Las viviendas, para la gente

Santa Cruz de Tenerife fue una de las primeras capitales en todo el Estado en poner en marcha un Protocolo Anti Desahucios, avalado además por el consenso de todas las fuerzas políticas. Un protocolo que nació como un mecanismo razonable de intermediación para atender, al menos, aquellos casos más sangrantes a los que no se podía dar respuesta únicamente desde la normativa.

Y también Santa Cruz puso en marcha luego un Servicio de Intermediación Hipotecaria en colaboración con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Medidas éstas que, junto con otras actuaciones -como la firmeza ante determinadas entidades financieras o la búsqueda de acuerdos con bancos o inmobiliarias para promover alquileres sociales de viviendas vacías o inacabadas- nos ha permitido paliar en parte un drama de enormes proporciones.

Porque la pérdida de una vivienda no es una pérdida patrimonial, al menos no solo. Supone la pérdida de un derecho y también el socavamiento de la propia dignidad de la persona. Algo que desde una administración pública no se puede tolerar.

Y yo no voy a mirar para otro lado. No lo he hecho nunca.

Desde el año 2012 he actuado, bien de manera personal a través del Protocolo Anti Desahucios o bien interesando la participación de diversas áreas municipales, para intentar evitar cerca de un centenar de lanzamientos judiciales.

Desgraciadamente, el problema de la vivienda -una de las consecuencias más dramáticas de la crisis económica- requiere de la participación de múltiples agentes.

Pero mientras llegan remedios, vía legislativa -como la reforma de la ley de propiedad horizontal- financieras, tributarias o inmobiliarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz no se va a quedar quieto.

Por eso estamos trabajando para proponer a los representantes de entidades bancarias la adquisición, como mínimo, de 20 viviendas inacabadas que ahora mismo son propiedad suya. Se trata de que el Ayuntamiento las culmine, siempre y cuando pasen a ser propiedad municipal, de modo que las podamos dedicar luego al alquiler social.

Esta medida forma parte de un plan dividido en dos fases. La primera de ellas es precisamente, la adquisición de esas 20 viviendas. La segunda incluye la compra anual de inmuebles, mediante licitaciones programadas, con el fin de poner en el mercado viviendas de precio tasado. 

Las acciones que hemos tomado y tomaremos ilustran el compromiso del Ayuntamiento con los vecinos más desfavorecidos, pero deben venir acompañadas de actuaciones de otras administraciones públicas y entidades privadas.

Por lo que a mí respecta, seguiré dedicando tiempo y esfuerzo a resolver aquellos problemas puntuales y sobrevenidos, pero también impulsando en otros ámbitos cuantas iniciativas sean viables para consagrar el derecho recogido en la Constitución de que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

*Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife fue una de las primeras capitales en todo el Estado en poner en marcha un Protocolo Anti Desahucios, avalado además por el consenso de todas las fuerzas políticas. Un protocolo que nació como un mecanismo razonable de intermediación para atender, al menos, aquellos casos más sangrantes a los que no se podía dar respuesta únicamente desde la normativa.

Y también Santa Cruz puso en marcha luego un Servicio de Intermediación Hipotecaria en colaboración con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Medidas éstas que, junto con otras actuaciones -como la firmeza ante determinadas entidades financieras o la búsqueda de acuerdos con bancos o inmobiliarias para promover alquileres sociales de viviendas vacías o inacabadas- nos ha permitido paliar en parte un drama de enormes proporciones.