El pleno del Cabildo de Tenerife previsto para este viernes promete ser uno de los más interesantes del mandato. El motivo: el enfrentamiento entre los dos socios de gobierno (CC-PSOE), ya que Coalición se resiste a renunciar de forma definitiva a la compra de un edificio de 13 plantas en Cabo Llanos para usarlo como geriátrico a una empresa de la familia del constructor Antonio Plasencia (constructor condenado hasta en dos veces por corrupción), aunque haya reculado y en lugar de a dedo ahora acepte una solicitud pública de ofertas.
El PSOE, que al principio apoyó la compra directa, ahora exige construir uno nuevo y que esto se haga por concurso público. Este partido descarta por completo cualquier opción de que el empresario condenado por el caso Las Teresitas y el de los áridos sea el beneficiario de esa jugosa compraventa, inicialmente cifrada en 23 millones de euros.
En esa pugna el PP va a tener también su cuota importante de protagonismo, pues su voto va a permitir decantar la balanza hacia las pretensiones del PSOE o de CC. La realidad es que los populares, que también recularon tras el apoyo inicial que dieron a la operación Plasencia al comprobar que hubo “oscurantismo” con el expediente, han presentado una enmienda a la moción socialista con una compleja hoja de ruta. Así, el PP prefiere no vetar que Plasencia al final pudiera vender su construcción al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), a través de Carlacand, constructora representada por uno de sus hijos.
De hecho, Carlacand se la ha ofrecido al IASS por 23 millones, unos 300.000 menos que la tasación encargada por dicho organismo del Cabildo a la compañía Tinsa (cuya actuación fue clave para inflar ilícitamente el precio de los terrenos de Las Teresitas vendidos por ese conocido empresario e Ignacio González al Ayuntamiento en 2001).
La propuesta del PP consiste en que se reinicie el expediente, que se mantenga la autorización del gasto para comprar un inmueble, que se busque un edificio público (de la Seguridad Social) que pudiera ser cedido al IASS, que se hagan de forma paralela sendos concursos públicos, uno para para proveer plazas sociosanitarias provisionales en el área metropolitana y otro para comprar un edificio en construcción o terminado en la capital tinerfeña con el fin de incrementar el numero de plazas geriátricas en este municipio.
Solo si todas estas medidas, que tendrían que aplicarse “con la máxima urgencia”, no dieran resultado a los seis meses de ponerlas en marcha, el PP plantea lo que los socialistas quieren que sea la única solución, es decir, buscar suelo y construir un inmueble de nueva planta tanto para alojar a los pacientes del hospital de Febles Campos y de la residencia de mayores de Ofra como para incrementar la deficitaria oferta de plazas de este tipo que hay en Santa Cruz.
Tras aprobarse en el consejo rector del IASS el pasado diciembre aquella operación de compraventa con Plasencia, en la que se abstuvo solo Podemos, este asunto ha dado un sorprendente giro en apenas unas semanas con el aireo mediático de las anomalías del expediente: una de las más llamativas, que la oferta de Plasencia aparece sellada por registro de entrada el 14 de diciembre, dos meses y medio después de que ya este organismo autónomo del Cabildo hiciera gestiones para la compra del inmueble, incluso solicitando al Ayuntamiento santacrucero que certificara el cambio de uso de oficinas a sociosanitario, cosa que hizo en diciembre.
No menos llamativas fueron las prisas en los trámites, con un encargo a dedo a Tinsa para la tasación, hecha y entregada por método exprés en poco más de una semana, que además no fue contrastada con una tasación alternativa de funcionario público, sino con una validación por un servicio técnico del IASS, el cual, paradójicamente, reconoció no tener medios, formación ni datos actualizados para calibrar el precio de mercado de este inmueble.
A esto se une que el interventor delegado se quejó de que no le dieran tiempo para examinar este expediente, pese a ser el mayor gasto del IASS en los últimos años, y advirtió de que solo autorizaba el inicio del trámite pero no pago alguno. Dijo que no estaba bien acreditado por qué esa compra no salió a concurso público.