El Cabildo de Tenerife ha presentado este miércoles el nuevo Plan de Cooperación Municipal cuya ejecución pasará de cuatro a tres años -entre 2018 y 2020-, con una inversión prevista de 48 millones de euros y más de una treintena de obras de saneamiento y depuración en todos los municipios de la isla.
Los detalles del plan han sido expuestos por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y por el vicepresidente primero, Aurelio Abreu, quienes han abierto la posibilidad a que los fondos se incrementen el 25 por ciento si hay disponibilidad presupuestaria de la Corporación.
En total, el Cabildo aportará 38,1 millones y los ayuntamientos casi 9,9 millones, destacando que los más poblados, como Arona, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, aportarán el 50 por ciento de cada proyecto.
Para dar mayor agilidad a la tramitación, cada proyecto contará con su propio expediente, y la intención del Cabildo es empezar la redacción de proyectos a final de año -tiene una partida prevista de 2,8 millones-, para que las licitaciones culminen a finales del primer trimestre de 2018.
Alonso ha comentado que la selección de proyectos y el reparto de fondos se ha realizado con “criterios técnicos y no políticos”, por consenso con todos los ayuntamientos. Resaltó que, aparte de este inversión, hay otras por valor de 38 millones vinculadas a obras hidráulicas.
Además, ha destacado que en los últimos veinte años se han invertido unos 200 millones en depuración y saneamiento en la isla -130 del Cabildo-, si bien no ha ocultado que “queda mucho por hacer” porque el 40 por ciento de las aguas negras que se generan van al subsuelo.
“Invertir en tuberías no da votos y poner una tasa los quita, pero hay que ser responsables”, ha señalado, pidiendo que la mejora del saneamiento de la isla es un “esfuerzo de todos” y los ayuntamientos deben tener ordenanzas de alcantarillado y saneamiento.
Por su parte, Abreu ha agradecido el “ejercicio de responsabilidad” de los ayuntamientos por decidir que el cien por cien de los fondos se destinen al saneamiento, y ha apuntado que las necesidades inversoras de la isla para resolver los problemas ascienden a unos 1.000 millones, de los que 400 deben ser cubiertos por administraciones supramunicipales.