El negativista desafiante en tiempos de alarma sanitaria

El día 14 se declaraba en nuestro país el estado de alarma a través de un Real Decreto para poder gestionar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El presidente del Gobierno central, en aplicación del artículo 116.2 previsto por nuestra carta magna activó este mecanismo solamente tres días después de la elevación por parte de la OMS de la emergencia de salud pública a  la categoría de pandemia internacional. El objetivo era -y es- luchar contra la grave situación que ha generado la alarma sanitaria por el riesgo de contagio y de propagación del coronavirus, proteger la salud y la seguridad de toda la ciudadanía, así como contener la progresión de la enfermedad mientras se refuerza el sistema de salud y se intenta mitigar el impacto de este virus en lo social y económico. El decreto recogía limitaciones a la circulación de las personas por las vías públicas, restricciones a la circulación  de los vehículos y la obligación de seguir las recomendaciones y obligaciones emanadas de las autoridades sanitarias. Se señalaba explícitamente que “la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones”.

Los españoles en general, y especialmente los canarios, estamos dando muestras, mayoritariamente, de un comportamiento pletórico de responsabilidad, de empatía, de solidaridad y hasta de  generosidad y de sacrificio. Sin embargo, no hemos salido de nuestro estupor cuando hemos visto que algunos individuos han incumplido el deber de confinamiento, generando alarma social, y, por supuesto, reproche social. Afortunadamente, son los menos. Especímenes que se han  atrevido a desafiar a esta imprescindible contención reforzada, importándoles bien poco el que la aplicación de la misma haya sido motivada por una emergencia que nos pone en peligro a todos, y en especial a los más vulnerables. Individuos, aquellos, que se han atrevido a desafiar incluso a las figuras de autoridad integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado, desobedeciendo las órdenes de “vuelva usted a su casa” o la de “no vaya a su segunda residencia”.

Escribía  Emerson  que  “conducta desafiante” es aquella culturalmente anormal en su intensidad, frecuencia o duración, siendo probable que la seguridad física de la persona o de los demás corra serio peligro...“ Y a nadie se le escapa la existencia de variados y hasta combinados rasgos de personalidad observables entre  quienes insolidariamente incumplen con el confinamiento, vislumbrándose en algunos  un perfil conductual que puede estar asociado -y que hasta podría diagnosticarse  a poco que se les realice una buena anamnesis - dentro del denominado trastorno negativista desafiante.

Se trataría de personas que en su vida diaria, habitualmente se molestan con facilidad o son susceptibles, que suelen estar enfadadas, experimentando hasta resentimiento y llegando también en muchas ocasiones a perder la calma. Suelen tener una historia de conflictos frecuentes con familiares cercanos o con compañeros de trabajo, pero, sobre todo, se caracterizan porque con quienes suelen tener esos conflictos es con aquellos que ostentan algún tipo de autoridad, llegando  a desafiarles activamente o a rechazar satisfacer las peticiones que esas figuras de autoridad les realizan. Resultará curioso fijarse en cómo esta conciudadanía, sin embargo, justificará su conducta señalando que la realiza porque lo que se les está pidiendo no es adecuado, o simplemente, porque ellos son quienes lo deciden y no otros y menos si son autoridades; minimizando los riesgos objetivos y reales de transmisión del virus. Pero la realidad es que nos encontramos ante algunos  desafiantes incansables, que no cesan ni en su negativismo ni tampoco en sus desafíos ni siquiera en tiempos de emergencia sanitaria ni de grave peligro de extensión de esta pandemia. Protestones “cuasi profesionales”, que han hecho de la disputa, del reto malentendido y de la provocación un hobby, una profesión o  hasta un dogma de vida; compatriotas - ¿o no? - que en estos días han demostrado que no les importa ni la seguridad de los demás, ni su salud. Afortunadamente, la prevalencia  media de ese trastorno  asciende a un 3,3%. Pero que no cunda el pánico ya que de ese 3,3% un porcentaje se comporta de esa forma desafiante solamente en un único entorno que habitualmente es el que comparte con sus seres queridos, por lo que no será a este porcentaje a quienes veremos desafiar a las autoridades públicamente. Aquellos tendrán que ser, lamentablemente, “soportados” en sus hogares. Además, a esos criterios expuestos se unen también rasgos de personalidad que contribuyen a que estos seres se desinhiban a pesar del riesgo que su comportamiento de no respetar las normas ni a las autoridades, en estos momentos, supone. Podemos estar hablando, entre otras, de tendencias interpersonales a la no responsabilidad, a la laxitud, al egocentrismo, a la competitividad; de individuos poco altruistas hasta el punto de llegar a ser bien poco compasivos.

Ya van en nuestro país, más de 31.000 denuncias y más de 350 detenciones por incumplimiento grave del deber de confinamiento. No obstante, a pesar de la existencia de este tipo de “perfil de ciudadanía”, afortunadamente, somos ricos en ejemplos que nos sobran y nos compensan de aquellos otros que no piensan en los demás ni  siquiera cuando el planeta entero se encuentra en esta situación y  la vida de los demás está en un riesgo que se ha  advertido de múltiples formas. Así que, junto al resto de colectivos que forman parte de los servicios críticos o esenciales, pongamos también en valor y traslademos nuestro agradecimiento por la realización de su trabajo a todas las fuerzas de seguridad del estado que realizan sus funciones con profesionalidad. Lo lamentable será que si aquella minoría no es  capaz de reproducir el ejemplo mayoritario de la competencia cívica y social, de la responsabilidad, de la solidaridad, de la empatía y hasta del sacrificio y de la generosidad que tantos millones de españoles realizamos cada día, lo único que sí que contribuirá a modificar su comportamiento será la imposición de sanciones económicas que le hagan sufrir aunque sea a su cuenta corriente, así como la necesaria detención y hasta las penas privativas de libertad al resistirse a acatar las órdenes de las autoridades competentes. Por lo tanto, es clave no dejar de sancionar estas desobediencias ya que ello podría generar un incremento de las mismas por imitación de comportamientos inadecuados no sancionados. Es decir, podría producirse una especie de “efecto llamada” nada deseable ni conveniente. Así que nos quedamos en casa porque nuestros corazones están rebosantes de responsabilidad, de empatía y de agradecimiento y porque cuando los bienes que están en juego son la vida y la salud y cuando lo que se persigue es frenar la pandemia y el aplanamiento de la curva -con todo lo que ello significa- lo único que cabe son las conductas cívicas y prosociales. Así que: ¡Este virus lo paramos unidos!

El día 14 se declaraba en nuestro país el estado de alarma a través de un Real Decreto para poder gestionar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El presidente del Gobierno central, en aplicación del artículo 116.2 previsto por nuestra carta magna activó este mecanismo solamente tres días después de la elevación por parte de la OMS de la emergencia de salud pública a  la categoría de pandemia internacional. El objetivo era -y es- luchar contra la grave situación que ha generado la alarma sanitaria por el riesgo de contagio y de propagación del coronavirus, proteger la salud y la seguridad de toda la ciudadanía, así como contener la progresión de la enfermedad mientras se refuerza el sistema de salud y se intenta mitigar el impacto de este virus en lo social y económico. El decreto recogía limitaciones a la circulación de las personas por las vías públicas, restricciones a la circulación  de los vehículos y la obligación de seguir las recomendaciones y obligaciones emanadas de las autoridades sanitarias. Se señalaba explícitamente que “la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones”.

Los españoles en general, y especialmente los canarios, estamos dando muestras, mayoritariamente, de un comportamiento pletórico de responsabilidad, de empatía, de solidaridad y hasta de  generosidad y de sacrificio. Sin embargo, no hemos salido de nuestro estupor cuando hemos visto que algunos individuos han incumplido el deber de confinamiento, generando alarma social, y, por supuesto, reproche social. Afortunadamente, son los menos. Especímenes que se han  atrevido a desafiar a esta imprescindible contención reforzada, importándoles bien poco el que la aplicación de la misma haya sido motivada por una emergencia que nos pone en peligro a todos, y en especial a los más vulnerables. Individuos, aquellos, que se han atrevido a desafiar incluso a las figuras de autoridad integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado, desobedeciendo las órdenes de “vuelva usted a su casa” o la de “no vaya a su segunda residencia”.