El concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo (el único en el Ayuntamiento por esta formación), exige a Coalición Canaria (CC) que “deje de gobernar para el empresario Antonio Plasencia”, condenado por corrupción, y suspenda la compra de la parcela anexa al Hospital Universitario de la Candelaria, al menos hasta que haya sentencia firme sobre el Plan General de Santa Cruz; busque otra alternativa a la compra del edificio de Cabo Llanos, y resuelva la cesión ilegal del aparcamiento de Tres de Mayo en Santa Cruz a la compañía El Corte Inglés. Sobre este último asunto ha pedido la comparecencia del concejal de Servicios Públicos en la próxima Comisión de Control santacrucera.
Trujillo afirmó este jueves que el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, anunció, en diciembre de 2015, la construcción de un hospital que sustituyera al Febles Campos y que, por lo tanto, desde entonces “ha habido tiempo” para encontrar una alternativa provisional para esos usuarios.
“Esa alternativa podría ser el alquiler, durante unos años, de un edificio apropiado o, si no, la construcción de otro que costaría siete millones de euros menos, en relación al número de plazas, de lo que cuesta el edificio de Plasencia y su acondicionamiento, también encargado al mismo empresario”, indica en una nota.
El portavoz municipal de IUC también señala que la adquisición y el acondicionamiento del edificio de Cabo Llanos por parte del Cabildo cuesta 107.800 euros por plaza, frente a los 81.400 euros que habrá costado cada plaza cuando se construya el Febles Campos II. “Esto quiere decir que las instalaciones para 270 plazas cuestan 29,1 millones comprando a Plasencia y 21,9 millones construyendo el Cabildo”, comenta.
Asimismo, Trujillo ve “necesario” aclarar públicamente si el edificio de Cabo Llanos se construyó con dinero proveniente de la Reserva de Inversiones de Canarias porque, “en tal caso, se vería para qué sirve un mecanismo fiscal que subvenciona la construcción de un edificio, mediante rebajas fiscales, para que, con posterioridad, le sea vendido a una administración pública, lo sería como comprarlo dos veces”.
También habría que explicar, añade el portavoz de IUC, “si el señor Plasencia, o cualquier otro empresario, construyó algún edificio beneficiándose de fondos RIC, luego lo alquiló a la administración pública e, incluso, con posterioridad, acabó vendiéndolo a la administración”. Porque, apunta, “aunque todo ello sea legal, se trataría de decisiones económicas enormemente lesivas para el interés público y propias de un estado depredador”.
Por tanto, desde IUC se considera que tanto la compra del edificio de Cabo Llanos como la adquisición de la parcela anexa al hospital de la Candelaria “carecen de toda justificación” desde la perspectiva del interés público.