El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha recordado este martes que fue bajo el mandato de Pedro Martín como presidente de la corporación insular en la pasada legislatura cuando se procedió al cese del entonces gerente de Casinos de Tenerife, Gildo Hernández, que fue director hasta el pasado 4 de noviembre tras ser condenado por prevaricación. El cese se produjo tras auditarse las cuentas de esta entidad durante varios ejercicios y detectarse diversas irregularidades, explica el PSOE.
El PSOE hace estas declaraciones después de que este periódico informase este lunes de que el director de Casinos de Tenerife, Gildo Hernández Rodríguez, presentó el pasado día 4 una carta de renuncia después de haber sido condenado por un delito de prevaricación administrativa por la adjudicación de diversos contratos. Gildo Hernández ya ha presentado el pertinente recurso ante dicho juzgado y la Audiencia Provincial (tenía diez días para hacerlo tras una sentencia firmada el 11 de octubre), de momento se le condena a 9 años de inhabilitación “para el ejercicio de empleo o cargo público por cada uno de los delitos, así como al pago de las costas procesales causadas”.
El PSOE explica que entre los motivos que llevaron al entonces grupo de gobierno a la pérdida de confianza hacia este gerente, que llevaba en el puesto desde el año 2000, se encontraban, además de una denuncia previa que ha sido la que ha llevado a la condena de inhabilitación, la detección de cientos de miles de euros en invitaciones en los casinos dependientes del Cabildo de Tenerife o una práctica de recursos humanos considerada irregular por el entonces gobierno del Cabildo.
En concreto, se trataba del despido de trabajadores que estaban a punto de jubilarse, de modo que, poco antes de pasar a esta situación, recibían de las arcas públicas importantes indemnizaciones. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía. Sin embargo, fueron archivados.
El presidente del Grupo Socialista ha explicado que, al llegar al gobierno insular, se encontró con un entramado de empresas públicas disparatado y sobredimensionado que, temía, podían servir para rebajar las condiciones de control sobre entes que, pese a todo, forman parte del sector público insular, por lo que se trabajó en su reducción y en su privatización para evitar, precisamente, este tipo de situaciones con recursos públicos.