Un concurso público en Santa Cruz de Tenerife diferencia entre hombre y mujer como “categoría laboral”, denuncia Unidas Podemos

Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo) ha denunciado que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gobernado por Coalición Canaria (CC) en pacto con el Partido Popular (PP) y la concejala tránsfuga Evelyn Alonso (expulsada de Ciudadanos), diferencia entre hombre y mujer a la hora de establecer la “categoría laboral” en la licitación del contrato de vigilancia y seguridad de las dependencias municipales. 

Para Dolores Espinosa, concejala de Unidas Podemos en la corporación capitalina, es “vergonzoso e inaudito” que en el pliego de cláusulas administrativas que regirán el acuerdo marco para el contrato con las empresas que resulten adjudicatarias de la prevista licitación del servicio de seguridad privada en el Ayuntamiento “se distingan unos costes diferentes para el personal masculino y el femenino, y se establezca como categoría profesional ser hombre o mujer”. 

La edil de Unidas Podemos ha expresado su sorpresa por el hecho de que en el cálculo del presupuesto base de licitación de uno de los lotes, el de servicios de seguridad, custodia y protección, aparezcan en el pliego diferenciados por “categoría laboral” dos cuadros: uno para “vigilante de seguridad masculino” (1.524.961 euros) y otro para “vigilantes de seguridad femenino” (622.871 euros), “como si la condición de hombre o mujer constituyera una categoría laboral”. 

Además, la concejala denuncia que el pliego que regirá este concurso público no incluye a todo el personal de la empresa SH Lanzarote, a la que el Ayuntamiento rescindió recientemente el contrato por sus reiterados impagos a su plantilla de profesionales.

“Falta el personal de vigilancia que prestaba sus servicios en la sede de Urbanismo y de Cultura, que se fueron al paro porque terminó el contrato con SH Lanzarote, pero que por ley tiene derecho a la subrogación con la nueva empresa durante un plazo de 12 meses, que no ha transcurrido aún”, explica la edil de Unidas Podemos.

La rescisión del contrato con SH Lanzarote se produjo después de múltiples incumplimientos de la parte empresarial, que se suman a “un largo historial de empresas que trabajan para las administraciones públicas en este sector de la seguridad privada pese a que vulneran los derechos laborales”. Una situación que ha venido denunciando Espinosa “como concejala y como sindicalista, ya que es vigilante de profesión y en este caso también una de las trabajadoras afectadas”.

Este periódico ha contactado con el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para conocer las razones por las que aparece esa distinción en los pliegos y este servicio ha contestado que la concejala del área (Evelyn Alonso) contestará el lunes “si lo considera menester”.