecto oligárquico, con el objetivo inmediato de una gran movilización popular que paralice la presente Ley del Suelo y proponga la elaboración de otra con verdaderas garantías de participación democrática y sostenibilidad. En paralelo a ello y profundizando la alternativa rupturista, abriendo el necesario debate social y político que conduzca a una salida de la crisis favorable a los intereses de las mayorías.

A escala estatal, la unidad de las fuerzas populares y la caída del bipartidismo que desde hace cuarenta años sustenta al régimen caduco de dominación, abre una brecha para la esperanza. En esa brecha, ahondándola, debemos encontrarnos todas y todos los que luchamos por un mundo mejor y más justo, que hoy parece más posible que nunca. Como decía un agitador social de otros tiempos, Mihail Bakunin, “nuestros enemigos organizan sus fuerzas mediante la potencia del dinero y la autoridad del Estado. Nosotros sólo podemos organizar las nuestras mediante la convicción y la pasión”.

Vamos a ello.

Canarias, como todos los pueblos del Estado español, está afectada por lo que se ha dado en llamar una crisis de régimen, que se produce cuando las instituciones políticas de un país se muestran incapaces de resolver una crisis económica; antes al contrario, sus esfuerzos se encaminan exclusivamente a favorecer a las élites detentadoras del poder económico, principales causantes del problema. Esto origina el desprestigio social de las instituciones políticas y fuerza la pérdida de legitimidad de quienes han gobernado y dirigido el país durante los últimos cuarenta años.

Antes de la crisis, bajo la pauta de la especulación y el pelotazo inmobiliario, los intereses de los grandes empresarios, unidos a los de una élite política corrupta y clientelar, gestaron una variante de crecimiento económico que generaba empleo (siempre con un paro estructural superior al de los países de nuestro entorno) y atraía rentas externas. El Estado y sus instituciones a escala autonómica permitían y promovían un modelo de crecimiento, cuyas principales características eran el endeudamiento privado, las burbujas especulativas y la desigualdad social. Pero la profundidad de la crisis ha desarticulado esa red de intereses en medio de un tsunami de casos de corrupción que afecta a todo el territorio nacional (Canarias es la cuarta c omunidad autónoma en casos judicializados “de extrema complejidad”). El modelo se ha agotado y con él ha perdido sentido la configuración misma del Estado, dando lugar a la citada crisis de régimen.